La UCE teme verse obligada a cerrar la sede de la capital por falta de financiación

En aquellos primeros años, el principal problema que preocupaba a los vecinos de Palencia fue la vivienda y UCE recuperó para los consumidores millones de pesetas que les habían defraudado en una urbanización en Villamuriel, y consiguieron la supresión de la obligatoriedad de cotizar a las Cámaras de la Propiedad Urbana. También actuaron para ayudar a los perjudicados por las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa, de las cláusulas suelo, preferentes y subordinadas, según rememora Arzúa.

En el área sanitaria, han atravesado situaciones difíciles con los problemas de las vacas locas, el clembuterol o la tularemia, «pero sigue siendo un campo abierto, cada vez más privatizado y que, por lo tanto, prioriza el lucro a la salud de los ciudadanos y ciudadanas», manifiesta Arzúa.

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El problema actual, en un momento de conmemoración de cuatro décadas de actividad y con 400 familias asociadas (unas 1.400 personas), es el miedo a tener que cerrar la sede de la capital en la calle Becerro de Bengoa. El piso es propiedad de la Junta de Castilla y León, pero la UCE asume todos los gastos de funcionamiento y también los costes del inmueble. «Pero únicamente disponemos de las cuotas de nuestros asociados, base de nuestro funcionamiento, y de subvenciones de los ayuntamientos con los que tenemos suscritos convenios de colaboración: Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, Dueñas, Venta de Baños y Ampudia, cuyos alcaldes y alcaldesas velan por los intereses de sus convecinos, pero eso no nos ocurre en la capital, donde no contamos con subvenciones», ha dicho Arzúa fijando un plazo aproximado de un año para acatar la decisión de cerrar la sede o mantenerse «a base de pagar unos sueldos mínimos a las dos empleadas».