El reciente cierre de sucursales acelera la exclusión financiera de los pueblos de la provincia de Palencia

El pasado 18 de marzo, los vecinos de ocho pueblos de la provincia vieron atónitos como Unicaja se llevaba rótulos, carteles, cajeros y hasta los muebles de las oficinas que habían tenido presencia en sus municipios durante décadas. Era el último paso de un proceso de desmantelamiento (en el argot bancario reestructuración) que viene de lejos, que empezó restando gradualmente días al servicio, dejando la gestión en manos de agentes comerciales, eliminando unidades móviles y cajeros y extendiendo municipio a municipio un cierre de sucursales que afecta especialmente a las zonas rurales.

Hasta la fusión con Liberbank, Unicaja Banco seguía siendo la entidad financiera con mayor presencia en Palencia con 16 oficinas (cinco en la capital y once en la provincia), 10 agencias financieras y 8 ventanillas desplazadas. Tras su fusión con Liberbank, el nuevo Unicaja Banco anunció un ERE para el 15% de la plantilla y el cierre de 395 sucursales de la red, 56 en Castilla y León, muchas en el medio rural, y once en Palencia, ocho de ellas en la provincia. Una cifra que se aleja cada vez más de las 73 sucursales que tenía la antigua Caja España en Palencia hace poco más de una década. La misma provincia que ha visto cerrar desde 2008 más del 60% de las oficinas bancarias instaladas en sus pueblos, dejando una ecuación difícil de resolver: exclusión financiera, población muy envejecida y brecha digital.

En marzo, localidades como Velilla del Río Carrión, Santibañez de la Peña, Cisneros, San Cebrián de Campos, Villada, Cevico de la Torre, Villaviudas y Lantadilla vieron desaparecer de sus calles la entidad con mayor implantación en este territorio, su caja de ahorros de toda la vida. En algunos casos, como en Velilla o Villada, siguen teniendo el colchón de otra entidad, pero hay municipios como Cisneros, Cevico de la Torre o Lantadilla que se han quedado sin nada. Pero tanto unos como otros, incluidos los clientes de la capital, donde también se han cerrado tres sucursales, comparten un sentimiento generalizado de abandono y agravio por parte de la entidad financiera a la que han sido fieles toda su vida. «Es una sensación de abandono total y un ataque total a los habitantes de los pueblos cuyo dinero sirvió para ayudar a los rescates durante las crisis bancarias», señala Rosa Aldea, alcaldesa de Cisneros, que pone el foco en las personas mayores que «han sido engañadas y abandonadas por la oficina bancaria de su confianza de toda la vida» y lamenta que la nueva filosofía de las cajas se base en la rentabilidad pura y dura.

Para evitar el cierre los alcaldes, que se enteraron pocos días antes, recogieron firmas, se reunieron con responsables de todas las administraciones, escribieron a la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño y pidieron a Unicaja que no les dejara sin sucursal, y que si lo hacía, al menos les ofreciera un agente colaborador o como mínimo un cajero automático. Pero ni eso. «Nos han ido dando largas cuando ya tenían la decisión tomada y ninguna voluntad de hacer nada», señaló la alcaldesa de Velilla del Río Carrión, Belinda Mencía. «Nos han estado engañando todo el tiempo, no nos han dejado margen de maniobra», añadió Rosa Aldea sin poder poner límite a la indignación que sienten los vecinos de Cisneros que tenían una sucursal que pasó de depender de Villada a depender de Sahagún, al igual que Villada, donde el pasado 18 de marzo Unicaja también echó el cierre. «Nuestros vecinos no se merecen el trato que les dan las mismas entidades que han crecido gracias a sus ahorros», señaló el alcalde de Villada, Manuel Gañán.

Rentabilidad

Estos pueblos son las últimas víctimas de una política bancaria que solo busca rentabilidad, pero no han sido los primeros, antes fueron Monzón de Campos, Ampudia o Dueñas. Y previsiblemente tampoco serán los últimos. «El mayor problema es que se vayan sumando otros pueblos y otras entidades y nos dejen a los pueblos totalmente aislados económicamente», señala el alcalde de Villada, un municipio que puede considerarse «afortunado» porque, a pesar del cierre de Unicaja, siguen teniendo abierta una sucursal de Cajamar y un agente colaborador del Banco Santander.

Sin embargo, la marcha de Unicaja les ha dejado tan tocados como a otros, porque la mayor parte de los vecinos tenían abierta una cuenta con la caja desde hace décadas. «Es lamentable», señala el alcalde, mientras relata el caso de una maestra del pueblo que tenía todos sus ahorros en Unicaja, desde que abrió la cuenta para ingresar su primera nómina, hasta ahora que lleva años jubilada y tendrá que cambiar de entidad.

En Velilla se han quedado solo con un agente colaborador del Banco Santander que abre tres días a la semana y un cajero 4B, y desde el pasado 18 de marzo la mayoría de los vecinos – entre el 80% y el 90% tienen cuenta en la entidad– tienen que ir a Guardo a hacer sus gestiones y a sacar dinero porque en el cajero de la otra entidad tendrían que pagar comisión. No solo ellos, también los vecinos de Santibáñez de la Peña y de todas las pedanías que dependen de estos municipios, y los que ya había en Guardo, lo que «está provocando unas colas tremendas para la mínima gestión», afirma Mencía. Al margen de un empeoramiento en el servicio, porque cada vez hay menos trabajadores para atender a más clientes. Pero es que además hay muchas personas mayores que no pueden desplazarse, porque tienen dificultades de movilidad o porque simplemente no tienen coche o familiares que les lleven.

Por todo, los alcaldes no se resignan a que la restructuración bancaria se vuelva a llevar los derechos de sus vecinos y piden a la Diputación primero y a la Junta de Castilla y León también, que lideren la búsqueda de soluciones «urgentes» porque los vecinos de estos municipios no pueden esperar más.

Precisamente, el pasado 31 de marzo la Diputación de Palencia aprobaba una modificación de créditos para destinar 60.000 euros a gastos de colaboración con entidades o empresas que fomenten la inclusión financiera, especialmente en el medio rural. Una cantidad que se detrae de la partida genérica de actuaciones frente a la exclusión financiera en el medio rural incluida en el presupuesto de este año (250.000 euros) y que se habilita para poder tramitarse como subvención para paliar la reducción de oficinas abiertas al público en zonas rurales.

Petición institucional

Además, el Pleno de la Diputación acordaba instar a Unicaja a reconsiderar el cierre de sucursales en la provincia, alegando que «ahonda en la exclusión financiera de esas localidades» y pedía que proponga soluciones para prestar servicios bancarios en el medio rural. Una cuestión que se hará extensible al resto de entidades financieras que operan en la provincia. Y días antes la presidenta de la institución y la vicepresidenta, Ángeles Armisén y María José de la Fuente, se reunían con la directora territorial de Unicaja, Marga Serna, y el director de la entidad para la zona de Palencia y Burgos, Joaquín Julio García, para estudiar soluciones y alternativas al cierre de sucursales y cajeros que podrían pasar por oficinas móviles y cajeros automáticos, además de ofrecer colaboración para hacerlo viable.

 Sin embargo, «a día de hoy no hay ninguna solución», señala Mencía que pide una mayor implicación a la Diputación y menos «declaraciones de intenciones» porque urge una solución inmediata para los afectados. En su opinión una oficina móvil que acuda al municipio un día a la semana no resuelve el problema y los cajeros multiservicio pueden ser complicados de manejar para las personas mayores e incluso tener problemas de conectividad en municipios como Cardaño de Abajo «donde la cobertura es muy mala».

Los alcaldes son conscientes de que es difícil, pero se inclinan más por lograr la implantación de otra entidad más comprometida con el territorio que preste un servicio personalizado. «Sabemos que la Diputación está hablando con alguna entidad para que dar una solución a los pueblos que se han quedado sin servicio bancario», señala el alcalde de Villada.

Rosa Aldea asegura que la solución pasa por actuar de forma conjunta, ayuntamientos, diputaciones, Junta y Estadp para llegar donde no llega la empresa privada y seguir prestando un servicio esencial en los municipios. «Nosotros podríamos facilitar el local para instalar un cajero automático y hacer cursos de formación para las personas más mayores», señala Aldea, que insiste en que, los ayuntamientos están dispuestos a arrimar el hombro pero tiene que ser una institución como la Diputación la que lidere una solución, ya sea estableciendo un convenio con alguna entidad bancaria, recurriendo a Correos, con unidades móviles, o cajeros automáticos multiservicio.

• Temas
• Unicaja
• Diputación de Palencia
• Banca online