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REDACCIÓN / WORD
Jueves, 29 de enero 2015, 12:40
El Consejo de Cuentas de Castilla y León recomienda a la Junta que suscriba con las universidades públicas contratos-programa de carácter plurianual, similares a los firmados en 2007-2010, para «garantizar un mínimo de financiación vinculado a la consecución de unos objetivos» para que estas instituciones conozcan con mayor antelación el importe de sus ingresos. «Esto redundaría en una mejora de su planificación y gestión presupuestaria», señalan los informes sobre las universidades públicas de León y Salamanca, del ejercicio 2012, que ayer presentó en la Comisión de Hacienda de las Cortes autonómicas, el presidente del órgano consultivo, Jesús Encabo.
Los documentos que presentó Encabo reflejan para ambas instituciones la recomendación de que elaboren sus presupuestos con anterioridad al comienzo del ejercicio de aplicación para que ese documento constituya un instrumento de programación válido y traslada al Gobierno regional que ante la ausencia de los acuerdos plurianuales, «comunique» a los centros «con la antelación suficiente» la cantidad total a percibir para el ejercicio siguiente.
Los informes del Consejo de Cuentas reflejan que en la Comunidad coexisten tantas normas de gestión de ejecución presupuestaria por parte de las universidades como instituciones hay, «lo cual dificulta su control». Al respecto, constata que la Junta «no ha establecido normas y procedimientos específicos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades públicas acordes con sus peculiaridades organizativas y de gestión».
Las recomendaciones de ambos informes coinciden también en que el servicio de control interno de estas universidades debe pasar a depender del Consejo Social, para que cumpla de forma «más eficaz» sus funciones. Reclama también la revisión de la Ley de Hacienda, porque obliga a la rendición de cuentas ante la Junta y la LOU ante el Consejo de Cuentas, lo que supone «una doble rendición».
Cuadrar cifras
El Consejo de Cuentas también aboga en materia presupuestaria por el establecimiento de normas para que las cifras de las universidades consoliden con las de sus fundaciones, empresas o cualquier persona jurídica dependiente de la misma. Con todo, el Consejo de Cuentas asume que estas universidades desarrollaron con carácter general, con arreglo a la legalidad aplicable, la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto en 2012.
El informe, presentado en las Cortes de Castilla y León por Jesús Encabo en la mañana de ayer, también expone que estas universidades deberían adecuar su oferta a la demanda social de la enseñanza, «mediante la asignación eficiente de los recursos docentes, ajustando su capacidad productiva a la realidad de su demanda y de su capacidad financiera», según se señala textualmente en el documento.
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