La investigación de la Guardia Civil de 22 personas físicas y ocho jurídicas por fraude en el cobro de subvenciones de la Unión Europea, presuntamente en connivencia con personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con delitos implícitos de fraude de subvenciones, ... prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa por parte de ganaderos de varias provincias de Castilla y León y de Cantabria tiene su epicentro en Palencia en la comarca de Cervera de Pisuerga.
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Las investigaciones en la operación 'Pacquiao' comenzaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, detalló ayer que de los 30 investigados, 29 son de Castilla y León (3 personas físicas y 2 jurídicas en Ávila; 3 jurídicas en Segovia; 8 personas jurídicas en Palencia; una física y una jurídica en Salamanca, 8 físicas y 2 jurídicas en Valladolid; y una persona física en Zamora), y uno más de Cantabria.
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En la provincia de Palencia, las investigaciones se centran en la zona de Cervera de Pisuerga, con algunos investigados vinculados a Perazancas de Ojeda. Coincidiendo con el inicio de la investigación, en junio de 2022, el jefe de la Unión de Desarrollo Agraria dirigió un escrito al jefe de la Sección Agraria Comarcal de Cervera de Pisuerga en el que apuntaba que una veintena de expedientes registrados en la solicitud única de la PAC incumplían la ley porque para los pastos permanentes de titularidad pública utilizados en común solo se admite la producción de pastoreo con animales de la propia explotación del solicitante y no de gestores intermediarios en el mercado ni de ganaderos que no acrediten haber utilizado el pasto en los términos en que su uso comunal esté atribuido a los asignatarios.
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También le informó de otra presunta irregularidad porque algunos expedientes pudieran incurrir en la creación de «condiciones artificiales», dado que la distancia entre los recintos donde se declara la actividad de pastoreo y la localización de la explotación que figuraba en la declaración PAC 2022 del titular era superior a 50 kilómetros, y contravenía la orden de la Consejería de Agricultura por la que se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería.
El jefe de la UDA trasladó a su superior, el jefe de la Sección Agraria Comarcal de Cervera de Pisuerga, la responsabilidad sobre esos expedientes. «Ante la falta de controles administrativos sobre el terreno en las actuales y anteriores campañas que pongan control y fin a dichas actuaciones, dejo en manos del jefe de SAC la resolución de los citados controles en el sentido que técnica o jurídicamente considere más ajustado a derecho y todas aquellas actuaciones, valoración y toma de decisiones que sobre dichos expedientes recaigan», indicaba.
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El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, resaltó el 17 de octubre en las Cortes y ha reiterado este 2 de noviembre en Valladolid que su departamento está colaborando estrechamente con la Fiscalía de la Unión Europea para esclarecer las posibles irregularidades que se hubieran podido cometer en la tramitación de ayudas de la PAC, y que además de contestar con rapidez a las peticiones de información, la Junta se ha personado en el caso.
El consejero Dueñas, en respuesta al procurador socialista por Palencia Rubén Illera, resaltó que el 24 de abril se recibió una comunicación por parte de la Fiscalía Europea solicitando la entrega de distinta documentación sobre solicitudes de la PAC de los años 2021 y 2022 por una investigación abierta. Además de entregar esta documentación el 5 de mayo, una semana después la Junta se personó en el caso.
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El consejero de Agricultura destacó que la Junta seguirá colaborando con la Fiscalía Europea para esclarecer los hechos y argumentó que no haría ningún tipo de valoración al estar abierta una investigación judicial, igual que lo ha hecho este jueves en Palencia el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo. Por su parte, Illera, además de reclamar al consejero de Agricultura que asuma responsabilidades, recaló que se trata de un asunto muy grave, ya que se investiga por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude y estafa y acusó a Dueñas de «formar parte de la trama corrupta en la concesión de ayudas de la PAC en Palencia al conocer los hechos y mirar hacia otro lado».
Además, acusó al consejero de «llegar tarde para limpiar la ciénaga» que se ha montado en la Consejería de Agricultura, y preguntó si se han realizado comprobaciones en las guías del transporte ganadero. «Lo que han hecho y han consentido en Castilla y León es muy grave, y su irresponsable actuación nos pasará factura», sentenció.
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Doble beneficio por los pastos
La Guardia Civil ha informado de que el fraude estaba encabezado por el jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que era el encargado, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración.
Coincide que la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja sentimental del referido jefe de la SAC, quien no realizó ninguna inspección de campo, en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la existencia de multitud de condicionantes de riesgo.
Además, el presidente de la junta vecinal, hermano del jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas).
Los ganaderos implicados recibían una cantidad anual, ilícita, que rondaba los 45.000 euros por solicitante, por simular pastar en unos terrenos cuando, realmente, el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas. Se ha podido demostrar además, que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC, eran reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España, los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia. De esta manera se obtenía un doble beneficio ilícito por los pastos, que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos.
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