Nueva paralización de los trámites del Corona tras la denegación de subrogación

En el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Salamanca el pasado 8 de abril los tres grupos políticos en la oposición unieron fuerzas y lograron aprobar una moción en la que se instaba al equipo de Gobierno a continuar con los trámites de modificación del Plan General de Ordenación Urbana sobre la situación del hotel Corona Sol. En aquella sesión plenaria el concejal del Grupo Municipal Socialista Fernando Vegas desveló que el trámite de febrero de 2015, la aprobación inicial de esa reforma del PGOU, estaba, por aquel entonces, pasado de plazo desde hacía cinco meses, que son ocho en la actualidad. También Vegas hizo referencia durante el debate a la posibilidad de que la empresa Palco 3 solicitara la subrogación en el trámite a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Una posibilidad que estaba en el aire y que fue cazada al vuelo por los interesados quienes a la semana siguiente, el 15 de abril exactamente, registraron en la Consejería un escrito fechado el día 11 por el que solicitaban esa subrogación.

Así se descubrió ayer cuando en la comisión informativa de Fomento y Patrimonio en el Ayuntamiento el concejal delegado de la materia, Carlos García Carbayo, hizo entrega a los grupos en la oposición de toda la documentación referida a este movimiento, del que, a su vez, se tuvo conocimiento en el pleno de junio, cuando el propio Carbayo rechazó continuar con los trámites de modificación del PGOU en el Ayuntamiento hasta que se resuelva el recurso que contra la decisión de la Junta puede imponer la empresa.

Y es que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a fecha de 9 de mayo y mediante una orden firmada por el propio consejero Suárez-Quiñones, rechazó subrogarse en lugar del Ayuntamiento para dar una salida al caso del Corona Sol y modificar el planeamiento urbanístico de la ciudad en los términos de la sentencia que anuló el estudio en detalle de transmisión de edificabilidad entre parcelas.

El motivo aducido por la Consejería de Fomento es que la subrogación, como «mecanismo excepcional en la elaboración del planeamiento urbanístico por el que se desplaza al titular natural de la competencia urbanística, el municipio, sólo puede fundamentar su legitimidad en nuestro sistema constitucional ante la concurrencia de circunstancias de interés supralocal».

Esto es, para que la Junta aceptara situarse en lugar del Ayuntamiento y dar el plácet a la regularización del Corona Sol tendrían que existir motivos que superaran al ámbito local. Como quiera, continúa la orden de la Consejería, que el solicitante «no sólo no acredita, sino que ni tan siquiera invoca la concurrencia de un interés de esa naturaleza, procede desestimar sin más su solicitud».

Pero, como ya advirtió Carlos García Carbayo en aquel pleno del mes de junio, contra esta decisión de la Consejería de Fomento cabe recurso contencioso-administrativo, ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León «en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación».

Misterio sobre el recurso

Y esto se supone que es lo que ha hecho la empresa, recurrir, o al menos así lo insinúo el concejal de Fomento, sin asegurarlo, en el pleno de junio. García Carbayo vino a decir que el Ayuntamiento no iba a llevar a pleno la modificación provisional del PGOU (continuación de la inicial de febrero de 2015) hasta que no se resolviera este recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa que la empresa, presumiblemente, iba a presentar. Presumiblemente porque, a día de ayer, no está confirmado que así haya sido. Pese a las preguntas de la oposición, el concejal de Fomento no aclaró este punto, aunque parece lo más probable, al menos a ojos de los ediles Fernando Vegas, PSOE, y Gabriel Risco, Ganemos. Este último denunció tras la comisión que los grupos en la oposición no hubieran sido informados de estas actuaciones «pese a las reiteradas preguntas en las comisiones de Fomento».

En este sentido, entre la documentación ayer entregada a los grupos municipales se encontraba también un informe que el Ayuntamiento presentó ante la Dirección General de la Vivienda de la Junta el 9 de mayo, mismo día de orden de la Consejería de Fomento que rechazó la subrogación. En dicho documento el Consistorio pone en conocimiento de la institución regional los pasos dados desde que el 6 de febrero de 2015 se aprobara la modificación inicial número 12 sobre el sector 33 del PGOU de Salamanca. Tras dicho trámite, llegó la publicidad exigida en la normativa y los «informes sectoriales preceptivos». También el Ayuntamiento da cuenta de las dos alegaciones presentadas en el periodo de información pública, una por la asociación Vecinos Tras el Muro y otra por la asociación del Barrio de San Bernardo, que fueron desestimadas, se añade, «con fecha de 9 de marzo de 2016, a través de informe propuesta del Gerente del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo».

A partir de ahí sólo quedaba, según el relato de los hechos consistorial, el «informe jurídico previo a la aprobación provisional», que llegó el 6 de mayo, tres días antes de este mismo documento. ¿Qué queda entonces para que la modificación provisional llegue al pleno Del Ayuntamiento de Salamanca? Pues según el propio ente municipal, ahora «resulta preceptivo un informe de la Secretaría General». Una vez emitido, el expediente de cambio del planeamiento urbanístico deberá ser sometido a la consideración de la Comisión informativa de Fomento y Patrimonio «con carácter previo a su elevación al pleno como órgano competente».