¿Dónde fallamos en la lucha contra la violencia de género?

Ella sabe qué es recibir una llamada un día como el 24 de diciembre por la noche. No, no esa llamada de Feliz Navidad, sino otra en la que una mujer entrecortadamente te pide ayuda encerrada en el baño de su casa porque su marido asegura, cuchillo en mano, que la va a matar. Incluso a través del teléfono se escuchan los golpes del cuchillo, los gritos y ese silencio denso que solo explica la palabra miedo. Manuela Torres ha vivido en distintas responsabilidades en la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género (Adavas) experiencias suficientes para saber que estamos ante una batalla difícil, descarnada. Una carrera de meta aún lejana que en ocasiones depara sucesos tan dolorosos como el asesinato el pasado domingo de Yolanda Jiménez a manos de su expareja en el paseo de la Estación.

«Son hechos trágicos y muy alarmantes que en ocasiones generan otro problema secundario que es lo que llamamos populismo punitivo», lamenta Manuela Torres, que señala que «hay cierta tendencia a legislar a golpe de noticia, a golpe de suceso y eso al final es ineficaz, hay que trabajar todo el tiempo y de la mano de las asociaciones y de los expertos que son los que pueden tratar de plantear medidas más adecuadas para una lucha que ya sabemos que es muy complicada de llevar a cabo».

No sirve legislar a golpe de escándalo, afirma la abogada de Adavas, entre otras cosas porque «aquí nos enfrentamos a un tipo de violencia bastante particular, el agresor en un determinado momento ya no piensa en la pena a la que se enfrenta, ya le da igual, es como un terrorista, quiere agredir, incluso quiere matar y en ese momento no le importa el castigo».

El pasado otoño, el Ayuntamiento de Salamanca constituía una comisión municipal de lucha contra la violencia de género en la que se integraban todas las organizaciones vinculadas a la defensa de las víctimas en la ciudad. Una comisión a la que, insiste Manuela Torres, Adavas siempre ha llevado el mismo planteamiento: «todo lo que se hace desde la unidad y el consenso es positivo, pero hacen falta muchos más recursos y mucha más coordinación entre todos para mejorar la protección de las víctimas».

Aunque la lucha contra la violencia de género es un problema social de inmensa magnitud, que compromete la participación de todos los estratos de la administración, Manuela Torres señala que hay pasos que pueden darse desde las instancias locales. «En ocasiones hay inercias muy complicadas que cuesta alterar y aunque siempre se dan pasos, siempre se puede hacer más y hay que poner más recursos encima de la mesa».

Así, la abogada destaca que «una organización como Adavas recibe llamadas de ayuda, de consulta, de auxilio, durante las 24 horas al día porque tenemos un teléfono habilitado para ello (el 609 835 336) y sin embargo nos encontramos que la administración tiene para muchos pasos necesarios para defender a una víctima un horario de oficina restringido a ocho horas, y es inexplicable», lamenta.

Asimismo, la abogada señala que «la Policía Local de Salamanca hace una buena labor de protección, pero el problema es que a la hora de prevenir distintos casos que pueden ser graves no siempre tienen herramientas», y es que Torres señala que «las órdenes de protección de las víctimas y sobre todo las medidas cautelares de protección decretadas no siempre llegan a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay una falta de coordinación y de comunicación que en ocasiones termina pagando la víctima».

Abundando en este campo, desde Adavas se insiste en que la justicia a menudo está fallando a las víctimas: «hay una victimización secundaria de las mujeres que denuncian, que sufren malos tratos y que al final ven como el sistema las recibe con desconfianza, lo que acaba por suscitar efectos psicológicos muy dañinos de miedo, de aislamiento».

Manuela Torres destaca el daño del «bulo de las falsas denuncias», una falacia que se ha instalado en la sociedad y que «hace creer que las mujeres utilizan alegremente la denuncia contra el maltratador con muchos fines, cuando las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial demuestran que nillegamos al 0,01% de denuncias falsas». Es decir, mucho menos de una de cada mil.

Paralelamente, la abogada destaca que «en los últimos años ha habido una relajación en los juzgados a la hora de conceder medidas cautelares de protección a las víctimas». Según las estadísticas que maneja la asociación salmantina, casi una de cada tres peticiones de medidas cautelares de protección son desestimadas en los juzgados salmantinos. «Estamos viendo como hay una continua infravaloración de las situaciones de riesgo que lleva a denegar estas medidas y eso tiene consecuencias muy graves».

Así, Torres destaca que «cuando una mujer que ha decidido dar el paso de la denuncia, que todavía es muy complicado y difícil en nuestra sociedad, ve que al final en el juzgado no tiene el respaldo ni la protección que esperaba, acaba por frustrarse y si alguien que ha denunciado un caso y no ha recibido esta protección es víctima una segunda vez de una agresión lo normal es que ya no denuncie más, lo que nos mete en una espiral muy peligrosa».

En todo caso, desde Adavas se insiste en que convendría «darle la vuelta» al enfoque del problema de la violencia de género. «Ahora mismo, la mayor parte de las medidas se enfocan hacia las víctimas, lo cual no es que esté mal, pero no es justo, el problema debería enfocarse desde la prevención y poniendo el acento en el maltratador», explica Manuela: «se dice a las víctimas que denuncien, que tendrán respaldo, que llamen al 016 y todo eso está bien, pero la realidad es que las víctimas no tienen la culpa de su situación, lo que habría que hacer es reforzar las medidas contra el agresor».

¿Cómo? La abogada tiene claro que es necesario insistir en una educación igualitaria que destierre atavismos machistas en la sociedad y que lleve a generar aislamiento hacia quien maltrata e incluso pone sobre la mesa la conveniencia de abrir un debate siempre polémico, como la creación de un registro del maltrato, en el que la sociedad sepa quién ha sido condenado en firme por un delito de agresión.

«Vivimos todavía en una sociedad profundamente machista y hasta que esto no cambie, es imposible plantear una solución a un problema tan complicado, con tantas aristas y tantas variables como la violencia de género», concluye Manuela Torres.