El fiscal general del Estado, sobre la reducción de penas a presos: «Aplicaremos la norma como nos corresponde»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado hoy en Palencia en la clausura de una jornada sobre personas con discapacidad que «no nos corresponde opinar en este momento» sobre la reforma legal que permitirá reducir la condena a presos de ETA que está en tramitación. «Como toda tramitación parlamentaria, el ámbito parlamentario es de discusión política, y si se aprueba o no se aprueba, tendrán que decidirlo en el Parlamento, y los fiscales «aplicaremos la norma como nos corresponde, pero lo que no nos corresponde es opinar en este momento».

Respecto a la denuncia de la pareja de Isabel Ayuso contra Álvaro García Ortiz, quien ordenó desmentir una información falsa lanzada por el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, imputado por un doble delito de fraude fiscal, y a la petición de imputación del fiscal general del Estado, ha dicho: «Estamos esperando la resolución del Tribunal Supremo, se ha elevado una exposición razonada en la que se solicita que se investigue al fiscal general por parte de la Sala Segunda, y ahí estoy esperando a lo que diga la Sala Segunda para respetarlo», ha agregado.

Finalmente, ha querido atajar las críticas de fiscales Anticorrupción respecto a la nueva fiscalía que el Gobierno quiere crear para controlar los casos más sensibles porque creen que la nueva unidad anunciada por el Gobierno solo busca permitir un mayor control de Álvaro García Ortiz. «Todo el mundo tiene derecho a criticar o cuestionar, pero en este caso es todo lo contrario, va a ayudar a que la fiscalía funcione mejor, ha argumentado.

«Hay una fiscalía anticorrupción en España, que es una fiscalía modelo que hemos exportado a muchos países del mundo. Es más, la Fiscalía Europea bebe de ese modelo de Fiscalía Anticorrupción, que nada tiene que ver con coordinar a los compañeros. Actúa directamente, está bajo la supervisión de un jefe, que también está bajo el mandato del fiscal general, y la unidad que se trata de crear por decisión del Ejecutivo, tratará de coordinar a todos los fiscales de España en los delitos que no vea la Anticorrupción. Pero nunca puede haber un conflicto porque la Fiscalía Anticorrupción necesita el expreso aval del fiscal general del Estado para llevar un caso en cualquier lugar del territorio. Se ha planteado como un conflicto de competencias, pero en absoluto. Es para que los fiscales conozcamos aquellos delitos en los que nuestra actuación puede ser desigual, y en función de ese principio de unidad, tenemos que coordinarnos y dar la misma respuesta en toda España en un cohecho, una prevaricación, una negociación prohibida a los funcionarios, porque hay un tipo de corrupción que no lleva la Fiscalía Anticorrupción que es muy preocupante, también en la administración local o instituciones que no son tan trascendentes. Los hechos preexisten a la creación de la nueva fiscalía, lo que tenemos es que formarnos para afrontarlos de una manera común o única«, ha sentenciado.

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