La paralización de la Justicia merma «en un 50%» los rendimientos de los abogados

«No hay tramitación ni resolución. Se impide el trabajo del profesional y se vulnera el derecho del ciudadano a la tutela judicial efectiva», señala el decano del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa, que cifra en más del 50% la merma en los rendimientos económicos de los abogados «en lo que llevamos de año». «Son seis meses en los que no se está facturando, hay veces en que hay dos y tres suspensiones del procedimiento. El despacho que vive del procedimiento es el que peor lo está pasando porque su trabajo depende de que el engranaje funcione», añade Miguel Hermosa. «En algunos casos la situación es insostenible, porque trabajo entra, pero no se cobra», subraya el decano del Colegio de Abogados de Palencia.

«Desafortunadamente, desde que la mayoría de nosotros tenemos uso de razón, se habla de 'la crisis de la Justicia'. Así, en singular. Como si fuera consustancial al propio servicio que la Justicia presta a la sociedad. Y es que, la Justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo suficiente, sea cual fuere el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómicos. Por eso precisamente no ha existido aún una legislatura en nuestra democracia en que se haya apostado por la modernización de este servicio público, como si las ha habido claramente para la educación, o la sanidad, que, con la Constitución, nuestros poderes públicos se han afanado en crear y consolidar», se añade en un comunicado desde el Colegio de Abogados de Palencia. «Las iniciativas de cambio impulsadas hasta la fecha no han gozado de suficiente voluntad política o han perecido por la falta de visión de Estado o de mero sentido institucional, incluidos los vaivenes del cortoplacismo político», apostillan.

«Cuando los expertos apuntan que nuestro país acaba de recuperar buena parte de los indicadores económicos que teníamos en 2019, la Justicia vive uno de sus peores momentos del periodo democrático, paralizada desde hace meses por sucesivas huelgas y sin implantar las medidas de transformación proyectadas en las conferencias sectoriales de Justicia ni de los proyectos de ley que en estas se habían consensuado y que ya habían llegado al Congreso de los Diputados, cuya tramitación ha sido truncada por el adelanto electoral», concluyen.