CC OO denuncia que hay errores en los expedientes resueltos fuera de Fogasa

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT denunciaron ayer la situación en la que se encuentra la unidad del Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, de Salamanca tras la entrada el año pasado de la empresa privada Tragsatec en el proceso de gestión y resolución de los expedientes. En total, 930 casos se derivaron desde Salamanca a Madrid, siguiendo las órdenes establecidas por el Ministerio de Hacienda. Emilio Pérez Prieto, secretario provincial de CC OO en la capital charra, afirmó ayer en una comparecencia en la sede de su sindicato, que esta derivación sólo se dio en Salamanca y en Valladolid, mientras que el resto de provincias castellano y leonesas siguieron trabajando sin la intervención de Tragsatec, entidad que se comprometió a resolver y pagar todos los expedientes antes del 1 de octubre de 2014. «Este compromiso no se va a cumplir de ninguna forma», añadió el líder sindical. Al parecer, los expedientes que Tragsatec ha devuelto ya resueltos a la oficina de Fogasa de Salamanca cuentan con numerosos errores en el cálculo de las indemnizaciones, detectados por los propios funcionarios del organismo público al revisar de oficio las resoluciones hechas en Madrid.

«De los 930 expedientes enviados, aproximadamente se han resuelto a día de hoy unos 490, en los que en más de un 60% se han detectado errores de cálculo a la baja». El resto, indicó Pérez Prieto, pueden tener errores al alza, de los que, «obviamente», los trabajadores no han avisado, tras haber esperado más de año y medio para cobrar.

Pero no acaban aquí los problemas ya que, una vez detectados los problemas, Fogasa Salamanca se puso en contacto con Tragsatec, recibiendo como respuesta, según Comisiones Obreras, «el desprecio más absoluto» y la orden de informar a los afectados de cuál es el procedimiento judicial que deben iniciar. Y es aquí cuando aparecen nuevos inconvenientes. Ante el cálculo erróneo de las cantidades adeudadas, los trabajadores deben solicitar una revisión del expediente, pero, al mismo tiempo y como confirmaron desde el sindicato, comienza a correr el tiempo para la interposición del recurso ante la jurisdicción laboral, para lo que hay dos meses de plazo. «De nuevo, el trabajador afectado que lleva tantos meses de espera tiene que someterse a un procedimiento judicial, algo que provocará nuevos retrasos en el cobro, por no hablar de un más que probable colapso en los juzgados de la provincia», afirmó Emilio Pérez Prieto.

Desde los sindicatos salmantinos se lamenta que, en vez de reforzar en su momento la plantilla de la unidad de Fogasa de la capital, se tomara la decisión de desviar esos expedientes a Madrid, ocasionando nuevos y graves problemas. En todo caso, tanto Comisiones como UGT salen en defensa, siempre, de los funcionarios de la unidad de Salamanca de ese servicio público que, al margen de los expedientes que quedan por resolver de aquellos 930 que se enviaron a Tragsatec, tienen aún pendientes más de 1.700, por un importe de cerca de 8 millones de euros.

Críticas

Por todo ello, las críticas vertidas ayer desde el mundo sindical se dividen en una triple dirección. En primer lugar, defender, como decíamos, la unidad de Fogasa en Salamanca, cuyos trabajadores se opusieron al envío de los expedientes a Madrid, reclamando, a cambio, apoyo de personal para sacar adelante el montante de trabajo que tenían. Con ese apoyo, recalcó Pérez Prieto, se hubiera mantenido el «más que aceptable plazo de seis meses en el plazo de resolución de las reclamaciones que se mantenía hasta octubre de 2013». Tras el envío de los expedientes, ese plazo ha aumentado hasta alcanzar el año y medio, de modo que incluso expedientes posteriores han sido resueltos y pagados, mientras que los tramitados por Tragsatec continúan paralizados.

Por otro lado, Comisiones Obreras quiere informar a los trabajadores para que «recurran cuanto antes» y utilicen, si así lo necesitan, la asesoría jurídica del sindicato para recibir toda aquella información que estimen necesaria. Finalmente, Emilio Pérez Prieto denunció los «recortes y el menosprecio que vive la Administración Pública», ya que el Gobierno, en su opinión, sólo favorece «a la empresa privada y a los amiguismos». En este mismo sentido se manifestó Jesús López Martín, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que pidió responsabilidades «no a la empresa, sino a la política».

Para terminar de dilucidar la situación se celebrará una reunión el 26 de este mes entre todas las partes relacionadas con la materia.