«Trabajamos por el reconocimiento de la Educación Social como derecho innegable de la ciudadanía»

Alberto Santamarta Fraguas, presidente del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León, mantuvo reuniones con los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León para presentarles las 'Propuestas del CEESCYL para mejorar la vida de las personas en el territorio de Castilla y León, desde la Educación Social', un documento con 15 peticiones en materia de Servicios Sociales, Educación y Sanidad.

–¿Por qué tenemos que hablar de Educación Social hoy?

–Porque es fundamental para abordar determinadas necesidades sociales a las cuales se debe dar solución con actuaciones específicas, formando parte de las estrategias de responsabilidad pública frente a los problemas de convivencia, el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión y marginación social y la necesidad de construir un mundo en el que se compartan bienes de forma más equitativa. Apostar por la ES, es hacerlo por la incorporación de las personas a un mundo con amplias perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

–Si tuviésemos que resumir qué hacen los educadores Sociales…

–Diríamos que llevamos a cabo la atención directa especializada en el ámbito de la educación, tanto reglada –en esta comunidad autónoma todavía no– como no reglada; así mismo, damos respuesta a demandas y necesidades sociales, sensibilizando, previniendo, paliando o corrigiendo procesos de exclusión social, y también generando entornos educativos basados en valores de respeto, igualdad, equidad y justicia, promoviendo con ello procesos de inclusión o participación social.

–¿Qué funciones tiene el Colegio?

–Se crea el 31 de marzo de 2005, convirtiendo la profesión de educador social en una profesión colegiada en Castilla y León, dotando a sus profesionales de una organización capaz de velar por sus intereses y ordenar el ejercicio de la profesión, lo que se entiende como una garantía para todos los sectores sociales a los que se dirigen sus intervenciones. Desde su constitución, ha estado trabajando por el reconocimiento de la Educación Social como derecho innegable de la ciudadanía de Castilla y León –merece ser reconocida en todos los ámbitos sociales–, por el correcto ejercicio de la profesión, reclamando el justo acceso laboral a las Educadoras y a los Educadores Sociales en los distintos puestos convocados, y por la protección a la ciudadanía frente a personas que pudieran estar ofreciendo y prestando servicios para los que no están capacitados ni preparados por no reunir los requisitos esenciales y básicos para poder ejercer la profesión.

–¿Cuál es la esencia de las propuestas presentadas a los grupos parlamentarios?

–Contemplar como requisito exclusivo de acceso la titulación en Educación Social conforme a la normativa vigente en todas las convocatorias de plazas públicas con la denominación de 'Educador/a Social'; incluir al Educador/a Social en el Sistema Educativo de Castilla y León, (caso del Coordinador de Bienestar); facilitar el acceso y atención de las personas al Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla y León incluyendo la visión socioeducativa para reducir la cronicidad en los Servicios Sociales; suprimir denominaciones de categorías profesionales en RPTs y CNO que desarrollan funciones y competencias propias de la Educación Social y sustituirlas por la categoría «Educador Social» para adaptarlas a a la titulación universitaria vigente. Además, en el ámbito del Plan Concertado y Acuerdo Marco de los Servicios Sociales, sustituir la denominación de 'Unidad de Trabajo Social (UTS)' por 'Unidad de Acción Social (UAS)' favoreciendo la creación de equipos multidisciplinares; aumentar las ratios de Educadores/as Sociales en los Servicios Sociales de Atención Primaria, Específicos y Especializados; conseguir el reconocimiento profesional en los diferentes dispositivos de atención a personas con problemas de adicciones; promover la incorporación progresiva del Educador/a Social en el SACYL para contribuir al cumplimiento del título I y II de la Ley General de Sanidad; incorporando el acompañamiento y la intervención socioeducativa como abordaje previo, junto con los equipos de atención primaria del SACYL, a la derivación definitiva a Salud Mental, además del reconocimiento profesional en actuaciones relativas al envejecimiento activo, en la prevención, intervención y acompañamiento en la violencia de género y en la mediación y justicia restaurativa.