Ricardo Rábade
Jueves, 19 de junio 2014, 10:56
La Generalitat de Cataluña demandará al Estado, por la vía contencioso administrativa, al no poder satisfacer sus ansias por obtener toda la documentación que reclama del Archivo de la Guerra Civil. La reunión que celebró ayer el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica, en la sede madrileña del Ministerio de Cultura, no sirvió para templar las ansias reivindicativas del conseller de Cultura, Ferrán Mascarell, quien descargó con intensidad su artillería dialéctica contra el acuerdo escenificado por los miembros del Patronato, que finalmente no fue presidido por el ministro José Ignacio Wert, sino por el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle.
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El acuerdo del Patronato, que se reduce a un informe preceptivo en relación al nuevo expolio del Archivo, confirmó la inminente salida de nuevos fondos. Se trasladarán 238 cajas, 350 libros, diez carteles, dos láminas, tres mapas y planos, cuatro banderas, diez panfletos y ocho tarjetas postales. Pero la Generalitar clamaba por obtener mucho más, como eran nada más y nada menos que 546 cajas, 4.139 libros, 250 carteles, 20 láminas, 14 mapas y planos, 10 banderas, 363 panfletos y 101 tarjetas postales. Solo el alcalde salmantino Alfonso Fernández Mañueco y la consejera de Cultura de la Junta, Alicia García, votaron en contra. Eso sí, hubo una llamativa abstención la profesora de la Facultad de Geografía e Historia de la Usal, Josefina Cuesta y nuevamente no asistió a una reunión del Patronato el rector salmantino Daniel Hernández Ruipérez.
Previsiblemente la Generalitat demandará al Gobierno central en la Audiencia Nacional, aunque no descarta hacerlo en un tribunal de rango superior. Mascarell cargó contra la «bajeza democrática» del Ejecutivo central, por negarse a retornar una parte de la documentación comprometida por la comisión mixta de marzo de 2013, alegando que no tienen propietario. El conseller tachó de «inadmisible» y «muestra de extrema deslealtad» este hecho, según informó Europa Press.
El titular de Cultura amplió sus diatribas al aseverar que esta postura estatal «ratifica unos mecanismos estatales jerárquicos, autoritarios e inadmisibles, que confirman la deslealtad del Gobierno hacia la ciudadanía de Catalunya». Lamentó también la paradoja que supone la «decisión inaceptable» de no retornar los papeles cuyos propietarios no se han encontrado, cuando precisamente la misión de Gobierno y Generalitat pasa por localizar a estas personas.Mascarell estuvo arropado en todo momento por el portavoz de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, y ambos subrayaron que el Govern ha devuelto ya a sus propietarios el 80% de los documentos que recibió en anteriores envíos procedentes de Salamanca. Para ambos, se trata de «un incumplimiento desvergonzado» de los compromisos que marca la ley.
Según los acuerdos legales de marzo de 2013, la documentación pendiente de retorno sobre la que existe discordia a la hora de cuantificar por los distintos sistemas de cálculo empleados debería haber vuelto a Catalunya antes de tres meses del citado compromiso legal, una vez digitalizados, enfatizó Mascarell, quien clamó contra un «incumplimiento absoluto» de la ley.
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«Me cuesta entender que el Gobierno de un Estado pueda incumplir una ley que le obliga en sede parlamentaria a devolver una documentación; el Estado incumple sus propias leyes, y esto es enormemente grave», deploró el titular de Cultura de la Generalitat, que lamentó que la democracia española no se mueva en términos de democracia verdadera.
Cruanyes acusó al Estado de simular una operación para «finalizar el trabajo iniciado por el franquismo», mediante el blindaje del no retorno de una documentación requisada a la luz de una interpretación que tachó de «absurda» y para la que consideró que el Ministerio no tiene competencias. «Estamos en una Monarquía bananera y nuestra perplejidad es total»
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Por su parte, el alcalde de Salamanca estimó en términos positivos que el Ministerio haya confirmado que se «zanja» definitivamente la salida de fondos. Mañueco reconoció que la «voluntad» del Consistorio era la de cerrar este asunto y ante una pregunta «expresa» de su parte al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, éste le confirmo que quedaba «zanjado».
Aún así, el regidor reconoció que quedan algunos «flecos» pendientes, como solucionar los papeles que tendrán que regresar al centro salmantino, porque salieron de forma «indebida» a Cataluña. En este sentido, recordó que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que aunque determina qué documentos tienen que salir del Archivo con destino a Cataluña, en consonancia con la misma también fija aquellos que deben «reintegrarse» al Centro Documental de la Memoria Histórica. Afirmó en este sentido que ha recibido «garantías» de que así se hará. También indicó que ha obtenido garantías de subsanar los errores relacionados con las cuestiones que tienen que ver con la digitalización de todos los fondos que se han enviado a la Generalitat.
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El alcalde añadió que durante la reunión mantenida ayer se acordó firmar un acta, para que la Generalitat disponga de los documentos de particulares a título de gestión, por lo que si los particulares no los reclaman, vuelvan al Archivo.
Por último, detalló que el Ministerio les ha confirmado que se licitará el mobiliario del edificio de la plaza de los Bandos, para albergar una de las sedes y será una realidad a final de año. También, avanzó que contratarán «cuanto antes» el solar cedido por el Ayuntamiento en Tejares, para que se depositen ahí los 30 kilómetros de documentos que llegarán a la ciudad, ya que aseguró que se pasarán de los seis kilómetros actuales a dicha cifra.
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Por su parte, la consejera de Cultura, Alicia García, resaltó que se ha vivido «un punto de inflexión» y el inicio de «una nueva etapa», con el freno a futuras salidas de documentación y con la puesta en marcha de un proyecto que va a permitir «multiplicar por cinco los fondos del Archivo, y ponerlo al nivel de los importantes archivos que hay en España».
La consejera también afirmó que en el patronato celebrado ayer defendió «que se cumpla la ley y las sentencias del Tribunal Constitucional en las dos direcciones, es decir, que igual que se ha aprobado la última salida de papeles, pues también, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional se reclamen a la Generalitat de Cataluña los papeles de particulares que ya están allí pero que no han sido reclamados por particulares o por sus propietarios».
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En cambio, el presidente de la asociaciónSalvar el Archivo, Policarpo Sánchez, estimó que la decisión del Patronato «asesta un nuevo y duro golpe al Archivo con el agravante de que se produce mientras que la Generalitat sigue incumpliendo la ley y la sentencia del TribunalConstitucional al no devolver la documentación que retiene indebidamente». Sánchez auguró que el conflicto «no se cerrará», ya que el Ejecutivo catalán «seguirá reclamando mientras siga vigente la ley que le ampara». Sánchez lanzó un mensaje de agradecimiento hacia el alcalde y la consejera de Cultura por haber reclamado que el Ejecutivo catalán devuelva la documentación que retiene indebidamente, y digitalice aquella que recibió sin dejar copia en el CDM, «en consonancia exacta con las acciones legales» que él ha emprendido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sánchez se congratuló de que el Ministerio de Cultura vaya a reclamar a la Generalitat aquellos documentos remitidos en envíos anteriores y que, sin embargo, no ha podido devolver sus propietarios, «ya sean particulares u organizaciones que ya no existen o no poseen un sucesor claro». Para Sánchez, «este acuerdo supone un enorme respaldo del Gobierno de España» a su demanda.
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Además, el presidente de Salvar elArchivo replicó a las explosivas declaraciones de Mascarell, al indicar que el recurso anunciado emana de una persona que «es el campeón en incumplimientos de las leyes».ParaSánchez, Ferrán Mascarell es la persona «menos indicada» para tramitar recursos, debido a su empeño en negarse a devolver la documentación«retenida indebidamente» por laGeneralitat.
Además, la asociación que abandera PolicarpoSánchez no descarta impugnar en la Audiencia Nacional la orden ministerial que autorizará en los próximos días la nueva salida de documentación.«Nos mantendremos vigilantes para el estricto cumplimiento de la Ley y la sentencia del TribunaConstitucional».
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LOS PROTAGONISTAS
Ferrán Mascarell. Conseller de Cultura«El Gobierno ha demostrado una bajeza democrática y una extrema deslealtad»
Alfonso Fdez. Mañueco. Alcalde«Salamanca dejará de ser conocida como la ciudad de la polémica de los papeles»
Alicia García. Consejera de Cultura«Se ha abierto para el Archivo de Salamanca un punto de inflexión y una nueva etapa»
Josep Cruanyes. Comissió de la Dignitat«Lo que ha pasado es propio de una Monarquía bananera y nuestra perplejidad es total»
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