Las dos clínicas de Vitaldent en la capital salmantina trabajan «con normalidad»
La detención de la cúpula de la empresa en Madrid por desviar sin declarar el dinero de sus franquicias no altera las consultas los dos centros
c. h. / colpisa
Miércoles, 17 de febrero 2016, 12:57
Alberto Martínez, propietario de las dos clínicas Vitaldent de Salamanca, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad acerca de las informaciones llegadas desde Madrid respecto a la detención de la cúpula de la empresa.
Al tratarse de negocios franquiciados la incidencia que este tipo de asuntos pueden tener se limitan a la fama y el nombre público de la empresa, según el responsable de los dos centros ubicados en la capital salmantina.
De ahí que desde las clínicas se reitere que para ellos todo sigue como siempre. «Los pacientes tienen todas las garantías y no hay mayores problemas», apuntó Martínez, que desligó este caso de otros recientes, como el de Funnydent. «Esto no tiene nada que ver, aquí si cae una clínica no afecta a las demás».
Así, las clínicas de Salamanca, situadas en la avenida de Villamayor y Alonso de Ojeda, continuaron ayer con su actividad normal. En ningún momento puedo apreciarse un incremento de visitas de clientes preguntando por las consultas previstas para los próximos días y la normalidad respecto a la actividad prevista para el día de ayer fue la tónica dominante.
Los responsables de las dos clínicas salmantinas así como los empleados de las mismas llevaron con tranquilidad esta situación, aunque por el momento nada se sabe de las posibles repercusiones de esta operación en su actividad y ellos tienen que seguir atendiendo a sus todos clientes.
También quiso mandar un mensaje de tranquilidad el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, especialmente a las clínicas franquiciadas de Vitaldent,como las de Salamanca ya que, en principio, no se tendrían que ver afectadas por la operación abierta contra la cúpula de esa organización.
«No es un problema de estafa a los consumidores y, en principio, no tiene que afectar a las franquicias que trabajan bajo esta marca», aseguró ayer Cosidó en declaraciones a Efe, tras la visita que ha hecho hoy a la comisaría hispanolusa que la Policía Nacional tiene en Fuentes de Oñoro.
También confirmó que la operación siguía abierta con un total de 13 detenidos, hasta el momento. En este sentido, Cosidó insistió en ese «mensaje de tranquilidad» tanto para consumidores como para los franquiciados, que no tienen que verse afectados, en principio.
El director general de la Policía recordó que a los detenidos se les investiga por un posible delito fiscal y también por posible blanqueo de capitales, «pero es a los responsables de Vitaldent, no a las clínicas».
Los registros se pordujeron en la sede central de le empresa y en los domicilios de los investigados, en el marco de una operación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales que acabó con la detención de la cúpula de Vitaldent, una compañía pionera y hasta ahora referencia entre las clínicas dentales españolas. En concreto, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaron a cabo trece arrestos, entre ellos el del dueño y fundador de la cadena, Ernesto Colman, acusados de un delito contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y estafa. En concreto, el fraude podría superar los 10 millones de euros, según fuentes de la investigación.
Las actuaciones fueron dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda (Madrid) a raíz de varias denuncias de franquiciados contra Colman y el vicepresidente Bartolomé Conde, también arrestado. Entre los detenidos se encuentra Vicente Samper, director comercial de la compañía hasta hace tan solo unas semanas y el responsable de la red de clínicas en Italia. Todas las acciones se produjeron en la Comunidad de Madrid, salvo un directivo que fue arrestado en Torrevieja.
En el marco de la operación Topolino, los agentes practicaron quince entradas y registros en las oficinas centrales de la empresa en la madrileña localidad de Las Rozas, en tres despachos de abogados y en los domicilios de los detenidos. En esta misma actuación se decretó la prohibición de disponer de más de 200 fincas repartidas por toda España, además de la incautación de 36 vehículos de alta gama y una aeronave valorada en un millón de euros. Asimismo, también ordenaron el bloqueo de las cuentas de todos los investigados, que se encuentran repartidas en 25 entidades financieras, así como el bloqueo de los activos financieros de dos SICAV por importe de 5 millones de euros.
Dinero en Suiza
Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos, según informó la Policía. Para evitar sus obligaciones fiscales, el máximo responsable de la empresa utilizaba un doble fraude. Por una parte obligaba a los clientes a pagar en efectivo. Por otra los franquiciados también debían abonar cantidades de dinero en metálico que, en algunos casos, podrían llegar hasta el 10% de los beneficios de cada clínica. De esta forma se conformaba una especie de caja B de la compañía.
Después, el proceso de blanqueo continuaba al ingresar esos importes no declarados a entidades bancarias de Suiza o Luxemburgo. Posteriormente, para lavar ese dinero reinvertían parte de ese capital en España mediante la adquisición de bienes inmuebles como fincas rústicas, vehículos, caballos purasangre y otros artículos de lujo.
Colegio Regional de Dentistas
El Consejo de Colegios Oficiales de Dentistas de Castilla y León trasladó ayer su «más profunda preocupación» por la situación «social, profesional y sanitaria» en la que se encuentran las franquicias Vitaldent tras la detención de la cúpula de la cadena con su director, Ernesto Colman, a la cabeza.
En un comunicado, el Consejo incide en las «enormes dificultades» en las que se pueden encontrar los profesionales y pacientes de dicha franquicia y, por ello, exige que, «de forma definitiva», se regule este sector sanitario, «poniendo coto a este modelo empresarial que antepone los intereses económicos a la salud de todos los pacientes».
El Consejo solicita «cuanto antes» un cambio en la legislación actual para evitar que el control de estas empresas dentales se encuentre en manos de empresarios no profesionales y ajenos al sector, «que lo único que persiguen es obtener el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible, sin importar la calidad, la duración ni la profesionalidad de los tratamientos realizados».
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