Palencia

Una familia de 'okupas' irrumpe en una vivienda de la avenida Ramón Carande

La sociedad inmobiliaria Edifica Palencia S. L., que posee el 50% del inmueble, y los otros cuatro copropietarios del edificio número 2 de la Plaza de España, que cuenta con ocho viviendas distribuidas en cuatro plantas y dos locales comerciales y cuyos dos segundos y dos terceros pisos están ocupados de forma ilegal desde principios de agosto, siguen a la espera de novedades desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Palencia diez meses después de que los okupas, entre los que hay niños y que viven allí sin las más mínimas condiciones de habitabilidad, entrasen fácilmente en el inmueble, ya que estaba deshabitado y en ciernes de un proyecto para su rehabilitación.

Diez meses después, la situación no solo sigue igual desde el punto de vista jurídico y administrativo, sino que ha empeorado. «El nivel top del okupa es aquel que se rodea de hijos menores de edad y en estos casos se llega a pervertir todo el sistema de protección y defensa de los derechos de los niños del que nos vanagloriamos», añade Óscar Herrero y alude a los niños que viven «en condiciones mínimas de salubridad en un edificio en el que existe un riego de derrumbe o de electrocución de esos menores», explica.

Con la actual Ley de Enjuiciamiento Civil en la mano, la Policía sólo puede expulsar a los 'okupas' si les sorprenden durante la ocupación, es decir, lo que se conoce como delito flagrante. Los propietarios señalan que están desesperados porque la situación ha empeorado, ya que la Justicia está acumulando casos por las huelgas de los distintos estamentos de los trabajadores y porque las veces que han intentado entrar a su edificio han sido amenazados «y no podemos hacer nada» salvo esperar una intervención judicial.

Esta situación se ha repetido en las últimas horas en una vivienda de la avenida Ramón Carande número 36, adonde ha entrado una familia que incluso ha conseguido que la empresa suministradora de energía le haya colocado un contador. Es más, la vivienda, embargada por el Sareb y sacada a subasta, estaba siendo pintada, y la familia que la ha 'okupado' ha impedido que el pintor regrese e incluso se ha quedado con los cubos y útiles de pintura. La situación ha generado una honda preocupación entre el resto del vecindario, ya que el edificio tiene una quincena de viviendas en manos de un inversor privado por subasta tras estar años embargadas, pero hay otros pisos en los que residen con normalidad sus propietarios.

Además de en la avenida Ramón Carande, la Policía Local también comprobó este jueves una posible ocupación de vivienda en el número 70 de la calle Jardines.