Los ocho detenidos que comparecieron ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca en relación a la segunda fase de la operación Oikos, que investiga un presunto pago del Huesca al Reus después de que los catalanes ganaran al Real Valladolid en ... la penúltima jornada de la temporada 2016-2017, quedaron ayer en libertar con cargos tras negarse a declarar.
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El primero en comparecer fue el contable del Huesca, Carlos Laguna, y posteriormente lo hicieron el expresidente del club oscense, Agustín Lasaosa; el exjefe médico, Juan Carlos Galindo; el actual defensa del Zaragoza, Javier 'Pichu' Atienza; el constructor Jesús Sanagustín, el jugador Íñigo López y su representante, Rodrigo Fernández. A todos ellos sus representantes legales les aconsejaron no declarar mientras esta parte del sumario continúe secreta a fin de conocer las nuevas pruebas obtenidas por la UDEF y comparecer de forma voluntaria una vez levantado el veto.
Así lo confirmaron los letrados, quienes manifestaron, además, su extrañeza por la detención de sus clientes ya procesados por esta misma causa, que ya estaban a disposición del instructor. El juez ha decidido mantener las medidas cautelares acordadas para los detenidos en la primera fase (obligación de presentarse en el juzgado y fianzas) pero no las ha contemplado para los de la segunda: Atienza, el contable y el constructor, a pesar de imputarles cargos de corrupción entre terceros en el ámbito deportivo y blanqueo. La operación policial motivó la práctica de nuevos registros en las dependencias del club oscense y en las del constructor en busca de documentación y de soportes informáticos que pudieran determinar la existencia de pagos en negro o facturas hinchadas.
Esta pieza separada de la Oikos se apoya en una hoja manuscrita hallada en el despacho del expresidente del Huesca en la que se citan los nombres de varios detenidos junto a diversas cantidades económicas conceptuadas como fondos o préstamos. También permanece bajo secreto una tercera pieza referente a los teléfonos encriptados que utilizaban algunos detenidos, enviados meses atrás a la empresa de Singapur que los vende para que facilitara el desencriptado de los datos. Según EFE, es difícil que esta empresa pueda facilitar por orden judicial los datos de dichos teléfonos, valorados cada uno en más de doce mil euros, al fundamentarse su negocio en el secreto de las comunicaciones de los clientes.
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