PP y PSOE no mantenían una postura común sobre el Archivo desde la precampaña de 2004

El complejo conflicto en torno a los papeles incautados durante la Guerra Civil por las tropas franquistas y depositados en Salamanca, hoy custodiados en el Centro Documental de la Memoria, ha sido un recurrente asunto de litigio político entre las principales fuerzas de la comunidad. De hecho, Partido Popular y PSOE han mantenido durante años posturas divergentes y con raros puntos de encuentro.

Después de una década de enfrentamientos, en la que el asunto del Archivo ha ido pasando por distintas etapas, PP y PSOE, en esta ocasión junto a otra decena de formaciones, han vuelto a ponerse de acuerdo al firmar a través de las figuras del secretario provincial de los populares, Salvador Cruz, y del secretario general de la Agrupación Local Jaime Vera del PSOE, Enrique Cabero, un manifiesto de apoyo al centro documental.

Un acuerdo a instancias de la asociación Salvar el Archivo que ha hecho posible una imagen que no se repetía en Castilla y León desde el 17 de febrero de 2004. En ese caso fue en las Cortes regionales, donde escenificaron un acuerdo por asentimiento que convirtió en una declaración conjunta lo que inicialmente eran dos proposiciones no de ley presentadas por cada uno de los grupos políticos.

Aquel acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 24 de febrero de 2004, instaba a la Junta de Castilla y León a trasladar al Gobierno resultante del proceso electoral del 14 de marzo y a la Generalitat de Cataluña la «más firme oposición al deseo del Gobierno de la Generalitat de romper la unidad del Archivo de Salamanca». El acuerdo se producía después de un nuevo repunte de la reclamación de fondos desde Cataluña, cerrado con un dictamen de una comisión de expertos ratificada en el patronato del Archivo de julio de 2002.

A esa resolución del patronato se refiere precisamente el acuerdo de las Cortes, recordando recomendaciones de los expertos en ese momento pendientes, como «favorecer el acceso a través de internet» de los papeles y «promover el ingreso de nuevos fondos». En aquel momento, PP y PSOE se ponían de acuerdo en impulsar la actividad del hasta ese momento Archivo Histórico de la Guerra Civil, con más actividades abiertas a la sociedad e incluso planteando la posible «creación en Salamanca del Museo Nacional sobre la Guerra Civil». Ese acuerdo, sin embargo, pronto dejó paso a un panorama político mucho más tormentoso. Las elecciones de marzo del 2004 depararon la victoria de Zapatero y de inmediato el asunto del Archivo volvió a encabezar las prioridades fijadas en las reclamaciones de los partidos nacionalistas catalanes.

Poco duró el consenso desde Castilla y León. Especialmente tras la apertura de una vía para atender la reclamación catalana por parte del Gobierno socialista a través de la convocatoria de una comisión de expertos. Ese comité, presidido por Federico Mayor Zaragoza, propuso retornar a Cataluña una parte de la documentación (el 3% del volumen total de fondos, según sus cálculos) que fue aplaudida por el entonces ministro salmantino Jesús Caldera, considerándola «excelente» y a la que dijo «apoyar al cien por cien», desatando toda una catarata de críticas desde todos los estamentos del Partido Popular.

El mayor momento de disenso, sin duda, se producía unos meses después, cuando con motivo de la tramitación de la ley que haría posible el envío a Cataluña de los primeros papeles de Salamanca, el PP convocó en Salamanca una manifestación multitudinaria contra la ruptura del fondo documental que concitó cerca de 100.000 personas. Misma situación se produjo en septiembre del 2005, cuando finalmente el Gobierno presentó la Ley de Restitución Documental para su aprobación al Congreso. Una ley que ampliaba sustancialmente la propuesta de la comisión presidida por Mayor Zaragoza en cuanto a la entrega a Cataluña de papeles de particulares y que fue aprobada con el apoyo de los socios nacionalistas por el Grupo del PSOE, incluido los representantes socialistas de Castilla y León (193 votos a favor y 134 en contra).

Como resultas de aquella aprobación, de nuevo las críticas entre socialistas y populares en Castilla y León vivirían un episodio caliente, con motivo de la salida de las primeras cajas del Colegio de San Ambrosio en la madrugada del 19 de enero de 2006. Entonces las peores críticas desde las filas populares fueron destinadas al delegado del Gobierno, Miguel Alejo quien ordenó un despliegue policial nunca visto en la ciudad formado por más de 200 antidisturbios-, y el subdelegado del Gobierno, Jesús Málaga, exalcalde salmantino que puso en 1995 un coche de la Policía Local a custodiar el Archivo y que firmó en última instancia la orden que ejecutaba la salida de papeles hacia Cataluña.

Nueve años después y con 1.673 cajas enviadas desde Salamanca a Cataluña el último envío de 238 cajas realizado también de madrugada por el Gobierno de Rajoy-, Partido Popular y Partido Socialista vuelven a ponerse de acuerdo hasta alcanzar una postura común sobre el Centro Documental de la Memoria. En este caso, las rúbricas de Salvador Cruz y de Enrique Cabero insisten a instancias de la Asociación Salvar el Archivo en su «firme apoyo a la integridad del Archivo», palabras casi calcadas a las del acuerdo de 2004, a las que se suma esta vez la petición a la Generalitat para que cumpla la legislación».

No llega el PP a este último acuerdo en la misma situación tras la salida de cajas del pasado 4 de diciembre, aunque los populares insisten en la «total coherencia» mostrada siempre desde las instituciones de Castilla y León sobre este asunto. Por su parte, Enrique Cabero, se embarcó en la política en el año 2009 y afirma que su posición ha sido siempre la misma «pedir que se cumpla la ley y las resoluciones judiciales».