Todo el esfuerzo didáctico realizado por el concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel, para justificar la importancia en estos momentos de aprobar la subida de las tasas y los impuestos municipales cayó en saco roto, al menos, en cuanto al principal tributo que gestiona directamente ... el Ayuntamiento, el Impuesto de Bienes Inmuebles, la llamada contribución urbana, que grava la propiedad de edificios, solares o incluso fincas rústicas.
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Es una de las mayores fuentes de ingresos del Ayuntamiento y su aportación resulta fundamental para poder cuadrar con mayor o menor holgura los presupuestos del próximo año.
Por eso, gran peso del debate giró en torno a esta propuesta concreta, a pesar de que eran más de veinte las que tenían que votarse.
El equipo de gobierno llegó al pleno con la inquietud de qué pasaría en torno a esta ordenanza, puesto que necesitaba al menos uno voto para poder sacar adelante la subida que había planteado, que suponía un incremento del 2% con respecto al tipo de gravamen que se aplica este año.
El socio habitual del equipo de gobierno, es decir la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, ya había anunciado que votaría en contra y así lo evidenció desde sus primeras palabras.
El PSOE, grupo mayoritario en la corporación, con once ediles, también había adelantado que su voto para esta propuesta sería negativo, no así para la gran mayoría del resto de las votaciones. Pero en el IBI el no era claro, y no porque los socialistas se muestren contrarios precisamente a la subida impositiva, decisión que ideológicamente comparten, sino como medida de castigo y crítica a las políticas «irresponsables» de congelación o bajada de impuestos y tasas que han marcado la acción de gobierno del PP y de Ciudadanos a lo largo de la última década.
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Así, solo quedaba saber cuál sería la posición de Ganemos, otro partido de izquierdas, defensor también de las subidas de impuestos y tasas para garantizar la prestación de los servicios públicos, aunque siempre bajo el prisma de la redistribución fiscal y la progresividad.
La propuesta del equipo de gobierno incluía además un caramelo difícil de desdeñar para Ganemos, como el recargo especial en el pago del IBI para las viviendas desocupadas, algo demandado continuamente por esta formación política. En principio, todo apuntaba a que la aprobación de la ordenanza del IBI podría salir adelante con una abstención de Ganemos, una posibilidad que había apuntado el día anterior la propia portavoz, Sonia Ordóñez, que reconocía su intención inicial de abstenerse. Si lo hubiese hecho, el voto de calidad del alcalde, que vale doble en caso de empate, habría inclinado la balanza.
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Debate agrio
Pero el debate fue agrio entre la portavoz de Ganemos y el concejal de Hacienda. Los reproches fueron cruzados e incluso Sonia Ordóñez le exigió un mayor tono de respeto al edil popular. Al final, esa anunciada abstención se volvió un no, que unido al de Vox y al de los once concejales del PSOE, se transformó en 13 votos desfavorables, la cifra con la que se consigue la mayoría absoluta.
De esta forma, la prevista subida del IBI del 2% quedó en nada y debe prorrogarse la misma ordenanza que está en vigor este año, como si se hubiese vuelto a plantear una congelación impositiva.
Pero no fue esta la única propuesta de ordenanza cuya modificación se vio ayer frustrada al no encontrar el apoyo de ningún otro grupo político. El equipo de gobierno municipal se quedó también solo en la votación referida a las tasas de las instalaciones deportivas y en la que hace referencia a la ocupación de puestos del Mercado de Abastos.
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En el resto de las votaciones sí pudo haber acuerdo, bien mediante el apoyo del PSOE, que había pactado con el concejal de Hacienda una gran parte de las modificaciones o bien debido a la abstención de Ganemos o de los propios socialistas.
El voto de Vox, por su parte, fue en todo momento negativo, así lo había anunciado su portavoz, reconociendo que podría haber compartido alguna modificación, pero que el rechazo sería total ante la negativa del equipo de gobierno de haber aceptado su propuesta alternativa de modificación de las tasas e impuestos, que según recordó se basa fundamentalmente en el principio de la congelación o la bajada, con el fin de que el dinero siga en manos de los ciudadanos para que puedan reactivar la economía. El único sí de Vox se reservó para la supresión de una tasa que gravaba a las empresas de distribución de energía que ha sido declarada ilegal por los tribunales.
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Entre las nuevas ordenanzas que sí podrán entrar en vigor el 1 de enero de 2022, siempre que en el período de alegaciones no se estime su modificación, se encuentran la subida del IAE o el ICIO en un 4%; la aplicación de un incremento de entre un 1% y un 4% en el Impuesto de Vehículos en función del tipo motor; la reducción de la bonificación a los coches históricos (más de 25 años) al 50%, o el incremento del 4% en la tarifa de agua en todos los tramos que superen los más de 30 metros cúbicos. Suben también el transporte urbano, la recogida de basura o las licencias urbanísticas.
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