Los fiscales avanzan en la autonomía e independencia de las personas con discapacidad

Los fiscales tratan cuestiones procesales que respondan a las específicas necesidades de los hijos con discapacidad en situaciones de crisis de pareja, como los criterios de atribución de la vivienda familiar, la extensión del derecho de alimentos o el ejercicio conjunto de una curatela (una medida de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica mediante resolución judicial para la persona con discapacidad) por padres divorciados. También del complejo establecimiento del régimen de visitas, o la trascendente voluntad de la persona con discapacidad y de los hijos menores en todos los procesos civiles que le afecten, desde la perspectiva de la función del fiscal de velar por el respeto a su voluntad, deseos y preferencias y defender el interés superior del menor.

La jurista María José Segarra, fiscal general del Estado de España entre 2018 y 2020, ensalzó el trabajo efectuado en Palencia desde la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. «Han pasado tres años, pero hay un rodaje que analizar, hemos pasado de un ámbito que primaba la protección a primar ahora la autonomía de las personas, y este es un cambio de paradigma, de mentalidad, cuando abordamos a una persona con discapacidad, para que pueda expresar sus derechos, su voluntad, sus preferencias y que podamos atenderles dándoles apoyo, también en el contexto de familia», resaltó.

La reforma «ha pretendido desjudicializar la vida de las personas con discapacidad, de manera que si la familia y el entorno le presta la ayuda adecuada no sea necesario acudir a un juzgado para discapacitar a la persona como se hacía antes», argumentó, a la vez que destacó cambios obligados para reconocer a las figuras de apoyo, como puede ser el guardador de hecho «o ir ante un notario y expresar cómo queremos ser tratados cuando perdamos esa capacidad».

Destacó María José Segarra que «no va a suponer una mayor carga para los juzgados, ahora es posible que sí, porque hay que revisar todos los procedimientos que antiguamente se habían tramitado declarando tutelas, revisarlos y adecuarlos a la nueva normativa. Pero una vez hecho este trabajo, que me consta que en Palencia está muy avanzado y casi terminado, para el que teníamos un plazo legal de tres años, va a redundar en una disminución de carga laboral, porque ya no va a ser necesario ir al juzgado a declarar que alguien no es capaz», explicó.

Por su parte, la gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Esperanza Vázquez Boyero, insistió en la necesidad de un trabajo conjunto con la Fiscalía en el área de violencia de género, con los menores, y con las personas con discapacidad y mayores. «Tenemos un compromiso firme, estamos a la cabeza de España en dependencia, con 125.000 usuarios en Castilla y León, destinamos casi 900 millones de euros al año, es decir gastamos 2,5 millones al día para las personas dependientes, y estamos trabajando en la línea de las nuevas leyes que reforma la legislación civil y procesal», señaló. En Palencia, la Junta dispone de 4.286 plazas para personas mayores en residencias, y 1.050 de atención social para personas con discapacidad.

La gerente de Servicios Sociales recordó las dos nuevas leyes aprobadas en Castilla y León, la del apoyo al proyecto de vida de personas con discapacidad, «que lo que persigue, en sintonía con lo que nos pide el Ministerio Fiscal, es que las personas con discapacidad y dependencia tengan cada día mayor grado de autonomía y de independencia, que se hagan planes de intervención adaptados a cada una de estas personas, y que haya una asistencia con asistentes personales, que en Castilla y León, con 2.500, somos la segunda comunidad autónoma que hemos apostado por ellos».

La segunda ley aprobada, la de un nuevo modelo de atención en centros residenciales y centros de día de cuidados de larga duración, «regula la libertad y la eliminación de las restricciones y sujeciones para que las personas con discapacidad no tengan ninguna sujeción mecánica o farmacológica o que puedan recibir información y tengan capacidad de decidir, y en caso de que sean necesarias esas restricciones, hay que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, que esté muy motivado y que haya un consentimiento informado por parte de la familia o de la propia persona», apelando a la necesaria coordinación entre los Servicios Sociales y el Ministerio Fiscal.

La alcaldesa, Miriam Andrés, al igual que el fiscal jefe de Palencia, Arturo Carrillo, han dado la bienvenida a los asistentes, procedentes de toda España, a la vez que se han congratulado de la elección de Palencia para estas jornadas, que se desarrollan en el centro Lecràc, levantado sobre la antigua prisión provincial. También el Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, les animó a conocer 'la Bella Desconocida', no solo por su Catedral sino como ciudad y provincia «por lo extraordinario de sus gentes». En cuanto a las personas con discapacidad sobre las que versan las jornadas, Mena destacó que los fiscales «están comprometidos con los desfavorecidos, y generalmente en esta especialidad son aún más desfavorecidos, y está claro que la relación entre la Fiscalía con la Junta es extraordinaria y se van mejorando las cosas», añadió.

En las jornadas también se tratarán otras cuestiones específicas de cada especialidad para consensuar aspectos doctrinales y jurisprudenciales de interés, siempre buscando la uniforme actuación del Ministerio Fiscal en sensibles materias de derecho de familia, filiación, honor, discapacidad o consumo.

El Derecho Civil internacional tendrá también protagonismo en este encuentro de fiscales especialistas, al haberse aprobado la constitución de la Red Civil Internacional de Fiscales, que será objeto de análisis de manera conjunta con la más reciente jurisprudencia sobre competencia judicial internacional o las herramientas normativas en preparación en el territorio de la Unión Europea para la protección transfronteriza de personas con discapacidad y adultos.