«La Junta ayuda a los jóvenes a vencer todas las dificultades para el acceso a una vivienda»

El máximo responsable de la política de vivienda de la Junta de Castilla y León detalla en esta entrevista las medidas de apoyo a los jóvenes, principalmente, y a quienes menos recursos tienen para el acceso a una vivienda.

–¿En qué situación considera que se encuentra el mercado de la vivienda en la región?

–En fase clara de reactivación. Pasados los peores años de la crisis inmobiliaria, los indicadores de los últimos meses siguen apuntando que en Castilla y León existe una tendencia al alza en el mercado de vivienda. Por citar algunos datos, la compraventa de viviendas subió en el primer semestre del año en Castilla y León el 17,7%, 2,8 puntos por encima de la media nacional, según la última estadística ofrecida por el Colegios de Registradores de la Propiedad de España. Pero es que, además, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de compraventa de vivienda unifamiliar en el último año; se encuentra entre las tres comunidades autónomas que ofrece condiciones más favorables en cuanto a tipos de interés fijos (con País Vasco y Navarra), y en el tercer trimestre de 2021 se coloca en el cuarto lugar de cuota de mercado de compraventa de viviendas (después de Andalucía, Cataluña, Valencia y la Comunidad de Madrid). Por tanto tiene un buen ritmo de crecimiento y una posición muy activa en el contexto nacional.

–¿Con qué políticas tratan de incentivarlo o afianzarlo desde la Junta de Castilla y León?

–Al mercado siempre hay que allanarle el camino y procurar que tenga los menores obstáculos posibles. La eliminación de trámites o su sustitución por otros más sencillos de cumplir, y, sobre todo, que ahorren tiempos de tramitación resulta siempre una medida acertada. Desde la Junta de Castilla y León ya hicimos con la reforma de la Ley de Urbanismo del año 2014 un gran esfuerzo en este sentido y ahora lo hemos completado con varias medidas importantes. Por ejemplo, atendiendo una demanda recurrente del sector, hemos eliminado la exigencia de obtención de licencia para la primera ocupación de edificaciones y la hemos sustituido por la presentación de una declaración responsable. Nuestra estimación es que ésta y otras modificaciones similares están suponiendo un ahorro en tiempos de tramitación de entre cuatro y seis meses. Ahorrar tiempo supone minimizar costes y ganar eficacia, sin merma, en este caso, de las necesarias garantías. Además de esta reducción de plazos, la supresión de la licencia implica la desaparición de la propia solicitud del interesado con el consiguiente ahorro para el emprendedor en cuanto al tiempo, ya no solo de espera de resolución, sino de elaboración y presentación de la solicitud, que es sustituida por un formulario más simple, el de declaración responsable. Ambas han sido medidas de reactivación de la actividad productiva y de simplificación administrativa adoptadas en el año 2020. Y ambas están teniendo una gran acogida.

­–¿Cómo influye el avance de las nuevas tecnologías en ello?

–También desde la Junta apoyamos al sector en su proceso modernización y digitalización. Desde la Consejería consideramos que hay que fomentar la formación inicial de los trabajadores del sector de la construcción y del subsector de la rehabilitación adecuando los perfiles a las nuevas necesidades del mercado (industrialización, digitalización, monitorización, mantenimiento de instalaciones de energías renovables, etc.). La integración de las metodologías BIM (Building Information Modeling), LEAN (construcción más eficiente) y IPD (Integrated Project Delivery) en la construcción es fundamental para ahorrar en costes. Invertir en tecnología y conocimiento es competitividad. En este sentido, la Administración debe dar ejemplo y, por ello, la Junta de Castilla y León ha adoptado ya la metodología BIM en la licitación de sus proyectos. Lo ha hecho, por ejemplo, en la redacción del proyecto de las obras de rehabilitación de 63 viviendas públicas para destinarlas a alquiler social para jóvenes en el edificio 'Puente Colgante' de Valladolid (el antiguo cuartel de la Guardia Civil) y lo va a aplicar durante el proceso de ejecución y su ciclo de vida.

­–¿Cómo se concreta el respaldo a la formación?

–Mantenemos una línea de ayudas con las principales asociaciones o entidades del sector para mejorar la formación del sector en este campo. La Fundación Laboral de la Construcción cuenta con nuestro apoyo para la realización de actividades formativas, tanto en metodología BIM como en técnicas de intervención rehabilitadora, o el Cluster de Hábitat Eficiente 'AEICE', que realiza talleres formativos para la mejora de la competitividad de las empresas mediante la digitalización. Y dentro de la política de estímulo al sector, me gustaría mencionar que acabamos de convocar la 9ª edición de los Premios de Construcción Sostenible, en colaboración con el Instituto de la Construcción de Castilla y León. Una convocatoria que pretende, un año más -llevamos 18-, distinguir aquellos proyectos y actuaciones de construcción que cuenten aspectos relevantes, innovadores y de integración que permitan demostrar su comportamiento sostenible y su contribución a la revitalización y mejora de la calidad del espacio y la biodiversidad en los entornos urbanos y rurales. Este premio, totalmente consolidado en el ámbito nacional, ha convertido a Castilla y León en un verdadero referente de la construcción eficiente energéticamente.

–¿Es posible conjugar estas ideas y proyectos con el problema de la España vaciada?

–No comulgo con ese término de la España vaciada. La España interior, la España rural es una tierra de enormes oportunidades y tenemos que ponerlas en producción. Y la Junta de Castilla y León está aprovechándolas. Al igual que nos ocupamos de dotar a los municipios rurales de otras infraestructuras o servicios, como la banda ancha que llegará a todos los rincones de Castilla y León en 2025, o como el transporte público a la demanda gratuito, que es ya una realidad en casi todo Castilla y León y será en toda la Comunidad a final de año, disponer de un parque de viviendas asequibles es un instrumento esencial de lucha contra la despoblación. Especialmente ahora que se aprecia un claro retorno a una vida más rural tras la pandemia. Por eso, desde la Junta de Castilla y León, conocedores de la dificultad de acceso a la vivienda y de que las oportunidades deben generarse también en nuestros pueblos, llevamos años procurándoles un parque de viviendas asequibles. El programa Rehabitare es probablemente nuestro ejemplo más importante. Con él recuperamos el patrimonio arquitectónico en desuso de nuestros municipios pequeños (de los de menos de 5.000 habitantes) mediante la rehabilitación de antiguas casas -la del párroco, la del médico, la del maestro, de la Guardia Civil- y las dotamos de una nueva vida para que puedan ser habitadas por familias con escasos recursos en régimen de alquiler social. Desde su puesta en marcha en el año 2016 hasta ahora, el programa Rehabitare ha permitido nada menos que la recuperación de 370 inmuebles y la inversión de 17 millones de euros en la Comunidad. Eso significa que hemos conseguido que 282 familias de Castilla y León hayan encontrado un hogar donde vivir a precios asequibles y hemos revitalizado muchos pueblos, hasta el punto de que en algunos se han podido reabrir o mantener sus escuelas. En Valladolid, por ejemplo, hemos rehabilitado 33 inmuebles e invertido 1,5 millones de euros que, sin duda, han reactivado también la economía local. Las previsiones, además, son buenas porque tenemos el compromiso de alcanzar cuando finalice esta legislatura, y con la ayuda de las Diputaciones, la rehabilitación de otros 219 inmuebles más con la aportación de otros 11 millones de euros. En total, finalizaremos 2023 con 501 inmuebles rehabilitados en Castilla y León con 24 millones de euros de inversión y, lo que es más importante, con sus correspondientes familias disfrutando de un hogar en el medio rural.

–¿Cómo cree que se puede convencer a un joven de que un mejor acceso a la vivienda -y por tanto, a su independencia- es posible?

–Bueno, más que convencer, a los jóvenes hay que ayudarles a vencer todas las dificultades que tienen en este momento. Y en la Junta de Castilla y León tenemos unas cuantas medidas pensadas solo para ellos. Las ayudas al alquiler, por ejemplo, son especialmente importantes en esta comunidad autónoma, no solo porque las concedemos a todos los que cumplen los requisitos -lo que las convierte en una ayuda universal de hecho-, sino porque a los jóvenes les abonamos 10 puntos más que a los demás (hasta el 50 %) y en próximas convocatorias queremos llegar hasta el 75% cuando el alquiler sea en el medio rural. Desde el año 2014 han sido 97 millones de euros destinados a estas convocatorias y más de 65.000 familias apoyadas. Piense que hemos pasado de destinar 2,5 millones de euros en el año 2014, a más de 24 millones en 2021. Y si hablamos de cuántos jóvenes han accedido a estas ayudas, entre 2014 y 2020 se han beneficiado más de 21.600, para lo cual se ha dispuesto una cantidad superior a los 36 millones de euros. Unas ayudas que, por cierto, considero que también ayudan al mercado. Que desde la Junta de Castilla y León se ayude a los arrendatarios con menos recursos a sufragar una parte importante de la renta de alquiler, debiendo justificar el pago bancario de la renta, da seguridad y garantía a los arrendadores y afianza la apuesta por el sector. Esa es nuestra política. La del incentivo. No la de la restricción y limitación de derechos. Además, todas nuestras actuales promociones de viviendas, tanto en compra como en alquiler, tienen como destinatario prioritario a los jóvenes menores de 35 años. Así ocurre con las viviendas de Puente Colgante que le he citado ya, o con las que forman parte del programa Rehabitare, pero también con todas las que estamos promoviendo en la actualidad por todo Castilla y León. Hablamos de más de 400 viviendas nuevas en ejecución o en fase de estudio.

­–¿Qué ventaja inicial se encuentra el joven que quiere comprar vivienda en el madio rural?

–Hemos iniciado ya una campaña de ayuda a la compra de vivienda por jóvenes en el medio rural, de tal manera que la Junta de Castilla y León les ofrece la posibilidad de adquirir una vivienda de protección pública reduciendo un 20% el coste de adquisición. Es decir, que si se necesitan 100.000 euros para la compra, el joven menor de 35 años solo se hipotecará por 80.000 euros. Los otros 20.000 los aporta la Junta. No tienen que tener ahorros para la entrada, pues la pone la Junta. En este momento tenemos en ejecución 63 viviendas en distintos municipios de la Comunidad Autónoma dentro de este programa y otras 198, en tramitación o estudio. Todas en el medio rural. En Valladolid, por ejemplo, pretendemos construir 17 viviendas en Tudela de Duero bajo esta modalidad. Y fuera del medio rural, trabajamos para conseguir otras 62 viviendas, algunas de ellas con criterios 'Passivhaus'. También tenemos importantes deducciones fiscales a su favor. Así, son deducibles en el IRPF las cantidades satisfechas por los jóvenes por las adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual en el medio rural (hasta el 15 %).

–¿Qué pasa con las 'viviendas colaborativas'?

–Acabamos de proponer una modificación de nuestra legislación de vivienda para introducir una nueva modalidad de viviendas protegidas con clara demanda entre los jóvenes: las 'viviendas colaborativas'. La vivienda colaborativa o 'cohousing' es un fenómeno surgido en otros países europeos como respuesta social al problema del acceso a la vivienda para grupos vulnerables -como los jóvenes- y ligado a las consecuencias generadas por la escasez de suelo, la precariedad salarial o la inestabilidad laboral que vienen padeciendo. Con esta modalidad residencial pretendemos que las personas con necesidades, intereses y objetivos comunes puedan desarrollar su proyecto de vida en hogares independientes, pero con zonas compartidas (cocinas, zonas de estancia y recreo, etc.), sufragando también de manera compartida servicios esenciales (como la limpieza, la distribución de alimentos o el cuidado de los niños). Todo ello convierte a este modelo de vivienda en lugares más inclusivos y sostenibles que facilitan la convivencia, la cooperación y el uso responsable de los recursos naturales y energéticos. En definitiva, lugares que generan claros beneficios sociales, económicos y medioambientales. Por esta razón, vamos a potenciar esta categoría de vivienda de protección que, sin duda, servirá para que nuestros jóvenes puedan mantener una vida acorde a sus necesidades. Y para ello, dada la actual escasez de suelo disponible por las Administraciones públicas, vamos a permitir que estas viviendas se puedan promover en los suelos dotacionales de equipamiento, tanto si son de titularidad pública como privada, porque queremos que también el sector privado se sume a esta iniciativa.

–¿Le preocupa que el mercado del alquiler se dispare, como en otras comunidades?

–La fluctuación de precios de los alquileres en Castilla y León no está en márgenes de subida preocupantes. Precisamente porque, frente a las políticas de limitación de precios y derechos que pretende imponer el Gobierno y que terminarán por incrementarlos -no lo digo yo, lo dice el Banco de España en un Informe de 2020-, nosotros hemos apostado por medidas de incentivo y de seguridad al mercado. Principalmente por incrementar la oferta viviendas públicas en alquiler a precios asequibles, y fomentar un mercado del alquiler en el que la Junta ayuda si se paga la renta y se justifica. En este sentido, en el período 2014-2018, el parque público de alquiler de Castilla y León se ha incrementado en un 78,74% y en la presente legislatura hemos sobrepasado las 2.600 viviendas, que era el compromiso que habíamos adquirido con el Diálogo Social para 2021. Solo en dos años lo hemos incrementado en 588 viviendas. Pero es que nuestra previsión es superar en 2022 las 3.000 viviendas y con ello cumpliremos el objetivo de legislatura, que se situaba en alcanzar esa cifra, antes de finalizar la legislatura. Todo ello tiene precisamente la pretensión de dotar al mercado de alquiler de una oferta sólida y variada y en nuestro caso orientada a quienes menos recursos tienen.

–Desde 2018 la Junta ha destinado 16,3 millones de euros a la rehabilitación de viviendas. ¿Cuál es la importancia de estas acciones?

–La rehabilitación de viviendas es mucho más que una opción política. Como sabe, en Castilla y León fuimos pioneros en esta materia y nos dotamos de un marco normativo muy sólido y alabado hace ya más de ocho años. Además, aprobamos también una Estrategia de Regeneración Urbana en el año 2016 como instrumento base de orientación en los procesos de regeneración de nuestro territorio, y sobre todo fomentamos la rehabilitación a través de las convocatorias de ayudas a la rehabilitación y a la regeneración de barrios. En el ámbito de las ayudas, las cifras son todavía más importantes que las que menciona. Si hablamos de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRUS), en la última década llevamos rehabilitadas más de 13.000 viviendas en 95 áreas gestionadas, e invertidos más de 309 millones de euros. Y en ayudas a la rehabilitación de viviendas fuera de estas áreas -en convocatorias para viviendas individuales o edificios colectivos- han sido más de 11.000 viviendas rehabilitadas y 28 millones de euros concedidos en ayudas. Todo ello supone que hemos trabajado en la consecución de dos grandes objetivos. Uno, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de la mejora de la eficiencia energética de sus viviendas, de la mejora de su accesibilidad y conservación, evitando los escalones de calidad de la vivienda en las ciudades, que fomenta la exclusión social; también la mejora de los entornos urbanos que rodean a sus hogares (parques, plazas, etc.). Y dos, sobre todo, hemos invertido en luchar contra el cambio climático. El parque edificado (el residencial especialmente) provoca más del 30% de las emisiones de CO2 a la atmósfera y por esa razón hay que descarbonizarlo. Y somos conscientes de que sin ayudas públicas es difícil que se invierta en rehabilitación.

–¿Qué otros retos se plantea la Consejería superado el ecuador de la legislatura?

–Sin duda el reto más claro es el de la gestión y ejecución de los fondos europeos. Sólo para rehabilitación energética, la Comunidad Autónoma va a poner a disposición de la ciudadanía a través de diversas líneas de ayudas más de 160 millones de euros que debemos ser capaces de ejecutar antes de que finalice 2026. Eso supone una oportunidad histórica y, aunque no se han atendido las peticiones que hemos trasladado al Ministerio sobre su forma de implantación, ahora debemos ser colaboradores y esforzarnos en que sean bien acogidas por la ciudadanía y absorbidas por el sector que, sin duda, va a encontrar aquí un nicho importantísimo para su recuperación. Hablamos de ayudas para la rehabilitación de barrios, de edificios, de viviendas y para la redacción del libro del edificio existente. Todo ello se enmarca en el cumplimiento de los objetivos marcados en la Estrategia 'Renovation Wave' (Ola de renovación) aprobada por la Comisión Europea en octubre de 2020 y que persigue duplicar la tasa de renovación en los próximos 10 años (alcanzar los 35 millones de edificios renovados en 2030). El objetivo es mejorar la eficiencia energética de los edificios para mejorar la calidad de vida de las personas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa, fomentar la digitalización y mejorar la reutilización y el reciclaje de materiales. En estos momentos España rehabilita a una media de 25.000-30.000 viviendas por año y tiene que alcanzar 1,2 millones de viviendas en el año 2030. Un gran reto y una gran oportunidad, pues se estima que con ello se crearán 160.000 puestos de trabajo verdes adicionales en el sector de la construcción. Y el siguiente reto va a ser el incremento exponencial del parque público de viviendas. Porque para ello vamos también a disponer de fondos europeos. Estamos ya gestionando más de 31 millones de euros de los fondos europeos REACT-UE, que estamos destinando a actuaciones de rehabilitación energética de nuestro propio parque público y pretendemos también con ellos recuperar las antiguas viviendas de camineros que hay en nuestras ciudades y pueblos, hoy abandonadas –recuperaremos todas las que podamos–, para ofrecerlas en alquiler social. Pero es que, además, a partir de 2022 recibiremos otros 54 millones de euros más para la promoción de más viviendas en alquiler social. De esta forma, nuestra previsión es que en 5 años incorporemos al menos más de 720 viviendas al parque público de alquiler que, además, se construirán con criterios de alta eficiencia energética.

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