Sáez Aguado cifra la deuda de la Sanidad regional con los proveedores en 350 millones

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, manifestó ayer que confía llegar a noviembre ya «dentro de los plazos» de pago a proveedores sanitarios, a pesar de que actualmente el periodo «se ha demorado en exceso».

Sáez Aguado explicó, durante su visita a Salamanca para inaugurar la XII Jornadas de Inspección Farmacéutica, que esta situación es fruto de «un modelo de financiación que es insuficiente» e indicó que, para evitar situaciones así, el Gobierno debería optar por una solución estructural, que pasaría por «la actualización y el cambio de modelo de financiación».

Ahora, para cumplir con los objetivos de déficit y mantener las «obligaciones sanitarias», la Administración Autonómica ha puesto en marcha «dos operaciones para recuperar los tiempos» y llegar a fin de año dentro de las pautas marcadas. Una de las operaciones es «un acuerdo con las entidades financieras» y la otra es una decisión de «endeudamiento», que ha sido autorizada por el Ministerio de Hacienda, explicó el consejero antes de hacer entrada en el auditorio de la Hospedería del Colegio Fonseca.

Sáez Aguado indicó, asimismo, que, a fecha de 30 de junio, la Consejería de Sanidad tenía pendientes 350 millones de euros en el pago a proveedores, una cifra «sensiblemente superior» a la del año pasado en las mismas fechas, y que confía en saldar la deuda en el mes de noviembre.

En otro orden de cosas, el consejero confirmó que la Junta de Castilla y León está a la espera de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) termine su investigación y dé a conocer los resultados sobre los efectos del producto Ala Octa, utilizado en intervenciones quirúrgicas. Sáez Aguado insistió en que está pendiente de que la investigación termine y que, a partir de ahí, se tomarán «decisiones» , entre ellas si se piden responsabilidades a través de la justicia.

No obstante, el máximo responsable del Sacyl indicó que la distribuidora de este producto, utilizado en intervenciones quirúrgicas y que ha podido ser responsable de pérdida de visión en algunos pacientes, es de otro país europeo y «tal vez» tendrá que ser el Ministerio el que se ponga al frente de posibles reclamaciones. Hasta entonces, los responsables de la investigación tienen que ver qué casos de pérdida de visión son fruto del uso de Ala Octa y cuáles no han tenido nada que ver.

Respecto al reciente informe publicado por Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) que recoge que varias ciudades de Castilla y León no pueden ofrecer este tipo de tratamiento, el consejero de Sanidad matizó que los pacientes a los que se les prescribe lo reciben aunque no sea en su provincia de origen, al igual que sucede con otras prestaciones.

Fórmula consensuada

De hecho, Sáez remarcó que la fórmula que se emplea ha sido consensuada con los especialistas y recordó que la dotación de aceleradores lineales en Castilla y León es superior a la media nacional y que Salamanca es un hospital de referencia para este tipo de tratamientos, al que acuden pacientes de otras provincias. Finalmente, se mostró más partidario de «preservar la calidad de los tratamientos», no sin que antes haya aludido a que tampoco en todos los hospitales se pueden realizar trasplantes porque «requieren una concentración de casos».

Las XII Jornadas de Inspección Farmacéutica, que se celebran durante en la Hospedería Fonseca de Salamanca, son una cita organizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Durante las dos jornadas, expertos de varias ramas analizan y debaten la situación actual, los mecanismos utilizados, las propuestas de mejora y las necesidades nuevas que surgen, por ejemplo, debido al uso ilegal de medicamentos para la práctica deportiva.