Ocho cargos del Colegio de Abogados declaran como imputados ante el juez

Ocho de los diez miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Abogados de Salamanca, entre ellos su decano Fernando Dávila, prestaron declaración ayer, como imputados, en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital salmantina, tras ser admitida una querella por unos presuntos delitos de revelación de secreto, prevaricación y atentado contra la intimidad. El decano del citado colegio profesional, Fernando Dávila, y otros siete miembros de la Junta de Gobierno de esta entidad respondieron a las preguntas del juez, por haber publicado en la página web del colegio profesional el texto íntegro de una querella presentada contra dicha entidad por parte de un letrado de la capital. Los contenidos de esta querella, junto con el recurso tramitado por el citado colegio profesional contra la admisión a trámite de la querella, fueron hechos públicos en la página web, concretamente en el área privada, a la que solo tienen acceso los colegiales de esta entidad.

El trasfondo real de este espinoso asunto se remonta a finales de 2014, cuando el abogado Sebastián González Martín asumió entonces la defensa de un cliente inmerso en el pleito de una herencia, en un caso en el que presuntamente se favoreció a un miembro de la directiva de este colegio, el tesorero Eduardo Íscar, autorizándole, supuestamente, para saltarse el secreto profesional, lo que le dio ventaja a éste en la vista oral que le enfrentaba con otro abogado de alta en el colegio, como es Sebastián González Martín.

Sin entendimiento

En las negociaciones previas, Eduardo Íscar había tenido acceso a un documento que recogía cuestiones familiares íntimas de su oponente. De hecho, le había proporcionado, presuntamente, la defensa de su rival a través de un fax en el marco de las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo sin ir a juicio y siempre bajo secreto profesional. Al final ambas partes no cosecharon ningún entendimiento y fue necesaria la celebración de la correspondiente vista oral. Eduardo Íscar, según el punto de vista de la parte querellante, acabó usando este documento en su favor para que sus argumentos lograran una posición favorable durante la celebración de la vista oral, pese a que este tipo de información formaba parte del secreto profesional entre letrados. La difusión de este documento en el juicio fue autorizada con un permiso otorgado expresamente por el Colegio Oficial de Abogados, según matizó su decano Fernando Dávila. El colegio concedió el permiso por estimar que se no se vulneró ni pisoteó el secreto profesional.

La denuncia elevada por el abogado Sebastián González Martín ha superado el mero ámbito salmantino y ha alcanzado dimensiones nacionales. El Consejo General de la Abogacía Española ha abierto un expediente por la denuncia elevada por el colegiado querellante y por el momento no se ha pronunciado sobre si archivará la denuncia o impondrá la correspondiente sanción a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Las declaraciones en sede judicial de los ocho letrados, que se sucedieron a lo largo de la mañana de ayer, no significan que el caso abierto tenga continuidad en el futuro. El juez que ha admitido la segunda querella por la publicación materializada en la página web se enfrenta a dos opciones. Por un lado, proseguir con la instrucción y convocar un juicio, lo que supondría que se sentaran en el banquillo de los acusados los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados o, por el contrario, archivar la denuncia al no vislumbrarse indicios de delito.