Quince años de una catástrofe que hizo temblar a Palencia

Muchos de ese centenar largo de perjudicados, vecinos procedentes de los diez bloques de viviendas ubicados de la calle Gaspar Arroyo, sabían que tardarían en volver a sus casas. Los técnicos de Incosa, empresa contratada por el Ayuntamiento de Palencia para el estudio de los daños en las estructuras de los bloques de viviendas afectados por la explosión de gas, decidieron que los inmuebles 3, 5 y 7 no fueran también demolidos, pero sí sometidos a una profunda rehabilitación debido a los graves daños sufridos. En el resto de los inmuebles –el 1, 8, 9 y 10–, las inspecciones para ver los daños estructurales continuaron hasta asegurarse de que los vecinos pudieran volver a sus viviendas.

La Junta y el Ayuntamiento de Palencia perfilaron la reconstrucción de los tres edificios de la calle Gaspar Arroyo derruidos y trabajaron con celeridad en la búsqueda de fórmulas técnicas y jurídicas para permitir modificar el Plan General de Ordenación Urbana, por entonces en tramitación, y poder reconstruir los bloques 2, 4 y 6. Y el Ministerio de la Vivienda comprometió la financiación del 50% del presupuesto necesario para reedificar los bloques. Tras un concurso de ideas, el proyecto ganador fue entregado a la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento de la Junta para que lo supervisase y lo cediese a Gical para iniciar los trámites de licitación y de adjudicación de las obras de reconstrucción de los bloques derruidos.

El 25 de septiembre de 2008, los vecinos de la calle Gaspar Arroyo se despertaron con la agradable vista de las primeras máquinas trabajando en el solar vacío que dejaron los bloques números 2, 4 y 6 tras la trágica explosión. La obra, promovida por la empresa Gical, que dependía de la Junta, y efectuada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), tenía un presupuesto de 2,7 millones de euros, cantidad adelantada por la sociedad pública, aunque con la intención de recuperar la inversión con las aportaciones de los seguros comunitarios y particulares referidos al continente de las viviendas desaparecidas y con las indemnizaciones judiciales.

Tres años y dos meses después de la explosión de gas, el 1 de julio de 2010, el grueso de las familias afectadas por la tragedia recogieron las llaves de sus nuevas casas en la Delegación Territorial de la Junta. Volvían a su calle, a Gaspar Arroyo, antes de que conocieran la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palencia de archivar la investigación seguida para determinar si existían indicios penales en la actuación de la empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones de gas. Los afectados recurrieron a la Audiencia para sentar en el banquillo a algún responsable de la explosión, pero en junio de 2011, el alto tribunal archivó definitivamente las diligencias. El auto judicial cerraba definitivamente la posibilidad de un juicio penal, aunque dejaba abierta la puerta a la jurisdicción civil para que los afectados reclamasen las indemnizaciones oportunas.

El 16 de octubre de 2017 arrancaba el juicio civil por la explosión de gas y seis meses después, el 12 de abril de 2018, la magistrada en ese momento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia, Nuria García Gil, dictó una sentencia en la que condenaba a Gas Natural y a la compañía aseguradora Mapfre al pago de casi siete millones de euros (6.963.437) en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios. En la sentencia, la jueza entendía que no existían pruebas de que la explosión se debiera a una bombona de butano y consideraba que la causa principal fue una fuga en la válvula de acometida al edificio número 4 de la calle, en concreto en la unión con el tubo de polietileno.

Desde entonces, la actividad de la asociación de afectados creada tras la explosión ha bajado, si bien sigue dada de alta «porque nos llaman para que les asesoremos en otros casos en que ha habido explosiones de gas, como en el de la parroquia de la Virgen de la Paloma en la calle Toledo de Madrid», señala José Luis Ainsúa, presidente del colectivo.

«No tenemos de momento intención de dar de baja la asociación por esta razón, y porque no tiramos la toalla con respecto a los 1,5 millones de euros que cobró el Ayuntamiento sin que le correspondiera y que pedimos que se emplease en beneficio de los palentinos, pero no ha hecho nada», agrega Ainsúa, muy descontento también con el Consistorio porque todavía no se haya arreglado la placa en recuerdo de las víctimas que se colocó en las Huertas del Obispo y que fue víctima de un acto vandálico.