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Cecilia Hernández
Sábado, 20 de febrero 2016, 12:24
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunció ayer que la nueva residencia de mayores de Salamanca, situada en el barrio de Puente Ladrillo, vuelve a estar en la agenda de su departamento. La reciente aprobación de los decretos que pondrán en marcha el nuevo modelo residencial en la Comunidad ha revitalizado este proyecto, que se reflejará presupuestariamente en 2017, según añadió la consejera.
García hizo estas declaraciones en el Consejo Abierto de Dirección de la Consejería de Familia, iniciativa que tuvo lugar en Salamanca por primera vez. Una actividad de «participación y transparencia» en la que el equipo directivo de la Consejería convirtió su habitual reunión de los viernes en un encuentro «de escucha y diálogo» con representantes de la sociedad civil salmantina. Así, en el centro municipal de Vistahermosa se dieron cita sindicatos, asociaciones y universidades para conocer de cerca el trabajo en temas sociales en Castilla y León y su implicación en la provincia de Salamanca.
La residencia de mayores de Puente Ladrillo es un proyecto que viene de lejos, y que, incluso, llegó a estar recogido en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para el año 2011, sin que llegara a materializarse. La crisis económica y el importante bocado de fondos que se lleva la construcción del nuevo hospital, paralizaron este proyecto que ahora se retoma. En palabras de Alicia García, durante este año 2016 se adaptará técnicamente la idea primigenia para adecuarla al modelo residencial que se está ya poniendo en marcha en Castilla y León. Se trata de En mi casa, un concepto de residencias y centros atención mayores en el que prima la atención personalizada y las opiniones de los usuarios. «Retomar el trabajo sobre la residencia de Salamanca es un proyecto de legislatura, se lo debemos a la ciudad», aseguró la consejera. La Junta asume así el llamamiento que realizó el Ayuntamiento salmantino en el primer pleno de la legislatura, el 31 de julio de 2015, cuando, a través de una moción del Grupo Municipal Socialista, aprobada posteriormente por unanimidad, se comunicó al Gobierno regional la necesidad de revitalizar este proyecto.
La nueva residencia de la capital se enmarcará, como decíamos, dentro del modelo En mi casa, que ya se desarrolla en 100 unidades de «proyecto piloto» en la Comunidad, a través de los que se ha convertido a las residencias en «hogares». En este sentido, la Consejería emprenderá en breve el proceso de formación de 5.000 profesionales de la atención a los mayores.
Con respecto a otros datos que Alicia García reveló a lo largo del encuentro con las asociaciones y entidades, destacan especialmente aquellos que atañen al «acuerdo marco con Ayuntamientos y Diputaciones» para la atención social. Un apartado que se llevará 193 millones de euros en 2016, un 10% más que en 2015, de los que Salamanca recibirá 26,68 millones de euros. Ahí se engloban las ayudas de emergencia social, por ejemplo, que en la capital del Tormes llegaron «a más de 2.600 familias» en 2015, como explicó la consejera, quien resaltó en todo momento el liderazgo nacional de Castilla y León a la hora de enfocar la atención a los Servicios Sociales. «Somos la primera comunidad autónoma que ha llegado a un acuerdo con Iberdrola y Gas Natural Fenosa para evitar los casos de pobreza energética», añadió en esa línea.
Historia social
De igual modo, continuó García, Castilla y León es pionera en la puesta en marcha de la «historia social» y del registro único en materia de Servicios Sociales. «Al igual que cuando vamos al médico hay un registro de nuestros antecedentes, en materia social es necesario implementar algo similar, que facilite el trabajo y también que evite que las personas tengan que repetir constantemente su historia y recorrido, con el coste emocional que eso supone». Esta historia social, apuntó la consejera, tiene especial importancia en los casos de víctimas de violencia de género.
Precisamente en esta materia, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades manifestó que se trabaja con los órganos jurídicos regionales y nacionales para coordinar acciones conjuntas y «poner a disposición de los profesionales las herramientas para ayudar mejor a esas mujeres» y destacó la contratación de 21 víctimas el pasado año dentro del acuerdo con 88 empresas de Castilla y León para la integración laboral de las mujeres víctimas de malos tratos.
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