Los propietarios de los terrenos de la Dársena podrán construir las viviendas

Un apoyo abrumador sobre el papel, pero lleno de matices si se atiende a las intervenciones que efectuaron los representantes de los diferentes partidos políticos en el transcurso del pleno. Porque a tenor de las palabras, todo indica que ese proyecto aprobado con tan amplia mayoría, no le gusta realmente a nadie, ni siquiera a los grupos políticos que lo apoyaron.

Puede resultar sorprendente, pera esta realidad es una constante en muchas de las decisiones de carácter urbanístico que se adoptan en los ayuntamientos. Los asuntos vinculados al urbanismo son casi siempre «reglados», tal y como reconocían los diferentes portavoces municipales, y están sometidos a un intenso control normativo, que deja poco margen de maniobra a las interpretaciones subjetivas. Y esto es lo que ha ocurrido en este proyecto. El diseño urbanístico del PERI 5 planteado por los propietarios de los terrenos es plenamente legal, se ajusta por completo a las directrices legales, cuenta con todos los informes favorables preceptivos y su único problema es que no gusta a los vecinos ni a los responsables políticos del Ayuntamiento de Palencia, pero se ajusta a derecho y eso es lo que finalmente se ha votado en el pleno, tal y como recordaban insistentemente los portavoces del PP, Víctor Torres, y del PSOE, Álvaro Bilbao.

Ha sido un debate plenario sorprendente, primero, por la autorización por parte de la alcaldesa, Miriam Andrés, a la intervención de un portavoz de la plataforma Salvemos la Dársena antes de que los concejales iniciasen sus exposiciones. La representante del grupo opositor expuso sus argumentos contrarios a la aprobación, recalcó la libertad de los ediles para votar en conciencia si no estaban de acuerdo con el proyecto y rechazó que los propietarios hubiesen ya adquirido unos derechos patrimoniales solo por haber logrado que su proyecto recibiese la aprobación inicial por parte del Ayuntamiento.

Así, siguiendo un modelo completamente inusual en los plenos palentinos, el debate político se inició tras la participación ciudadana, pero finalmente, ni siquiera esta intervención de Salvemos la Dársena fue suficiente para cambiar el sentido del voto de ninguno de los concejales y el PERI 5 resultó aprobado por una amplia mayoría, y eso que se votó nominalmente, es decir uno a uno de los 25 concejales y por orden alfabético, en lugar de que se ofreciese el voto colegiado de todo el grupo político, como resulta habitual en los plenos.

Este cambio en la fórmula de votación respondió a una petición de IU-Podemos, que intentaba forzar alguna deserción entre los concejales, bien del PSOE o bien del PP, dado que públicamente muchos de los ediles se han manifestado en contra del diseño urbanístico que iba a votarse. Pero no hubo bajas en ninguno de los grupos y todos, uno a uno, según iban siendo llamados mantuvieron la disciplina de voto.

El debate resultó intenso, con acusaciones cruzadas de culpabilidad de unos grupos a otros. No importaba que finalmente fueran a votar que sí, o a abstenerse, todos parecían querer dejar claro que el proyecto no iba con ellos, que era responsabilidad de otro el hecho de que finalmente hubiese llegado al pleno y que ya no quedaba otra posibilidad que la de apoyarlo, aunque no se compartiese el contenido.

Porque hay dos aspectos que no convencen a los grupos políticos y que los propietarios de los terrenos no han querido modificar, argumentando que cumple con todos los parámetros legales, ha recibido todos los informes técnicos y jurídicos favorables y el Ayuntamiento tuvo tiempo más que de sobra en 12 años para incorporar posibles correcciones y no lo hizo. Esos aspectos controvertidos hacen referencia, por un lado, al tráfico, ya que se trata de una zona que soporta una elevada afluencia de vehículos, que se concentran en unos pocos cruces que se convierten en cuellos de botella, como el Puente Mayor («una ratonera», lo ha llegado a definir Vox), y la edificación de viviendas en altura, puesto que el proyecto incluye edificios de hasta cuatro plantas, y desde diferentes grupos políticos se aboga por la reducción de esa edificabilidad a solo viviendas unifamiliares, algo también descartado por los propietarios.

«Cumple escrupulosamente con el criterio de legalidad, estemos de acuerdo o no, nos guste o no. Y no podemos olvidar que el interés general pasa también por el cumplimiento de la legalidad», argumentaba el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, del PSOE, para justificar un voto favorable, que, según reconocía, no le gustaba, en un proyecto «manifiestamente mejorable». El edil quiso también rebajar la posible alarma social y recordó que el proyecto incluye la creación de 21.000 metros cuadrados de zona verde y que habrá una franja de treinta metros de protección entre el ramal del Canal y las viviendas

Como él, el portavoz del PP, Víctor Torres, insistía: «tenemos que velar por la legalidad, en un proyecto que cuenta con todos los informes favorables y es inmaculado», al tiempo que reprochaba a los socialistas haber creado falsas esperanzas a los ciudadanos con respecto a una mejora del proyecto con una negociación que finalmente no tuvo ningún efecto.

Mientras, la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, justificó la abstención en su rechazo al proyecto, fundamentalmente por los problemas de tráfico no resueltos, y reconoció que si su voto hubiera sido determinante, habría sido favorable, dado que entendía las repercusiones negativas para el Ayuntamiento en un acto reglado como son los asuntos urbanísticos. Pero al conocer que ya se contaba con los votos suficientes para la aprobación, Lalanda indicó que los ediles de Vox se abstendrían, para que «la responsabilidad social de la decisión recaiga en los grupos del PP y del PSOE que son los que nos han traído aquí».