Palencia

El proyecto de la Dársena se aplaza hasta después de las elecciones

Esto implica que será ya una corporación diferente la que tenga que pronunciarse sobre esta propuesta de ordenación urbanística y residencial para la zona de la Dársena, puesto que este era el último pleno con contenido del mandato antes de que se celebren las elecciones del domingo 28 de mayo.

Momentos antes del pleno, un grupo de opositores al proyecto, agrupados en torno a la plataforma Salvemos la Dársena, se concentraba ante las puertas del Ayuntamiento, con el fin de expresar su rechazo a la modificación urbanística a los concejales de los diferentes partidos que iban llegando hasta la Casa Consistorial para participar en la sesión. Solo faltó el edil de Obras, Facundo Pelayo, convaleciente por enfermedad, pero que pudo participar en el pleno de forma telemática.

El portavoz de Salvemos la Dársena recalcó que este movimiento no se encuentra radicalmente en contra de la construcción de viviendas en esa zona, sino que rechazan el modelo de ordenación de los edificios y viarios que propone la familia propietaria de los terrenos. Se trata de una propuesta que combina casas unifamiliares y bloques de hasta cuatro alturas a ambas márgenes del ramal del Canal de Castilla, con la posibilidad de construir casi trescientas viviendas.

Y dado que la propuesta no se rechazó de forma definitiva, sino que se sacó del orden del día, aplazándose la aprobación para un pleno posterior, el portavoz de los vecinos animó a los integrantes de Salvemos la Dársena a no cesar en sus movilizaciones, «porque nos va a tocar seguir luchando en el futuro», indicó.

Mientras, en el pleno, los grupos políticos exponían sus diferentes postulados en torno a la urbanización de la margen derecha del Carrión. Y posiciones coincidentes en el voto no lo eran tanto en las argumentaciones, en algunos casos diametralmente diferentes. Así, mientras Ganemos dejaba clara su postura en contra de cualquier tipo de urbanización residencial en la margen derecha del Carrión, abogando por preservarla como espacio natural, Vox sí propugnaba la construcción de viviendas al otro lado del río, aunque recalcaba, en la franja situada entre el Camino de San Román y el Canal de Castilla. Y tampoco se mostraba contraria a una relativa urbanización de los entornos de la dársena y el ramalillo, pero sí rechazaba diametralmente la propuesta de ordenación del suelo que se debía debatir en el pleno.

Sonia Lalanda, portavoz de la formación derechista, basaba fundamentalmente su argumentación en el caos circulatorio que se producirá en la zona si se construyen las viviendas previstas. «El paseo de Faustino Calvo es ya una ratonera», argumentó para reseñar que el Puente Mayor es la única entrada natural al barrio, que ya está congestionada de tráfico, puesto que además de los vecinos y de la salida hacia León también se encuentran en esta parte de la ciudad grandes fábricas, como Seda, o un complejo hospitalario como San Juan de Dios. «Es una gran temeridad», recalcó, para manifestar también que con el aplazamiento se puede abrir una vía de negociación con los propietarios del terreno, a los que reconoció su derecho a construir. La portavoz de Vox señaló que se puede intentar convencer a los promotores del proyecto de modificar el diseño constructivo de las zonas más próximas a la Dársena y el Canal, indicando que se puede además compensarles si hay alguna renuncia, con aprovechamientos urbanísticos en otras zonas de la ciudad, incluida la margen derecha. «Se pueden preservar los derechos de los propietarios y al mismo tiempo preservar esta zona natural, aligerando de construcciones la zona de la Dársena y el Canal. Esto permitiría además crear nuevos viarios que redujeran el colapso del tráfico», señaló Sonia Lalanda, quien fue muy insistente en que se elabore un verdadero estudio de tráfico para la zona.

Esa vía de la futura negociación con los propietarios es la que también defiende el PSOE, quien manifestó que si su grupo alcanza el gobierno municipal tras las elecciones, se verán facultados para abrir un proceso de negociación con la propiedad para plantear una ordenación diferente del terreno. Los socialistas indicaron que hay que poner sobre la mesa el interés general de la ciudad de preservar esa zona natural, lo que sería un argumento favorable al Ayuntamiento en el caso de que el conflicto derivase en una demanda judicial.

La portavoz socialista recordó que es competencia del Ayuntamiento la ordenación urbanística y criticó que este caso se haya dejado completamente en manos de los propietarios. «Reconozco que todo es legal y que la propiedad tiene todo el derecho a edificar, pero el problema que es ustedes desde la Concejalía de Urbanismo han trabajado muy poco en planificar la ordenación urbanística. Se podían haber sentado con la iniciativa privada y haber planteado una ordenación que no condene al barrio de Allende el Río a seguir de espaldas a la ciudad», manifestó Miriam Andrés, quien insistió en que otra ordenación que garantice la conservación natural de la zona y al tiempo los derechos de edificabilidad de los propietarios es posible. «Se puede, nuestro grupo ya presentó unas alegaciones en las que así lo reflejábamos y fueron desestimadas», manifestó la portavoz socialista.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Luis Fernández Vallejo, del PP, insistía en que se trata de una propuesta de planificación urbanística ajena al equipo de gobierno, sino que procede de una iniciativa privada, a la que amparan sus derechos desde la aprobación del Plan General de 2008, «cuando gobernaba en el Ayuntamiento el Partido Socialista, que es el que recalificó los terrenos y los transformó en urbanos», recalcó Luis Fernández Vallejo.

El concejal popular insistió en que los propietarios tienen derecho a construir en la zona y si el Ayuntamiento se niega incurriría en una ilegalidad. Este fantasma de un posible recursos judicial estuvo detrás de las argumentaciones de la mayor parte de los grupos políticos, por lo que fueron continuas las invitaciones a la negociación con los propietarios para evitar esas demandas ante los tribunales, después de experiencias tan negativas para las arcas municipales con las sentencias del Sector 8 o de la calle Jardines.

Luis Fernández Vallejo insistió en que el documento cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos elaborados por los servicios del Ayuntamiento y manifestó además que se había estado en contacto con la Asociación de Vecinos para conocer si había quejas, que no habían llegado a este colectivo. También señaló el concejal de Urbanismo que se han mantenido encuentros con los propietarios para rediseñar en diferentes ocasiones la ordenación urbanística para ser más respetuosa con el entorno natural, además de haberse renunciado a una parte de la edifcabilidad. «Cumple con la normativa, tiene todos los informes técnicos y jurídicos favorables y por eso, se tramita. Además, se han ido pidiendo modificaciones, y ha cambiado mucho, pero no podemos imponer nuestro criterio a unos propietarios privados», manifestó el edil, quien, sin embargo, reconoció que a él personalmente hay aspectos que no le gustan. También indicó que comprendía las inquietudes relativas a posibles problemas de tráfico, pero recalcó que no hay otra solución, puesto que no se puede construir la circunvalación que se planteaba en el Plan General de Urbanismo, puesto que iba asociada a dos sectores urbanísticos que no han sido autorizados por la Confederación del Duero por el riesgo de inundaciones.

Una postura similar a la del PP mantuvo su socio de gobierno, Ciudadanos, que tuvo en la figura del alcalde, Mario Simón, a su portavoz para esta cuestión. El regidor indicó que el proyecto cumple con la normativa e insistió en que una negativa del Ayuntamiento a aprobar el proyecto supondrá una demanda judicial de los propietarios. Por ello, criticó duramente la actitud de Vox, que votó de forma favorable en la aprobación inicial, se abstuvo en la comisión y anunció un voto desfavorable en la aprobación definitiva, si finalmente se realizaba la votación. «Esto no es serio», señaló extendiendo la crítica al resto de los grupos, al PSOE por haber aprobado el Plan General en 2008, en la que se recalificaban los terrenos como urbanos y ahora votar en contra, y a los populares por haber cambiado su voto en propuestas como la de las terrazas. E incluso en este mismo tema, dado que finalmente el PP, que había votado sí al proyecto inicial, se abstuvo cuando se pidió que quedase sobre la mesa. De esta forma, fue Ciudadanos el único grupo que quiso mantenerse firmen en la defensa de la propuesta para que siguiese adelante la tramitación en el pleno y se votase la aprobación definitiva del PERI 5. «Han hecho un ejercicio de cobardía y de ambigüedad», criticó Mario Simón, recordando que lo que se ha producido finalmente es un aplazamiento para que sea otra corporación municipal la que tenga que tomar una decisión. «Somos concejales hasta el último día», recordó.