IU-Podemos interpone un recurso para frenar el plan de la Dársena

El concejal de Izquierda Unida-Podemos, Rodrigo San Martín ha interpuesto un recurso de reposición contra la resolución del pleno municipal de otorgar la aprobación definitiva al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 5, por el que se ordenan urbanísticamente los terrenos más próximos a la Dársena y el ramal que la conecta con el Canal de Castilla.

Se trata de una planificación de iniciativa privada para la construcción de más de un centenar de viviendas de diferente tipología en la zona de la Dársena del Canal, que no ha sido bien recibida ni por los residentes en esta parte de la ciudad ni por algunos grupos políticos, que han intentado que los propietarios de los terrenos y promotores del proyecto modifiquen el diseño urbanístico, aunque no lo han conseguido.

Entre los opositores figura la coalición IU-Podemos, que durante el debate plenario mostró un profundo rechazo al proyecto y adelantó que intentaría por todos los medios legales posibles ponerle freno. Y el primer paso que ha dado este grupo político es presentar un recurso de reposición por una supuesta vulneración del equipo de gobierno municipal de los derechos políticos de su representante en la corporación.

Rodrigo San Martín, único edil de IU-Podemos, expone en su recurso que ha visto conculcados los derechos que como representante público le son garantizados por la Constitución, al no haber recibido antes del pleno, en el que se dio la aprobación al PERI-5, toda la documentación relativa este punto del orden del día, ya que no se adjuntó al expediente un informe de la Secretaría General elaborado «con el objetivo de dilucidar si cabía o no la posibilidad legal de votar en contra del proyecto del PERI-5 sin que el Ayuntamiento de Palencia incurriese en una responsabilidad patrimonial respecto de los propietarios de los terrenos», según se recoge en un comunicado.

El edil izquierdista considera que se ha producido una vulneración a sus derechos políticos ya que no se le ha permitido desempeñar sus funciones correctamente como representante municipal, «al no haberse incluido en la documentación sobre el PERI-5 el mencionado informe», que, según San Martín, «formaba parte de toda la información necesaria e imprescindible para el ejercicio responsable de sus funciones como concejal».

En el recurso, Rodrigo San Martín recalca que tanto la alcaldesa, Miriam Andrés, como el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, explicaron antes del pleno que era muy importante contar con ese informe de Secretaría General para que todos los concejales fueran plenamente «consecuentes con sus actos» al disponer de la información jurídica necesaria. Sin embargo, San Martín recuerda que nunca se entregó el informe a los grupos políticos, y que únicamente se les dio conocimiento de palabra, sin aportar documentación alguna. «Llegamos a la reunión y no nos enseñaron el documento, simplemente nos narraron su contenido de palabra. Lo que nos dijeron a las concejalas y concejales allí presentes fue que ese informe permitía votar negativamente al proyecto, aunque debía justificarse jurídicamente muy bien, sin que el Ayuntamiento incurriera en una responsabilidad patrimonial respecto a los propietarios», recalca el edil.

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