Lantadilla se queda sin gobierno al dimitir la corporación en bloque

En el último mes, el malestar, la incomprensión y el retraso en el trabajo que ha generado la reciente anulación de la sanción disciplinaria que se le impuso por parte del Ministerio de Haciencia y Función Pública de suspensión firme de funciones en el plazo de dos años por falta muy grave, y que le ha devuelto a su puesto, ha forzado a la corporación municipal de Lantadilla a dimitir.

Así, los siete miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Lantadilla han dimitido este viernes en bloque como señal de protesta por la reincorporación de la secretaria del Ayuntamiento a su puesto. Y fue ella misma, la secretaria, quien recogió los escritos de dimisión de la alcaldesa, Ana María Escudero Caballero, y los otros seis concejales de la corporación (cinco del PPy dos del PSOE en total).

La alcaldesa entregó además a la secretaria las llaves del Ayuntamiento, que ahora queda con un vacío de gobierno. Ninguno de los nombres que iban en las listas de ambos partidos como posibles relevos en caso de baja quiere asumir la responsabilidad, según ya han confirmado. Por lo que ahora se espera que sea la Diputación la que nombre una gestora que dé forma de nuevo al gobierno municipal.

La Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas suspendió de sus funciones durante dos años a la secretaria-interventora del ayuntamiento de Lantadilla por incumplir sus funciones en el Ayuntamiento.

Sin embargo, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid anuló el pasado mes de diciembre la sanción que le impuso el Ministerio, de forma que la secretaria volvió a su puesto de trabajo en el Consistorio de este pueblo de medio millar de habitantes.

La plataforma vecinal recuerda que la sanción se justificaba en el «el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas». Por su parte, los ediles dimitidos y los miembros del colectivo vecinal consideraron que la resolución judicial que anula esta sanción es «injusta, arbitraria e incoherente» con los hechos que se presentan porque consideran hay pruebas suficientes «que demuestran que la secretaria es merecedora de la sanción impuesta», aseguran.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Central Contencioso Administrativo Número 11 de Madrid, que ha devuelto a la secretaria a su puesto. El colectivo vecinal espera que el recurso de apelación esté bien argumentado y documentado y que «la cordura se imponga» porque considera «aberrante» que toda una corporación, elegida con los votos, tenga que dimitir.

El movimiento vecinal lamenta que no importe que, supuestamente, la secretaria no realice las actas de los plenos, ni que deje de enviar los presupuestos aprobados en pleno a los órganos competentes, ni que incumpla el horario establecido, y que la sentencia judicial desautorice la sanción de la Secretaría de Estado a la funcionaria.

El Ministerio suspendió a la secretaria no comunicar a Hacienda las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios 2011 a 2013, por no rendir cuentas al Consejo de Cuentas de Castilla y León y por no remitir el presupuesto al órgano competente entre 2012 y 2014.