La oposición bloquea las subidas de impuestos y de todas las tasas que afectan a las familias

Y aprobación, lo que se dice aprobación, hubo poca. Un gran número de epígrafes de este normativa, que marca lo que deben pagar los ciudadanos por los impuestos locales y por la prestación de los servicios del Ayuntamiento, se habían quedado ya fuera del debate antes incluso de que se convocara la sesión plenaria. Todo aquello que en las negociaciones previas había quedado claro que no se aprobaría, ni siquiera se llevó al debate. Esto supone que todos esos apartados se congelan y mantienen los mismo tipos impositivos o las mismas tarifas que se aplican en este 2024. Y tampoco se modifican todos aquellos que se votaron en contra, que no fueron pocos, algunos de vital importancia para la previsión de ingresos que se había marcado el equipo de gobierno municipal del PSOE.

El resumen en cifras puede resultar engañoso, puesto que salieron adelante 21 modificaciones de las más de treinta ordenanzas que forman parte del documento. Pero son, en general, aquellas que no afectan directamente al conjunto de los ciudadanos o a las familias y salieron adelante porque su incremento, en prácticamente todos los casos, se limitaba al aumento del IPC. En estos casos el PSOE consiguió el apoyo del PP, de IU-Podemos y del concejal no adscrito Ricardo Carrancio.

Por su parte, los grupos de Vox y Vamos Palencia mantuvieron hasta casi el extremo su decisión de votar no «a todo», tal y como avanzó durante el debate el portavoz de la formación localista, Domiciano Curiel. Y su grupo lo cumplió, hasta para el epígrafe relativo a la aprobación de los listados de calles por categorías, lo que provocó hasta la sonrisa a la alcaldesa, Miriam Andrés, en una sesión en la que lo que menos le apetecía era sonreír. Vox no llegó a ser tan drástico y se abstuvo, como el PP, en la nueva tasa para recarga de coches eléctricos y no se opuso a los listados de calles. Pero en el resto su voto fue no.

Y los tres votos negativos de Vamos Palencia, más los dos de Vox y los ocho del PP, que suman trece, fueron los que impidieron que la mayor parte de las propuestas de enjundia, las que podrían aportar mayores ingresos a las arcas municipales, quedasen o bloqueadas de antemano, como ocurrió con todos los impuestos o las tasas de agua y alcantarillado, que ni siquiera se discutieron. Y ese bloqueo con voto negativo afectó finalmente a dos de las tres nuevas tasas que se querían establecer. Se aprobó la de recarga de vehículos, pero se rechazaron la de basuras y la de prestación de licencias ambientales.

El voto en contra se extendió a otras tasas como el transporte urbano, la celebración de matrimonios en el Ayuntamiento, las actuaciones de los bomberos, el aprovechamiento del dominio público (aquí figuran los vados, las terrazas de hostelería o los puestos de la feria, entre otros), además de todas las instalaciones deportivas.

De esta forma, el equipo de gobierno no conseguirá el próximo año aumentar los ingresos en la cuantía suficiente para asumir el coste de los servicios que presta a los ciudadanos, según insistió en varias ocasiones el concejal de Hacienda, puesto que los incrementos extraordinarios previstos por tasas como las del agua y el alcantarillado, el transporte urbano, las instalaciones deportivas o la de basuras han quedado descartado, como también los previstos por impuestos como el de Actividades Económicas o el de vehículos, también congelados.

La única tabla de salvación que le queda al equipo socialista es el incremento derivado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), porque, aunque el tipo impositivo que fija el Ayuntamiento también se congela, la recaudación sí se verá aumentada en cerca de 600.000 euros, debido a que se ha actualizado los valores catastrales de los edificios en la ciudad de Palencia, lo que se conoce como el 'catastrazo' y que implica que este tributo se dispare.

Y hasta aquí el incremento de ingresos (los 600.000 del IBI) para un año 2025 en el que el Ayuntamiento verá su situación complicada con la necesidad de amortizar 2,5 millones de euros del préstamo de la calle Jardines y con un continuo aumento del coste de los servicios, que el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, reconoció no saber cómo afrontar tras el bloqueo de la oposición a cualquier subida, lo que le llevó a reprocharles «falta de lealtad institucional», además de criticarles que se escuden detrás de un 'no' sin ofrecer soluciones a cambio.

En este sentido, Carlos Hernández recalcó que sin la subida prevista del agua y el alcantarillado no se podrán asumir los dos millones de euros de diferencia que hay entre el coste del servicio y lo que se recauda. Y también mostró su preocupación por el gasto de 5 millones que supone el servicio de basuras.

Y fue en este ámbito, el de la recogida de basuras sobre el que gravitó la parte sustancial del debate, puesto que sobre la mesa estaba la aprobación de una nueva tasa, basada en el principio de que quien contamina, paga, pero que finalmente no salió adelante. Era para el equipo de gobierno el aspecto más importante, puesto que se trata de adecuar las ordenanzas fiscales a una nueva ley estatal que responde a directrices europeas sobre gestión de residuos. El Ayuntamiento debe tener aprobada una ordenanza que se ajuste a la nueva ley estatal antes de abril y con la decisión de este viernes, la ciudad seguirá por el momento sin ajustarse a la normativa dictada por el Gobierno.

Esto molestó enormemente al concejal de Hacienda, quien focalizó su enfado en el PP, al estimar que no hacen una oposición leal a pesar de haber tenido la responsabilidad de gobernar el Ayuntamiento en otras ocasiones. «Estáis empujando al Ayuntamiento a la rebeldía», les espetó a los populares, al tiempo que les indicó que «creía que erais un partido serio, pero ahora veo que os importa un pito la ley. El Ayuntamiento no va a cumplir la ley y es el Partido Popular el que lo ha decido al votar no», recalcó Carlos Hernández, visiblemente enojado.

Aunque no fue el PP el único grupo que votó en contra, lo hicieron también Vamos Palencia, Vox y el concejal no adscrito, Ricardo Carrancio. El argumento general fue el mismo, el modelo de aplicación del principio de que quien contamina, paga, no se cumple con justicia con la propuesta de ordenanza planteada por el equipo de gobierno, ya que, ante la falta de sistemas de medición de los residuos que se generan en un domicilio, la cuota se calcula en función del agua que se consume. «Busquen otro criterio» les indicaban desde la oposición, al tiempo que portavoces como los del PP y de Vox señalaban que ni los informes elaborados por los servicios jurídicos municipales respaldan el modelo de ordenanza que se quería aprobar. Mientras el PP se defendía, «hemos votado no a su ordenanza. Ahora tienen de plazo hasta abril para aprobar una nueva, pónganse a trabajar y negociemos», indicó Víctor Torres.

Sin la aprobación de esta nueva ordenanza fiscal sobre la recogida de basuras, seguirá en vigor, cuando arranque 2025, la que se ha aplicado este año 2024, que supone una tasa de 36,03 para cada vivienda familiar. El equipo de gobierno pretendía aprobar una tasa con dos conceptos, una cuota fija de 36,10 euros y una tarifa tipo anual de 0,28 euros por cada metro cúbico de agua consumida. Con ello se cumpliría el doble objetivo de ajustarse a la normativa estatal, así como conseguir los fondos suficientes con los que financiar el coste del servicio, algo que con los 36,03 euros actuales no se consigue.

El pleno continuó entre 'dimes y diretes', con acusaciones cruzadas entre el concejal de Hacienda y los portavoces de los restantes grupos, aunque también entre unos partidos de la oposición y otros. Desde increíbles declaraciones, como la del socialista Carlos Hernández retando a la edil de Vox Sonia Lalanda a ver cuál de los dos era más liberal en materia fiscal a reproches desde IU-Podemos al PSOE por elegir siempre pactar las políticas económicas antes con los grupos de derechas que con su formación. «Son ustedes un partido obrero y socialista», les recordaba Rodrigo San Martín.