Palencia

Sacyl pagará 124.000 euros tras demorarse el diagnóstico de cáncer de un hombre que murió

La Junta de Castilla y León deberá indemnizar con 124.000 euros a la familia de un paciente fallecido tras una demora en el diagnóstico de un cáncer gástrico en Palencia. Así lo ha anunciado este miércoles la asociación El Defensor del Paciente en Castilla y León a través de un comunicado en el que señala que el paciente, de 58 años, comenzó a acusar ferropenia y sangre oculta en las heces en 2016, por lo que decidió acudir al centro de salud.

Su médico de cabecera en el centro de salud Los Jardinillos le diagnosticó anemia, pautándole un tratamiento con hierro y controles periódicos. Esta situación «se prolongó durante tres años, con sintomatología cada vez más acusada, pero durante todo este tiempo lo único que se hizo fue continuar con la misma pauta», lamenta El Defensor del Paciente, que critica que «en ningún momento se derivara al paciente al especialista para realizar pruebas complementarias y el motivo de por qué no mejoraban los rangos analíticos» después de tres años.

Sin embargo, fue en octubre de 2020, cuando un especialista vio al paciente, cuando se le diagnosticó un cáncer gástrico tras la realización de «toda una batería de pruebas complementarias». «La enfermedad ya estaba avanzada, con metástasis hepática y peritoneal», señala la asociación en el comunicado, mientras añade que el hombre falleció en febrero de 2021 «ante la nula posibilidad de aplicar ya ningún tratamiento efectivo».

La viuda e hija del fallecido presentaron una reclamación ante Sacyl, si bien la Inspección Médica emitió un informe «desfavorable al entender que la actuación tanto de Atención Primaria como del Hospital Río Carrión habían sido correctas». No obstante, el Consejo Consultivo de Castilla y León emitió un informe «totalmente contrario, proponiendo la estimación de la reclamación ante la evidente ausencia de pruebas que llevaran a conocer la causa por la que, durante más de tres años, el paciente no mejoraba de su sintomatología, sino todo lo contrario».

De esta forma -continúa el Defensor del Paciente- el órgano consideró que hubo «una demora excesiva en la petición y realización de las pruebas médicas necesarias para averiguar la causa de unas señales de alarma que concurrían en el paciente, lo que llevó a una situación de pérdida de oportunidad para obtener un diagnóstico precoz donde hubiera sido posible su tratamiento».

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