ELENA GÓMEZ / WORD
Martes, 1 de septiembre 2015, 12:12
La situación que, según denunció ayer el PSOE, se vive en el municipio Trabanca parece sacada de una película, lo que no está tan claro es que sea de ciencia ficción o de terror.
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Yes que, el diputado de zona, José Francisco Bautista, acompañó ayer ante los medios a los concejales del municipio, Jesús Borrego Vicente y Cesareo Hernández Sardon, quienes denunciaron que su secretario interventor, Francisco Javier Hernández Guardado, no realiza sus funciones y, ni siquiera, acude a su puesto de trabajo desde el pasado 13 de junio cuando se constituyeron los Ayuntamientos sin justificación alguna, provocando que el Consistorio se encuentre «total y absolutamente paralizado».
Los ediles tacharon la situación de «golpe de estado administrativo» ya que, pese a que el secretario lleva 80 días sin trabajar, la administración competente y quién le nombró para dicho trabajo, la Junta de Castilla y León «que es como su jefe, no hace absolutamente nada», señalaba Bautista.
Dicha situación se viene sucediendo desde el mismo día de la toma de posesión cuando, según consta en una denuncia presentada a principios de este mes por los ediles socialistas ante el Juzgado de Instrucción de Vitigudino, el secretario les habría dicho que «a partir de ese día no volvería a Trabanca, que no volvería a trabajar en el Ayuntamiento de Trabanca, que de momento se iba de vacaciones hasta el 30 de junio y después no volvería a prestar sus funciones en el Ayuntamiento de Trabanca». Sin embargo, lo único que dejó firmado, según afirmaban los ediles en la denuncia, serían sus vacaciones. Al parecer el secretario habría cumplido su advertencia, y no volvió a trabajar en Trabanca, aunque sí lo sigue haciendo en los municipios de Cabeza del Caballo y Ahigal de Villarino, que están agrupados con la localidad afectada para sostener la plaza de la secretaría intervención.
De hecho, Borrego y Hernández denuncian que ni siquiera existiría el acta de constitución del Ayuntamiento, pese a que este acto sí se celebró, por lo que los ediles no pueden ni siquiera tener acceso a las cuentas bancarias del municipio, lo que empeora aún más la situación y ya no solo afecta al funcionamiento ordinario del Consistorio, sino a todos sus trabajadores que no pueden cobrar sus nóminas e, incluso, a todos los vecinos del municipio a los que, según Bautista, se les estaría privando «de sus derechos fundamentales y constitucionales» al no poder solicitar ningún documento al Ayuntamiento, como una partida de nacimiento o de defunción, ya que no hay secretario.
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Sin embargo, la situación podría ser aún pero si no se soluciona próximamente ya que, según denunciaron, «el pasado 15 de agosto la compañía Iberdrola nos comunicó que el 29 de octubre de 2015 procederá a cortar el suministro eléctrico de los servicios contratados y que no se están pagando», ya que al no tener acceso a las cuentas tampoco pueden hacer frente a los pagos. Dichos servicios irían desde el alumbrado público hasta los del depósito de agua y elevación de agua, pasando además por el colegio público y las dependencias municipales «ya que los consumos realizados entre el 17 de abril de 2015 y el 10 de junio de 2015 no se han abonado».
Ante esta situación, los ediles socialistas aseguran que se pondrán en contacto con el juzgado y la empresa suministradora, intentando que se suspenda cautelarmente el corte de suministro. Pero el problema no acaba ahí puesto que, sin secretario, tampoco se pueden justificar las subvenciones recibidas, que podrían ser reclamadas, obligando al Ayuntamiento a devolverlas.
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Pese a las denuncias ante la Junta e incluso ante los juzgados, los concejales lamentan que no se haya hecho nada al respecto. «El 9 de julio la Junta se limitó a decirle por escrito que debía desempeñar su puesto en los tres municipios y no parcialmente y, un mes y medio más tarde, el 20 de agosto, le reitera la obligación de prestar sus funciones en Trabanca so pena de las acciones disciplinarias que correspondan ante tal incumplimiento», señalan los ediles quienes critican que, tras llevar en aquel momento 70 días sin acudir a trabajar solo se le avisara y no se iniciara una acción disciplinaria que permita desbloquear la situación.
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