![Los veterinarios protestan contra la nueva normativa de fármacos](https://s2.ppllstatics.com/elnortedecastilla/www/multimedia/2025/02/10/VeterinariaAnaVet02-kX0-U230818453222A0F-1200x840@El%20Norte.jpg)
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Los veterinarios se han puesto en pie de guerra por su indignación ante el Real Decreto 666/23, que entró en vigor el 21 de julio de 2023 y por la disposición específica que se aplicó el pasado 2 de enero, una normativa que regula ... la prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios en España. Una de las novedades que se introdujo es que para adquirir medicamentos para mascotas es necesario que estén identificadas con microchip. Esto obliga a los veterinarios a verificar la identificación del animal, así como a registrar la preinscripción en un sistema electrónico que vincule al animal con el tratamiento, al igual que informar del prospecto a los dueños.
La actualización de este decreto desde enero de 2025 implica esta regulación del uso de los medicamentos veterinarios, per también establece restricciones en la prescripción de antibióticos para animales de compañía. Concretamente, ha introducido el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET). Ante este cambio, los veterinarios se adhieren a una 'huelga' este martes, 11 de febrero, mediante un cierre simbólico a nivel nacional, de 11 a 12 horas, de sus clínicas y establecimientos.
«Protestamos por una normativa que dificulta su labor y pone en riesgo la salud de animales y personas, porque la normativa impone restricciones desproporcionadas en la prescripción de antibióticos para animales de compañía, impidiendo a los veterinarios actuar según su criterio clínico y cada día es más difícil trabajar con tantas trabas», señala Ana Magaz, de la clínica Anavet en el Ave María y portavoz de los profesionales del gremio en Palencia que se adhieren a la protesta. Además, critican que «la implantación del sistema Presvet genera una carga burocrática excesiva y retrasa tratamientos críticos».
Recuerda el sector que el Reglamento Europeo permite que los veterinarios dispensen medicamentos y diferencia claramente entre fármacos de uso humano y veterinario. Sin embargo, la legislación nacional «impone restricciones injustificadas que penalizan a la profesión sin aportar beneficios reales en la lucha contra la resistencia a los antibióticos». De hecho, precisan que el mercado de antibióticos para animales de compañía representa solo el 0,08% del total farmacéutico. Critican también que la nueva regulación establece un régimen sancionador ''desproporcionado, que penaliza a los veterinarios en lugar de mejorar el control''.
Por su parte, el Colegio de Veterinarios de Palencia apoya las reivindicaciones del sector de centros veterinarios de animales de compañía, que cerrarán este martes a las 11 horas de forma simbólica, ya que considera que «es necesaria la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La actual situación legislativa pone en peligro la buena praxis de la medicina veterinaria en animales de compañía».
El Colegio afirma que la profesión veterinaria es la única que en su formación tiene contemplada, además del diagnóstico y tratamiento de enfermedades animales, la farmacología de los medicamentos aplicados a las diferentes especies animales, «especificidad que no se refleja en otras titulaciones sanitarias», afirma.
«El profesional veterinario en sus actuaciones solo suministra la cantidad necesaria para el tratamiento de ese animal y patología en concreto, reduciendo de esta forma el consumo innecesario de medicamentos veterinarios y luchando así frente a las antibiorresitencias. En el caso de las dispensaciones a través de otras vías, en la mayoría de los casos, sobra una cantidad de medicamentos innecesaria», añade.
Los veterinarios mantienen que si se tuviera en cuenta esta excepción en la norma, además de reducir el consumo de medicamentos veterinarios, también se conseguiría una reducción en la automedicación por parte de los tutores de los animales, además de fomentar la reducción de residuos medicamentosos. Ello también conllevaría una mayor protección al tutor del animal a no estar obligado a la adquisición de más medicamento que los necesitados, protegiendo así su condición de consumidor y usuario no produciéndose un desembolso económico innecesario.
Afirman además que la inclusión de esta excepcionalidad también facilitaría el cumplimiento de todas las normas y obligaciones por parte del veterinario y de su control por parte de las diferentes administraciones implicadas. Esta excepcionalidad en realidad no lo es tanto, ya que en varios países europeos ya está contemplada y es compatible con la legislación de la Unión Europea al respecto, es más España es de los pocos países europeos que no lo admite. Francia, Italia, Holanda, Alemania, Polonia, etc., permiten que el veterinario pueda dispensar al por menor medicamentos veterinarios a los pacientes que están tratando, al igual que sucede en otros países como Reino Unido o EE UU. Países en los que se ha demostrado que existe un mayor control del uso de los medicamentos veterinarios. Todo ese derecho comparado acredita que ese cambio normativo interesado se ha llevado a cabo en otros países de nuestro entorno con indudable éxito.
El Colegio también apoya priorizar el criterio clínico y la evidencia científica sobre las fichas técnicas desactualizadas de los medicamentos. Es fundamental que dichas fichas sean revisadas y actualizadas, garantizando así que los veterinarios puedan aplicar la lex artis con seguridad jurídica y en beneficio de la salud animal. Además, ve prioritaria la adecuación de la cascada de prescripción en función de la disponibilidad real de los medicamentos en el mercado, asegurando que los profesionales veterinarios puedan ejercer su labor sin limitaciones innecesarias. Es importante revisar las sanciones desproporcionadas que criminalizan el ejercicio profesional veterinario, estableciendo un marco regulador justo y proporcional a la realidad de la práctica clínica. La sanción mínima a las infracciones leves empieza en 3.000 euros.
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