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La Agencia Española de Protección de Datos ha admitido a trámite las reclamaciones presentadas contra el Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo por una presunta vulneración de la normativa de protección de datos al publicar en su página web la resolución del inicio del procedimiento de ... baja de oficio del padrón municipal de varios empadronados. En dicha resolución constan los datos identificativos, DNI completo y dirección.
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«Se dio traslado de las reclamaciones al Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo para que procediese a su análisis y diese respuesta en el plazo de un mes. Y a la vista de la documentación aportada, parece inferirse una vulneración de los artículos 5.1 f) y 32 del Reglamento General de Protección de Datos», señala la Agencia Española de Protección de Datos, que acuerda por ello admitir a trámite las reclamaciones presentadas.
El Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo inició a finales del pasado año un expediente para dar de baja del padrón a 44 de los 168 vecinos censados en 2020, expediente que obedecía únicamente, según insistió su alcalde, el popular Pedro José Muñoz Calvo, a legalizar su situación. El regidor recalcó que revisar la residencia de los vecinos era una atribución del Ayuntamiento para dar cumplimiento a los requisitos exigidos, entre otras, por la nueva Ordenanza Reguladora de los Aprovechamientos de Bienes Comunales del municipio, que entró en vigor a principios de 2021.
Uno de los vecinos a los que se le expulsó del censo, y por tanto de la solicitud de esas parcelas y de su posterior adjudicación, lo denunció en el Juzgado de lo Contencioso. En la tramitación de la reclamación, este vecino, un agricultor con un hijo que estudia en Palencia y que viene a dormir a la ciudad algunos días después de pasar prácticamente todo el día en el pueblo, ha conocido que también está en poder del Juzgado un informe de un detective de Valladolid encargado por el Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo.
El vecino investigado ha pedido al Ayuntamiento de Espinosa que se le facilite una copia de la contratación del detective, del decreto de Alcaldía o acuerdo plenario que posibilitó el encargo de la investigación. También, al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la transparencia que debe regir en la administración pública, quiere conocer si el contrato se abrió a otros detectives, el precio del servicio, la fecha de contratación y la factura emitida.
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