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«Adaptar el planeamiento a la práctica diaria y realidad del municipio, clarificando y solucionando los problemas que han ido surgiendo con su aplicación», ... según expone en el documento la propia jefa del Servicio Municipal de Planeamiento Urbanístico, es el principal objetivo que se persigue con la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia que impulsa el actual equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) y que ya ha superado su aprobación inicial en el pleno.
Sin embargo, este dictamen es todavía provisional, dado que se acaba el plazo para la presentación de alegaciones y tras su estudio, la corporación municipal deberá pronunciarse una vez más.
Hasta ahora el equipo de gobierno ha podido sacar adelante su propuesta, a pesar de que, tal y como se refleja en las alegaciones presentadas por algunos de los grupos de la oposición, el PSOE y Ganemos, concretamente, las modificaciones que plantea no cuentan con una apoyo unánime.
El PSOE presentó ayer públicamente su documento de alegaciones y reclamó al equipo de gobierno valentía para acometer una revisión integral de todo el Plan General de Urbanismo, dado que, desde su punto de vista, quiere efectuar cambios tan sustanciales que no puede hablarse de una modificación parcial, tal y como plantea el proyecto que se debate.
Según expuso ayer el concejal del PSOE Luis Muñoz algunas de las modificaciones incluidas conllevan un cambio sustancial en cuanto al número de viviendas existentes en la ciudad, sin que se revisen los criterios de edificabilidad, con lo que según indicó «se trata de una revisión encubierta del Plan General y no de una modificación puntual».
Hacía referencia el edil socialista al punto recogido en la propuesta del equipo de gobierno de modificar el artículo 37.2 con respecto a las alturas mínimas exigidas para constituir una vivienda en las denominadas entreplantas. Con la nueva propuesta, se podrán transformar en pisos las entreplantas que tengan una altura inferior a 2,5 metros, que hasta ahora estaba prohibido.
Desde el PSOE, algo que también ha sido incluido en las alegaciones de Ganemos, esto supone en la práctica rebajar las condiciones de habitabilidad y dar vía libre a la autorización de posibles infraviviendas. «No tiene ningún sentido que si para nuevas viviendas se marca una altura mínima de 2,5 metros, en aras de asegurar una dignidad mínima de la habitabilidad, se opte ahora con que se puedan reformar estas entreplantas con alturas de 2,20 metros para hacer nuevas viviendas», señalan los socialistas en sus alegaciones, al tiempo que recuerdan que esta medida iría en contra del articulado del propio planeamiento.
Pero las quejas relativas a la pérdida de calidad en las viviendas llegan desde más aspectos, como se recoge tanto en las alegaciones del PSOE y de Ganemos. Hasta ahora el Plan General de Urbanismo calificaba solo como viviendas exteriores aquellas que tenían ventanas hacia la vía pública o hacia patios de manzana con accesos directos a la calle, en la misma cota que la vía pública y con un diámetro mínimo entre fachadas de 20 metro. Con la nueva modificación, se reduce esa distancia a 15 metros y se eliminan condiciones como los accesos desde el patio a la calle o la cota de la vía pública. «Los promotores van poder vender como vivienda exterior casas que en realidad solo tienen ventanas hacia patios, aunque sean más amplios que los de luces. Es una rebaja de las condiciones de calidad de las viviendas que se garantizaban en el planeamiento», manifestó ayer la portavoz socialista, Miriam Andrés.
El equipo de gobierno defiende que los objetivos concretos que esta actualización pretende son la adaptación de algunos artículos a situaciones urbanas actuales cuyas peculiaridades lo precisan (permitir la conversión de entreplantas en viviendas si cumplen con el Código Técnico de Edificación); la introducción de cambios para favorecer la creación de plazas de aparcamiento, tanto en edificios existentes como en los de nueva edificación, con especial atención al ámbito del casco histórico; la aclaración de algunos artículos atendiendo a las peticiones de ciudadanos y asociaciones del sector o la incorporación de la regulación de las unidades de suministro, inexistente en la normativa vigente, entre otros.
Sin embargo, desde la oposición se insiste en que se están defendiendo los intereses de particulares (promotores, arquitectos y constructores), antes que los generales de la ciudadanía.
En este sentido, se critica en las alegaciones que se rebajen las exigencias para la instalación de gasolineras, la reducción del número obligatorio de trasteros o las facilidades para crear plazas de garaje en la planta baja.
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