Ordenan el desalojo de okupas de un inmueble de Casado del Alisal de Palencia y la restitución a su titular

Un auto de medida cautelar del Juzgado de Instrucción Número 7 de Palencia ha acordado el desalojo y restitución de un inmueble situado en el número 11 de la avenida Casado del Alisal (pisos primero izquierda y derecha, y segundo izquierda) a su legítimo titular, así como la totalidad de las zonas comunes, pudiendo recuperar el acceso al portal. En ese auto, el juzgado pide que se notifique la resolución a la Policía Local para que «adopte las medidas que tenga por oportunas para el cumplimiento de la medida».

Los hechos se remontan al 5 de febrero de 2020, cuando la mercantil Duhelqui S.L solicitó en el juzgado la medida cautelar urgente de desalojo y restitución del inmueble, poniendo de manifiesto la existencia de ocupantes en el inmueble que habrían procedido a cambiar la cerradura que da acceso al portal, impidiendo el acceso a la propiedad al edificio en su totalidad.

«La presente causa penal se instruye por la presunta comisión de diversos hechos que inicialmente aparecen tipificados como delito de usurpación de inmueble del artículo 245 del Código Penal y allanamiento de morada del artículo 202 del mismo texto legal y concordantes (defraudación del fluido eléctrico del artículo 255 del Código Penal), por lo que ninguna duda cabe en relación a la incardinación de los delitos investigados dentro de los supuestos prevenidos en el capítulo V del Código Penal dedicado a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico», recoge el auto, en el que figura como acreditada (tanto por la nota simple del Registro de la Propiedad como mediante escritura pública), la propiedad de la entidad mercantil Duhelqui SL sobre varios pisos del inmueble ocupado.

«La medida cautelar resulta proporcionada atendiendo no solo a la gravedad penal de los hechos delictivos objeto de la presente causa, sino también al 'periculum in mora' en caso de su no adopción, al existir un doble riesgo que indica el Ministerio Fiscal: por un lado, que los ocupantes deterioren el inmueble y defrauden el fluido eléctrico, como vienen haciendo según los atestados y denuncias que constan en autos, y por otro, el edificio amenaza ruina y se está obstaculizando la necesaria actuación de la titular del inmueble para llevar a cabo las medidas de derribo o de refuerzo del mismo, que se han iniciado conforme al informe de la ITE de 2016 de Memoria del Proyecto de derribo.

«Incluso se ha solicitado ya la licencia al Ayuntamiento para proceder al mismo, apareciendo acreditado el riesgo para sus ocupantes y terceros, dada la situación de precariedad en la que se encuentra el inmueble que no reúne las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad», concluye el auto.