La oposición exige rapidez al Gobierno local en la solución urbanística de El Corte Inglés

El Ayuntamiento de Salamanca volvió a acoger ayer un largo y nutrido pleno, en el que la cuestión electoralista ante los comicios del 26 de junio se mezcló con asuntos propios de la actualidad municipal, la de hoy y la de ayer, pues la oposición se encargó de rescatar varios temas. Fue el caso de la ordenación urbanística del sector de suelo urbano no consolidado del sector 37 de la ciudad, donde se asienta el centro comercial El Corte Inglés. Dos meses después de la concesión de la moratoria de dos años por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para que el Ayuntamiento dote de regulación a esa parcela, los grupos políticos PSOE, Ciudadanos y Ganemos presentaron una moción en la que instaban al equipo de Gobierno, en primer lugar, a someter a la consideración del pleno las modificaciones número 10 y 11 del PGOU que fueron aprobadas inicialmente el 30 de diciembre de 2014, y, en segundo y último lugar, a iniciar la elaboración y tramitación de la nueva ordenación urbanística de ese sector 37, tal y como manda la orden de la Consejería de Fomento.

Tales pretensiones, que salieron adelante por el voto conjunto de la oposición, no fueron bien recibidas, sin embargo, en el equipo de Gobierno. Carlos García Carbayo, concejal delegado de Fomento y Patrimonio, acusó a PSOE, Ciudadanos y Ganemos de retrasar el proceso. «Ustedes pidieron un cómputo de edificabilidad sobre normas no aplicables, y ahí estamos, dos meses después, enfangados a la espera de ese informe», afirmó el edil, que lanzó sus dardos contra Equo, formación a la que pertenece el concejal de Ganemos, Gabriel Risco, al recordar la «solicitud de la ejecución de la sentencia que anulaba la licencia ambiental del centro comercial», un objetivo al que definió como «ruin». De igual modo, García Carbayo se refirió a la minuta de los abogados del partido ecologista que ha alcanzado, aseguró, los 576.000 euros tras los últimos procesos y recursos presentados, un importe que el concejal definió como «gran negocio para algunos».

En este sentido, Gabriel Risco respondió preguntando, de modo retórico, por qué la asesoría jurídica del Ayuntamiento desestimó recurrir la última sentencia, cosa que sí hizo la empresa. «Con buen criterio, el Consistorio decidió no recurrir porque se sabía cuál iba a ser el resultado, y es que cuando uno va a un pleito tiene que saber las consecuencias», señaló el concejal de Ganemos, que acusó a Carbayo de «mentir reiteradamente» y de «mezclar toda la historia porque no tiene argumentos».

«Quienes dilatan el tiempo son ustedes, que no dan respuesta en las comisiones a nuestras preguntas, este es un tema político, de voluntad, de querer decidir», señaló Risco, quien apeló a la «responsabilidad municipal para que no se pongan en peligro las edificaciones existentes, esto es, el centro comercial».

Por su parte, Fernando Castaño, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, pidió que no se mezcle la política en este tema y que el equipo de Gobierno actúe con celeridad porque «dos años es poco tiempo, según los técnicos, y no deja lugar a muchas alternativas». Finalmente Fernando Vegas, del Grupo Municipal Socialista, insistió en lo «ajustado» de esos dos años para lograr una solución. «Es su responsabilidad, aunque hasta ahora no han sido muy responsables en esas materias y ahora les exigimos con total rotundidad que de una vez por todas tomen cartas en el asunto».

Los asuntos urbanísticos volvieron a salir a la palestra cuando Gabriel Risco preguntó sobre la modificación número 12 del PGOU relativa al sector Paseo Carmelitas/Santísima Trinidad, esto es, el hotel Corona Sol. En el pleno de hace dos meses la oposición aprobó una moción, frente al voto en contra del equipo de Gobierno, para intentar que esa modificación del planeamiento urbanístico volviera a pleno, tras su aprobación inicial en febrero de 2015. La intención de este movimiento es tener la potestad de rechazar tal pretensión y buscar una solución para el sector, el hotel y los vecinos de la calle Alarcón que no sea, meramente, la legalización de una situación de hecho que la justicia ha, cuanto menos, cuestionado.

De ahí que Risco preguntara por qué este tema no se había incluido en el orden del día del pleno de ayer, a lo que Carlos García Carbayo respondió que, en todo caso, hablamos de una «competencia del equipo de Gobierno», para pasar a recordar la «vinculación» entre esa modificación del PGOU y la sentencia de noviembre de 2015 de anulación de la licencia de cambio de uso del edificio por falta de competencia del redactor del proyecto. Es decir, que mientras no se solucione un tema, no se podrá solucionar el otro. O al menos, es lo que dejó entrever el concejal de Fomento, que añadió, además, que la «mercantil», Palco 3, ha solicitado a la Junta de Castilla y León «una subrogación», petición que ha sido desestimada «aunque todavía hay plazo de recurso».

Como se recordará, las últimas informaciones surgidas de la asociación vecinal Vecinos Tras el Muro y su nueva solicitud de la ejecución de la sentencia que anuló la licencia de cambio de uso, indicaban que Palco 3 consideraba concedida esa licencia por silencio del Ayuntamiento. En esta línea, Carlos García Carbayo afirmó «no entender la obstinación» de la oposición y aseguró que «todos los informes municipales sobre esta cuestión son positivos así que cuando venga a pleno la modificación del PGOU a ustedes en referencia a Risco- no les va a quedar otra que votar a favor». Pero para que ese momento llegue, el concejal delegado de Fomento explicó que tienen que superarse aún dos etapas: que se resuelvan la mencionada petición de ejecución de sentencia de la asociación vecinal y también la solicitud de subrogación de la empresa a la Junta, aún en tiempo de recurso, recordó.