Un empresario «maltratado» por el Consistorio amenaza con ejecutar el auto de El Corte Inglés

Aún falta un mes y medio para que se cumpla el plazo que tiene el Ayuntamiento de Salamanca para explicar qué solución va a adoptar tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de desestimar, en una sentencia fallada el pasado 12 de enero, el recurso de apelación interpuesto por El Corte Inglés contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca del pasado 20 de abril de 2015 en la que se anulaba la resolución del Ayuntamiento de agosto de 2007 por la que se otorgaba a El Corte Inglés la licencia urbanística para la construcción de su centro comercial en la capital. Una vez superados los dos meses legales, cualquier particular podría solicitar en el juzgado la ejecución de la sentencia.

Mientras los partidos intentan buscar un ajuste legal a esta complicada situación, convencidos de que el cierre o derribo del centro comercial es impensable, y así sacar a El Corte Inglés del embrollo del que es víctima por la nefasta actuación del Ayuntamiento de Salamanca, hay personas que están decididas a acudir a la Justicia para reclamar la ejecución de la sentencia y denunciar la diferencia de trato del Ayuntamiento y la injusticia que se lleva a cabo con otros negocios, que quizás no tienen tanto nombre como El Corte Inglés, pero que también afectan a empresarios, en este caso salmantinos, a sus empleados y a sus familias.

El caso concreto

Es el caso de Javier Agudo, responsable de Factory Gourmet, un novedoso concepto de establecimiento que abría sus puertas hace más de dos años en la calle San Pablo y que el 20 de diciembre vio como el Ayuntamiento precintaba el local por un problema de licencias, a pesar de ya había iniciado el proceso de elaboración de un proyecto para solicitar la autorización que le permitiría funcionar como bar, además de como tienda para exposición y venta de productos gourmet, tal y como se especificaba en la licencia concedida originalmente. Y lo que es peor, a pesar de que había solicitado, poco antes del precinto del local, un aplazamiento de una semana para presentar la nueva documentación necesaria y realizar las modificaciones precisas para poder seguir funcionando, evitando así la desaparición de un negocio en plena expansión después de haber superado un difícil concurso de acreedores y de que el cese de la actividad suponía dejar sin trabajo a los empleados del establecimiento.

Factory Gourmet abrió sus puertas a finales de noviembre de 2013, después de más de un año intentado que se modificasen las condiciones de su licencia para poder trabajar como gastrobar. Tras una inversión superior a los 500.000 euros, los responsables del negocio decidieron abrir conscientes de su situación, pero tras un esfuerzo tan importante, debían comenzar a facturar para no morir antes de empezar.

Durante bastante tiempo funcionaron con normalidad, recibiendo numerosas buenas críticas en portales de internet especializados en restauración y hostelería, aunque no sin muchas dificultades, que les llevaron a declararse en concurso de acreedores el 27 de octubre de 2014. Con mucho trabajo, el 7 de octubre de 2015 lograron levantar ese concurso con el acuerdo de realizar pagos mensuales de determinada cantidad durante 5 años para mantener abierto el local.

Hasta entonces no habían recibido ningún tipo de presión por parte del Ayuntamiento, pero Javier Agudo ya había contratado a un ingeniero para realizar el proyecto que le permitiese modificar su licencia de tienda por otra de Bar tipo C, con lo que podría servir comidas y bebidas, además de vender productos gourmet y organizar las muchas actividades paralelas culinarias y hasta culturales- que ha llevado a cabo durante este tiempo.

Sin embargo, la confianza depositada en ese ingeniero no se tradujo en la eficacia necesaria, ya que retrasó la elaboración del proyecto durante muchísimo tiempo y cuando lo realizó, no se ajustaba a las especificaciones necesarias que le reclamaba el Ayuntamiento, que tras dos informes desfavorables y la «evidente despreocupación del ingeniero», decretó el precinto del local al no estimar correcto el proyecto presentado.

Todos los problemas de Factory Gourmet comenzaron cuando, supuestamente, el Ayuntamiento recibió una denuncia respecto a la situación del establecimiento y su falta de licencia para trabajar como bar. Al menos ese es el motivo que el Ayuntamiento ha esgrimido para comenzar un acoso a base de inspecciones y expedientes que han acabo con el cierre del local «en unas fechas especialmente duras porque en plenas navidades, con todo reservado para esos días y tras unos meses en los que habíamos conseguido mejorar nuestras facturaciones, este cierre acaba con nosotros y el esfuerzo de todos los empleados».

Jusiticia para todos

Javier Agudo asegura que lo único que pretende es que las leyes y la justicia sean iguales para todos. El entiende que, si tras la sentencia de El Corte Inglés, el Ayuntamiento en pleno se moviliza para modificar incluso la normativa urbanística para legalizarlo, podrían atenderse peticiones como la suya, que únicamente reclamaba un aplazamiento para presentar un nuevo proyecto que le permitiese seguir funcionando, dando trabajo a sus empleados y colaborando en el mantenimiento del buen nombre de Salamanca como ciudad de gran calidad gastronómica.

Por todo ello, Agudo, debidamente asesorado de forma legal, se muestra completamente decidido a solicitar en el juzgado la ejecución de la sentencia sobre El Corte Inglés en cuanto sea posible, para que el Ayuntamiento reconsidere su actuación.

Falta saber ahora qué hará el Consistorio para intentar legalizar la situación de El Corte Inglés, -y de algún negocio más, como el hotel Corona Sol- antes de que Javier Agudo, o cualquier otra persona con la suficiente determinación, se presente en el juzgado exigiendo que se cumpla la sentencia, lo que generaría una situación aún más complicada que la actual.