La solución al conflicto de la calle Jardines se tambalea al necesitar otro acuerdo del pleno de Palencia

El equipo de gobierno debe otra vez conseguir el apoyo del pleno para otro aspecto de este mismo asunto, lo que se antoja extremadamente complicado después de las experiencias de las últimas votaciones relativas a cualquier detalle vinculado a la calle Jardines.

En esta ocasión, lo que se debe llevar al pleno es el plan de pagos al Estado, dado que será esta administración la que preste al Ayuntamiento los 26,8 millones de euros que debe pagarle a la Diputación para dar cumplimiento, tal y como ha ordenado el juzgado contencioso, al convenio urbanístico de la calle Jardines, que se firmó en el año 2010.

El Ayuntamiento, ante la falta de disponibilidad económica para afrontar un pago de 26,8 millones de euros, decidió recurrir a un fondo de créditos especiales que concede el Ministerio de Hacienda a las entidades locales para hacer frente a sentencias judiciales. Es un tipo de préstamo que no conlleva el pago de intereses, por lo que tiene una clara ventaja sobre los que pueden conseguirse en el mercado financiero.

Pero este crédito estatal también tiene sus particularidades. Debe ser aprobado por el pleno y, posteriormente, el Estado exige también un acuerdo plenario con respecto a la propuesta de pagos y devoluciones. Y aquí está de nuevo el problema para el Ayuntamiento de Palencia, dado que el equipo de gobierno no cuenta con mayoría en la corporación, está a falta de un voto, que últimamente le está costando demasiado encontrar.

El que ha sido durante la mayor parte del mandato su aliado natural, la formación Vox se ha separado en los últimos meses de prácticamente todas las decisiones del equipo de gobierno y aún más de las relativas a la calle Jardines, ya que no comparte en absoluto la solución pactada por el Ayuntamiento y la Diputación para zanjar el conflicto. Vox llegó a votar en contra de los presupuestos por incluir esta solución y solo ante la posibilidad de que se tuviese que votar una moción de censura que podría conducir a un gobierno de izquierdas se abstuvo durante la votación de la cuestión de confianza al alcalde, que solo de esta manera logró que se aprobasen las cuentas para 2022.

El otro apoyo que ha buscado el equipo de gobierno para la solución de la calle Jardines es el del grupo socialista, que se ha manifestado públicamente a favor del acuerdo pactado con la Diputación, al entender que es el menos gravoso para el Ayuntamiento.

Peor aun estando de acuerdo, el PSOE no está dispuesto a prestar su apoyo en esta nueva votación sobre el plan de pagos del crédito. Los socialistas se opusieron a los presupuestos en cuantas votaciones se han celebrado y han dejado muy claro que, aun compartiendo el fondo del acuerdo para la solución de la calle Jardines, quieren todavía introducir mejoras para los intereses del Ayuntamiento.

Porque este complejo acuerdo con el que se quiere dar solución al conflicto judicial incluye medidas como la cesión a la ciudad de una serie de parcelas en San Telmo y la titularidad de las instalaciones deportivas, además de la expropiación ya realizada de unos terrenos para completar el trazado de la calle Jardines.

Mientras, el Ayuntamiento debe pagar los 26,8 millones a la Diputación, de los que 17 y pico corresponden al justiprecio de la expropiación y el resto, algo más de nueve, a los intereses por el retraso en la ejecución del convenio.

La Diputación se ha comprometido a crear un plan de inversiones con esos 26 millones para mejorar infraestructuras en los municipios de la provincia y el acuerdo se estipula también la devolución a la ciudad de 9 de esos millones (la parte correspondiente a los intereses). El Ayuntamiento pretende que esa cuantía que verá revertida se destine de forma inmediata a amortizar la deuda contraída con el Estado y así rebajar el montante del crédito.

El PSOE, cuyo voto en el contexto actual, resulta imprescindible estima que es un buen acuerdo. Lo ha manifestado en diferentes ocasiones y su portavoz, Miriam Andrés, lo reiteró el pasado lunes en una rueda de prensa sobre comercio.

Sin embargo, no está dispuesta a entregar su apoyo al equipo de gobierno tan fácilmente. Ya lo ha anunciado, condiciona su voto a que la Diputación mejore las aportaciones que tiene previsto hacer en beneficio de la capital. Es decir, a esos nueve millones y pico que corresponden a los intereses y que van a revertir a la ciudad, el PSOE exige que se sumen otros tres millones de euros en inversiones directas sobre alguna infraestructura de la capital palentina que también pueda beneficiar al resto de la provincia. En este sentido, se ha puesto sobre la mesa, a modo de ejemplo, un arreglo integral del Camino de San Román, que es de titularidad de la Diputación, se encuentra en el término municipal de la ciudad y beneficia tanto a la capital como al resto de los vecinos de la provincia.

«El grupo socialista siempre ha visto con buenos ojos este fondo del Estado porque no genera intereses al Ayuntamiento y por lo tanto es bueno para las arcas municipales, pero también es verdad que el grupo socialista ha lanzado una contraoferta a la Diputación Provincial, que estamos esperando. Y yo confío en que podamos llegar a un acuerdo con la Diputación», manifestó Miriam Andrés.

La portavoz socialista, que se mostró muy crítica con el alcalde, Mario Simón (Cs), señaló también si finalmente se llega a este acuerdo será únicamente mediante una negociación particular entre el PSOE y los responsables de la Diputación, sin la intervención del equipo de gobierno. «Del alcalde no espero, créanme, nada, nada de ayuda en favorecer una solución que empuje un poco más allá de lo que ha ofrecido la Diputación Provincial en favor de esta ciudad. Así que yo solo espero que el grupo socialista y la Diputación puedan acordar 'in extremis' una solución que refuerce, a parte de esos nueve millones del fondo del patrimonio municipal del suelo, una inversión a mayores para la ciudad de Palencia, pero que también beneficie a toda la provincia en alguna de las titularidades provinciales», manifestó la portavoz socialista en el Ayuntamiento.

Miriam Andrés insistió en que el voto del PSOE al plan de pagos al Estado dependerá totalmente de esa negociación con la institución provincial. «Si la Diputación se aviene a introducir una nueva inversión en la ciudad con esos diez millones que tiene en el fondo que va a crear para los municipios, el grupo socialista dirá que sí, si no, se quedará sin plan de pagos», señaló la líder del PSOE, quien indicó que la otra opción es que el equipo de gobierno encuentre un socio en Vox. «Que busque la confianza de quien le está sujetando en la Alcaldía. ¿No dice el alcalde que es el único alcalde que puede gobernar en la ciudad? Pues adelante, que gobierne», ironizó.