El transporte de viajeros, con el freno echado

Sin viajeros. Esa es la cruda realidad a la que se enfrentan todas las empresas de transporte de viajeros por carretera tras la aparición de la crisis sanitaria de la covid-19. El estado de alarma y el confinamiento han provocado la paralización y anulación de todos los servicios privados. Los viajes a fiestas de cumpleaños y bodas, o los desplazamientos deportivos y escolares pasaron a mejor vida. Las líneas regulares han funcionado a pequeña escala para garantizar las comunicaciones, pero con cifras de usuarios irrisorias o nulas durante los meses más duros de la pandemia.

Palencia no ha sido la excepción. Una de las responsables de la empresa de Autocares JG, Vanesa Gómez, afirma en declaraciones a la agencia Ical que la situación vivida durante el estado de alarma ha sido «difícil al estar totalmente parados, aunque se tuviera la obligación de realizar el 25% de las líneas regulares, pero ya sea por miedo o por otros aspectos, no ha montado nadie».

Esta empresa palentina posee tres líneas regulares que unen a Palencia con Villalobón, Palencia con Melgar de Fernamental y otra línea por Husillos. Durante los dos primeros meses, los autobuses de esos servicios iban vacíos, mientras que a principios de mayo y durante el mes de junio, la situación no ha variado demasiado, con uno o dos viajeros, apunta.

Gómez detalla que el resto de viajes privados «se cancelaron todos y aún no se han recuperado». Y es que, actualmente, la empresa de transporte de viajeros por carretera trabaja únicamente con la factoría de Renault de Villamuriel de Cerrato. Por estos motivos, deja claro que ven el futuro «bastante oscuro», razón por la que solicitan ayudas a las administraciones «porque así no es posible seguir».

Entra en juego «el miedo» a la hora de viajar, como es el caso de los campamentos con chavales, que también están en la cuerda floja. «Nadie sabe lo que va a pasar hasta septiembre, con realidades escolares y deportivas en el aire». Del total de 23 trabajadores de esta empresa, solamente cuatro están funcionando durante unas pocas horas, al no existir viajes ni demanda. mientras que el resto siguen en ERTE. «Y si se acaban estos expedientes de regulación, sería una catástrofe, porque no se sabría qué hacer con los conductores parados en las cocheras», argumenta.

En la misma o peor situación se encuentra la empresa palentina Pobes, donde actualmente solo tienen trabajando a siete de sus 24 trabajadores, que se encuentran en ERTE. Han vuelto al trabajo unos pocos para retomar las líneas a Ampudia y Fuentes de Nava, pero que tienen una incidencia mínima, y de los servicios con centros de día.

«Es una situación difícil, en la que las administraciones tienen que arrimar el hombro, dado que aplazar los renting y leasing de los vehículos como solución es endeudarse a largo plazo», afirma el representante de Pobes, quien puntualiza que las normativas medioambientales exigen autobuses de última generación y poco contaminantes, «pero a la hora de la verdad hay cero ayudas para la adquisición de una flota adaptada a esas exigencias».

Aun así, para garantizar la plena seguridad en los autocares con la entrada en la nueva normalidad, se han instalado mamparas que protegen al conductor de los viajeros y evitan el contacto directo a la hora de subir y bajar del vehículo. Asimismo, se ha colocado un dispensador de gel hidroalcohólico en las escaleras de acceso, así como un purificador de aire por cada autobús. Y también han adquirido una máquina desinfectante y termonebulizadora que emplean cada 15 días para aumentar la limpieza e higienización.

Precisamente el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado jueves la concesión directa de una subvención, por un montante total de 7,6 millones de euros, a los 132 concesionarios de servicios de transporte público de viajeros por carretera para compensar el déficit de explotación y la pérdida de ingresos producidos durante la situación creada por la covid-19.

610.702 euros para Palencia

Por provincias, la subvención es de 242.518 euros para Ávila; de 702.205 euros para Burgos; 1.672.645 euros a León; 610.702 euros, a Palencia; 1.693.067 euros para Salamanca; 492.119 euros corresponden a Segovia; 312.029 euros para Soria; 1.423.411 y 534.143 euros para Valladolid y Zamora, respectivamente.

«Las garantías de la sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios es la única fórmula que permite el mantenimiento del transporte público en los pequeños núcleos de población y la continuidad del transporte metropolitano, dando así respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de la propia configuración socio territorial de Castilla y León», precisaron fuentes del Ejecutivo autonómico.