Los hosteleros se unen en Guardo para pedir soluciones

Más de cuatrocientas personas, hasta medio millar según la organización, se dieron cita en la plaza de la Constitución desde donde salieron en manifestación por las calles más céntricas de la localidad norteña hasta la plaza del Ayuntamiento. Una vez allí, intervinieron los representantes de los diferentes colectivos participantes.

«Vamos a seguir adelante. Pedimos poder trabajar y ayudas dignas, no limosnas como las que nos están dando», explicó Daniel Milla Garrido, representante aguilarense, que también quiso mostrar su apoyo a los autónomos afectados.

«Estando unidos podemos debatir y buscar soluciones, pero sobre todo hacer frente a los políticos, que, no hay que olvidar, están para servirnos a nosotros. Trabajamos todos los días para pagar nuestros impuestos y dar de comer a nuestras familias», indicó Diego Sardinas, quien no dejó pasar la oportunidad de mostrar su orgullo por representar a los hosteleros de Saldaña.

«Después de vaciarse los pueblos y de la crisis minera, me gustaría saber cómo vamos a comer. Al final nos moriremos de hambre, no del virus. La solución no son los préstamos, es dejar trabajar y que todos seamos responsables», denunció José Luis Fraile, presidente de la IGP Lechazo Churro de Castilla y León.

El organizador de la manifestación y portavoz de la hostelería guardense, Toni Speranza, aseguró que «esto es un drama y un desastre. Comenzamos con un toque de queda que solo afecta a nuestros negocios y después de todo este tiempo aún no sabemos qué va a ser de nosotros. Si tenemos que cerrar, cerramos, pero tendremos que saber con qué condiciones». Y concluyó su intervención haciendo un llamamiento «a los compañeros del pequeño comercio. Hay 8.000 autónomos menos en la hostelería, pero son 1.394 los comerciantes que ya se han dado de baja», afirmó. Las intervenciones terminaron al grito unánime de «queremos trabajar».

Por su parte, el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, que estuvo presente en la manifestación junto a varios miembros del equipo de gobierno indicó que «cuando existe una causa de fuerza mayor, se pueden tomar medidas drásticas. Pero si esas medidas significan usurpar la actividad, debe indemnizarse a las personas afectadas».