El PP plantea reformar la definición de la región para evitar peticiones de anexión

El PP quiere obstaculizar aún más el difícil proceso que debe seguir un municipio para abandonar Castilla y León y defiende 'blindar' el territorio de la comunidad, a imagen y semejanza de lo que han hecho vascos y andaluces en sus estatutos de autonomía.

Una simple fórmula en la definición de comunidad hará que la última decisión en Castilla y León ante un hipotético proceso segregador dependa de las Cortes y no de las diputaciones provinciales, tal y como está estipulado ahora.

Se trata de añadir un «todos los municipios» o «los actuales municipios de» al artículo 2 del Estatuto en el que ahora se lee que «el territorio de la comunidad de Castilla y León comprende los municipios integrados en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora y Valladolid».

Ese «todos» obligaría, ante un expediente de segregación, a que las Cortes tuvieran que reformar el Estatuto de Autonomía. «No es ninguna tontería», defendió el portavoz del PP en las Cortes, José Antonio de Santiago-Juárez, que calificó de «acertada» la propuesta de acotar el territorio castellano y leonés que llevó a las Cortes el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias y alcalde de Zamora, Antonio Vázquez (PP).

De Santiago-Juárez afirmó que esta redacción antisegregacionista resulta apropiada dadas las «tentaciones de nuestros vecinos», en referencia al País Vasco, con su demanda sobre el Condado de Treviño, y el Bloque Nacionalista Gallego y los municipios de la franja que ellos denominan la 'Galicia irredenta', que son aquellos que la división provincial encajó en León y Zamora y en los que se habla de forma cotidiana el gallego. A estas pretensiones nacionalistas, el popular añadió la «incertidumbre» generada, a su juicio, por la carencia de un modelo territorial por parte del presidente de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero.

Diferencia de criterio

La idea de endurecer el proceso de segregación no es compartida con el mismo arrobo en las filas del PSOE. Ángel Villalba, portavoz socialista, señaló ayer que el «mayor blindaje posible» es el acuerdo al que lleguen PP y PSOE y recordó que un Estatuto es una Ley Orgánica que «se puede cambiar con otra Ley Orgánica».

Las medidas de seguridad en torno al mapa territorial entran ahora en la negociación que populares y socialistas llevan a cabo sobre una reforma estatutaria que quieren registrar en las Cortes a mediados de julio. En este 'sprint' final, los dos grupos mayoritarios deberán ensamblar sus respectivas propuestas e incorporar aquellas que estimen oportunas de las que les hicieron llegar instituciones, universidades públicas, asociaciones, organizaciones agrarias, sindicatos y partidos políticos a través de una comisión que ayer tocó a su fin en el Parlamento, donde se presentaron unas conclusiones cuya inclusión en el futuro Estatuto no es obligatoria.

Aportaciones

Entre las conclusiones destaca la idea de ordenar la comunidad en comarcas, la catalogación del sistema educativo como una seña de identidad de Castilla y León y la puesta en marcha de una agencia tributaria autonómica en coordinación con la estatal. Todas se estudiarán, aunque algunas tienen «difícil» encaje en la reforma estatutaria.