Cecilia Hernández
Lunes, 6 de junio 2016, 12:04
Tras la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, que regula el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos todas las administraciones locales tuvieron un plazo de dos años para adecuarse a la obligación de dar a conocer la evolución del patrimonio de sus cargos electos, señalando la norma que la información «será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de manera clara, estructurada y entendible».
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Así lo hace el Ayuntamiento de Salamanca en el apartado de su web correspondiente a la Corporación municipal, donde se puede encontrar una biografía de cada uno de los 27 concejales del Ayuntamiento más la declaración de bienes que hicieron con motivo de su llegada al cargo, hace justo un año, en junio de 2015. La única declaración que ha cambiado en estos meses ha sido, precisamente, la del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, que figura actualizada a 19 de febrero de 2016, incluyendo como novedad unos bienes recibidos por herencia. En concreto, el regidor salmantino posee en una vivienda en Salamanca adquirida al 50% en 1999 con un valor catastral de cerca de 90.000 euros, más una vivienda, también en la capital, heredada al 100% y con valor catastral de 87.569 euros. A esto se suma la participación de un 3,125% en una finca de Villaverde de Íscar, en la provincia de Segovia, con valor según catastro de 57.183 euros.
Ese valor catastral es, cabe añadir, una de las circunstancias que más se critican de estas declaraciones de bienes, ya que, con frecuencia, el valor en catastro de un bien inmueble suele ser claramente menor a su valor real en el mercado, y no ayuda, por tanto, a la hora de hacerse idea del verdadero montante patrimonial de los cargos públicos. De igual modo, otra crítica surge de la no obligatoriedad de reseñar qué cantidad consta en las cuentas corrientes. En el modelo utilizado por el Ayuntamiento de Salamanca se señala la necesidad de presentar el patrimonio inmobiliario (viviendas o fincas, por ejemplo), el mobiliario (acciones, seguros de vida, planes de pensiones), los vehículos y otros bienes muebles de especial valor, como objetos de arte, joyas o antigüedades que superen los 6.000 euros y, finalmente, las deudas que se mantienen con entidades bancarias a causa de préstamos personales o hipotecarios.
Sin nada que declarar
En la Corporación salmantina hay una gran variedad de declaraciones patrimoniales, desde las más básicas fundamentadas en la trilogía casa, coche e hipoteca, hasta las ausentes por completo de contenido. Es el caso de concejales como Daniel Llanos, del Grupo Popular y encargado de la concejalía de Juventud y Obras, Alejandro González Bueno, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos o Arturo Santos, del PSOE, cuyas declaraciones de bienes están vacías de contenido.
Tampoco figura nada en el espacio reservado para el último concejal en entrar en el Ayuntamiento de Salamanca, Juan José Zurro, de Ciudadanos, que sustituyó el mes pasado a la tristemente fallecida Agustina Martín, y del que aún no hay ni datos disponibles en la página municipal.
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En el lado contrario destaca, por ejemplo, el patrimonio de María José Fresnadillo, concejala de Salud Pública y Medio Ambiente, que declara varias viviendas al 50% en Salamanca, Palma de Mallorca y el municipio de Sancti Spiritus, así como varias fincas rústicas en esta última localidad, sin que en el apartado de deudas se incluya ninguna hipoteca que pudiera inclinar la balanza hacia el lado de los bancos. En este lado, el de las hipotecas, destacan los más de 300.000 euros de Maribel Campo, concejala del Grupo Municipal Socialista, por sus viviendas en Doñinos de Salamanca y Palma de Mallorca. De igual modo, Enrique Sánchez-Guijo tiene una hipoteca por algo más de 135.000 euros, cantidad similar a otros compañeros de equipo de Gobierno. No es el caso, por el contrario, de Cristina Klimowitz, que no tiene deudas y cuyo patrimonio se compone, en especial, de una vivienda en Santa Marta de Tormes y de un apartamento en Marbella.
Menor patrimonio material tiene Almudena Parres, concejala de Comercio, Consumo y Mercados, que tan sólo declara en el apartado de bienes mobiliarios acciones por importe de cerca de 90.000 euros. Como dato curioso, cabe destacar que en el apartado de bienes muebles de especial valor, el único concejal que reseña algo es Fernando Vegas, del Grupo Municipal Socialista. En concreto, material de oficina por importe de 18.000 euros.
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En el lado naranja del salón de plenos, tras la mencionada ausencia de patrimonio de su portavoz, destaca Ana Suárez, que hace constar una vivienda en Carbajosa de la Sagrada, así como propiedades en León. Mantiene deudas por préstamos hipotecarios y personales de más de 100.000 euros. Su compañero Fernando Castaño sólo hace constar una moto Honda.
En Ganemos, los patrimonios varían desde el numeroso de Gabriel Risco al seat Ibiza de Gabriel de la Mora, pasando por la vivienda al 33% de Virginia Carrera o las viviendas en Salamanca y Lagunilla de la concejala Pilar Moreno.
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