El equipo de Gobierno mantiene el silencio sobre El Corte Inglés

«Que toman nota, no dicen más». Así resume el concejal del Grupo Municipal Ganemos, Gabriel Risco, la respuesta del equipo de Gobierno ante las peticiones, reiteradas, de la oposición para que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto de la nueva regulación urbanística del sector de El Corte Inglés. Ayer, en una nueva comisión de Fomento y Patrimonio, Risco reclamó el cumplimiento de la moción aprobada en el pleno del 10 de junio, en la que los tres partidos en la oposición instaban al Gobierno de Fernández Mañueco a iniciar la redacción y tramitación urbanística de ese sector 37 de suelo urbano no consolidado del PGOU.

Pero el concejal de la materia, Carlos García Carbayo, no asistió a la comisión, sino que en su lugar lo hizo el concejal de Juventud y Obras, Daniel Llanos, quien, en palabras de Gabriel Risco, «se limita a apuntar y dar la callada por respuesta».

De ahí que Ganemos Salamanca defina la actitud del equipo de gobierno del PP como «una clara irresponsabilidad, ya que se está dejando pasar el tiempo sin hacer absolutamente nada, lo que supone una amenaza para el centro comercial y sus trabajadores».

Una vez más, desde la oposición se insiste en que el alcalde debe «dar cumplimiento al acuerdo del pleno y a las obligaciones impuestas por la Junta de Castilla y León y ordenar de forma inmediata el inicio de la redacción de la nueva ordenación urbanística». Para intentar que este asunto no caiga en el olvido, Ganemos va a plantear una reunión a tres bandas con PSOE y Ciudadanos de cara a presionar al equipo de Gobierno para que se ponga manos a la obra cuanto antes y comience con esa redacción.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, concedió en abril una moratoria de dos años para que se regulara de nuevo ese sector 37, partiendo de suelo urbano no consolidado, incluyendo, asegura la oposición, compensaciones para la ciudad en forma de terrenos para uso público. Ahí está el principal escollo de esta operación urbanística.

Alumbrado público

En cuanto a otros asuntos tratados en las comisiones celebradas ayer en el Ayuntamiento, en Contratación se dio cuenta del acuerdo entre el Ayuntamiento de Salamanca, y la empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y MedioAmbiente de Castilla y León, Somacyl, para el cambio de las luminarias en la ciudad.

Los concejales socialistas acusaron al alcalde de falta de transparencia y de ocultar información sobre este asunto, que presentó y anunció en el mes de mayo, tras comprometerse que en dos meses estaría listo el estudio, la auditoría para estudiar la infraestructura y sus costes, y la propuesta económica realizada por la empresa para realizar el cambio de la luminarias entre lo que queda de este año y el próximo.

El Grupo Socialista afirma, en este sentido, que este acuerdo sólo va a servir «para incrementar la cuenta de beneficios y de resultados de una empresa pública, Somacyl, perteneciente a la Junta de Castilla y León a cuenta del dinero de todos los salmantinos». Y que dicho convenio, para la renovación del alumbrado público a día de hoy ofrece «más sombras que luces», beneficiando, aseguran, única y exclusivamente a largo plazo a la empresa creada por la Consejería de Fomento.

El PSOE argumenta por último que con este acuerdo el Ayuntamiento «perderá el control y la gestión» de un servicio básico como es el del alumbrado público, renunciando al posible ahorro que una gestión propia podría generar a la ciudad.