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Viernes, 3 de noviembre 2017, 12:14
La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León ha realizado un informe sobre la morosidad de las Administraciones Públicas de Castilla y León con los autónomos, desglosando las nueve provincias castellano y leonesas. Concretamente el informe recoge los periodos medios de pago de las diputaciones y de los ayuntamientos de las nueve capitales de provincia castellano y leonesas con sus autónomos y la evolución en lo que llevamos de año.
Hasta ahora la Ley de Morosidad establecía a las Administraciones Públicas un plazo máximo de 30 días para pagar a sus proveedores. Pero la trasposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España contempla ahora la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago. Es decir, la Ley ahora da un plazo de 60 días, el mismo que para empresas privadas, para hacer frente a las facturas.
El conjunto de las Administraciones Públicas (junta, diputaciones, ayuntamientos y demás organismos públicos) paga las facturas que mantienen con sus proveedores en una media de 38 días, dando cumplimiento a los 60 días que ahora establece la Ley de Morosidad. Frente a esto cabe destacar que en el conjunto de España, las administraciones autonómicas pagan en una media de 52 días.
Como norma general, las administraciones autonómicas han hecho esfuerzos por reducir en el último año sus facturas pendientes con proveedores autónomos a lo largo de 2017, a excepción de Cantabria, que ha subido ligeramente el periodo medio de pago a los autónomos de 77 a 79 días, de media.
País Vasco (27 días), Navarra (29 días) y Andalucía (33 días, de media), son las comunidades que más pronto pagan a sus autónomos y que cumplen con los plazos que establece la Ley de Morosidad y la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad. Por el contrario, las administraciones autonómicas de la Región de Murcia (89 días), Comunidad Valenciana (83 días) y Cantabria (79 días) son las que más tardan en hacer frente a las facturas presentadas por los autónomos e incumplen con lo establecido por la ley.
En Castilla y León, el Gobierno regional paga las facturas que mantienen con sus proveedores en una media de 38 días, periodo que se ha reducido notablemente desde los 55 días en los que pagaban, de media, en diciembre de 2016. Un descenso del 30,9%.
Al analizar la morosidad de las diputaciones de las nueve provincias de Castilla y León se comprueba cómo son buenos pagadores y cumplen con el plazo de 60 días que establece la actual Ley de Morosidad, al situar su periodo medio de pago en 34 días. A pesar de esto, cabe señalar que el periodo ha aumentado ligeramente en 3 días – de los 31 a los 34 días - desde diciembre de 2016.
Las nueve provincias castellano y leonesas cumplen con los plazos que establece la Ley, si bien se observan diferencias que oscilan de los 20 días que paga de media la Diputación de Valladolid a sus proveedores autónomos a los 45 de la diputación de Burgos. Únicamente la diputación provincial de Valladolid ha reducido en 2017 su periodo medio de pago, de los 24 a los 20 días.
Las diputaciones de Palencia (21 días), Salamanca (43 días), Segovia (24 días) y Soria (32 días), mantienen intactos los periodos medios de pago a lo largo del año, lo que es sin duda un buena noticia pues se sitúan en parámetros que marca la ley.
Finalmente, las diputaciones de Burgos (+ 8 días), Zamora (+2 días), Ávila (+10) y León (+10), han aumentado ligeramente el tiempo en el que hacen frente a las facturas presentadas por trabajadores autónomos. Aumentos, que desde la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León, ATA CyL, no se consideran en ningún caso preocupantes.
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