IU habla de «cabezonería» en el sobrecoste de las obras de la Diputación

Los representantes de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Domingo Benito y Alejandra Méndez, han vuelto a sacar a la palestra el coste de las obras de la oficina comarcal de la Diputación de Salamanca en Ciudad Rodrigo, ya que sostienen que «una obra que iba a valer 187.000 euros, termina costando un 80% más: 341.500 euros».

Para llegar a ese punto, los ediles han establecido una cronología de los hechos, desde que se adjudicaron las obras en diciembre de 2013 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Agroman y Fandiño Alfayate por un total de 187.923 euros, un 21,3% más barato que el precio de salida del concurso. Con posterioridad, llegarían dos contratos más y «los sobrecostes»: el segundo de ellos en julio de 2014, a través de un procedimiento negociado sin publicidad con la misma UTE, que consigue el contrato «complementario» con un importe de 93.701 euros; y el tercero, en octubre de 2014 por un importe de 59.875 euros que es adjudicado como contrato menor, es decir, sin ningún tipo de concurso, a una empresa llamada «Compañía de Obras Castillejo». Esta empresa forma parte del grupo Ferrovial Agromán y el contrato se titula «medidas de accesibilidad».

Pero para Domingo Benito, «lo más intrigante de todo el proceso, no es el conjunto de contratos complementarios que se van sucediendo sino que una parte de los mismos se dan tras la paralización cautelar de las obras por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio».

En su interpretación de esta circunstancia, se remonta a junio de 2013, cuando la Diputación solicita al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo una licencia de obras para la realización de las actuaciones de acondicionamiento en este edificio y que provocaron que el arquitecto municipal y la Comisión de Patrimonio emitieran informes con algunos reparos al proyecto presentado por la Diputación, entre ellos, «una ventana proyectada en la fachada no se podrá realizar, será necesaria la supervisión para la exploración arqueológica y, por último e importante, hay serios reparos con una puerta que se quiere proyectar en la calle Sánchez Arjona».

En septiembre de 2013, el arquitecto emite un nuevo informe en el que se refleja que la institución asume las prescripciones realizadas por la Comisión y no proyectará ninguna nueva ventana en la fachada ni la puerta de la calle Sánchez Arjona. Se da licencia de obras pero condicionada al cumplimiento de estas pautas.

Para IU, «lo único que puede explicar lo que sucede a continuación, es que la adjudicación se haga con un proyecto que no tenga en cuenta la prohibición expresa de utilizar la puerta de Sánchez Arjona como puerta principal», y añaden que «la empresa comienza las obras y las ejecuta tal y como estaban previstas en el proyecto inicial: utilizando como puerta principal una nueva en Sánchez Arjona para lo cual se rasga la pared existente».

En junio de 2014 se ordenó la paralización de las obras, en primer lugar, por «la famosa puerta de Sánchez Arjona». Entre los motivos también se incluía que se habían realizado actuaciones cromáticas sin consultar a la Comisión y que se habían ampliado las ventanas que dan a Sánchez Arjona en unas dimensiones superiores a las permitidas.

En julio de 2014 se levantó la suspensión cautelar y días después se produjeron las adjudicaciones citadas y, según Domingo Benito, «algunos imprevistos puede ser que hayan surgido pero una parte fundamental del contrato de 60.000 euros tiene que ver con esa cabezonería en hacer algo que tenían prohibido».