Denuncian la ocupación de cuatro pisos de un edificio de la plaza de España de Palencia

Fue el administrador del edificio quien recibió el aviso el pasado 5 de agosto por parte de los vecinos de las viviendas colindantes que habían visto durante la noche previa a gente con linternas en el interior. «Se alarmaron, no sabían si estaban robando», aseguran los propietarios.

Acto seguido, la Policía Nacional se personó en el edificio tras recibir la llamada por parte de los dueños, pero los agentes únicamente pudieron pedir la documentación a esas personas y tomar nota de cuántos eran. Y es que no es suficiente con que el propietario presente el documento oficial de titularidad de la vivienda. Pasadas 48 horas desde la intrusión, resulta muy difícil el desalojo. «Ellos decían a la Policía que llevaban allí más de una semana», aseguran los dueños. Una de las mujeres que se encontraba en el interior aseguró que vivían allí, en uno de los segundos pisos, a pesar de que los propietarios mantienen todas las casas cerradas.

Los agentes también observaron que habían realizado enganches ilegales a la luz y el agua. «Dicen que lo ha hecho un instalador que dijo ir por orden de Cáritas, aunque sabemos que es mentira, pero por si acaso hemos enviado un burofax a Cáritas para ponerles en conocimiento de esos hechos y también a Iberdrola para que procedan a cortar el suministro porque tiene que ser un delito, pero no tenemos aún respuesta», remarcan.

Con la actual Ley de Enjuiciamiento Civil en la mano, la Policía sólo puede expulsar a los okupas si les sorprenden durante la ocupación, es decir, lo que se conoce como delito flagrante. Tras comprobar que eran tres los pisos ocupados ilegalmente, por tres familias distintas, los responsables de la empresa inmobiliaria propietaria de los mismos, Edifica Palencia S.L., «inmediatamente» acudieron a comisaría para formular la correspondiente denuncia. Una vez dentro y cambiada la cerradura, la única opción para los dueños es solicitar una orden judicial de desalojo a través de una demanda civil de desahucio. Por ello, dicen sentirse indefensos. «La propiedad está totalmente desprotegida», denuncian.

Además, los okupas emplean todo tipo de estrategias para permanecer en las casas como falsificar contratos de alquiler, pagar las cuotas de la comunidad o utilizar a menores de edad para evitar la detención. «Salieron de los tres pisos, casi todas mujeres con niños pequeños en brazos y embarazadas, diciendo que nadie les da vivienda, que nadie les da un alquiler», relatan. Estas personas además alegaron que se encontraron todo abierto, y habrían sido otros los que, con intención de robar, se encargaron de romper las cerraduras de las puertas. Una versión que no encaja con la de alguno de los propietarios, que solía visitar frecuentemente su vivienda vacía para comprobar que todo seguía en orden.

Una cuarta vivienda, que hasta ahora había corrido con más suerte, también ha sido ocupada esta misma semana. La puerta estaba convenientemente reforzada y al intentar entrar por primera vez en julio, la partieron de tal forma que no pudieron poner una nueva cerradura. «Se conoce que en las otras tuvieron mejor acceso». Pero en esa cuarta vivienda también tenían pensado quedarse «porque habían quitado ya el precinto del agua y habían hecho un empalme». Además, en la puerta tenían unos tableros para intentar juntar las dos partes de la puerta que habían partido a la mitad. Las sospechas se han confirmado este martes. Al parecer, una nueva familia ha aprovechado los días festivos de San Antolín en la capital, durante los cuales el edificio ha estado menos frecuentado por los propietarios, para ocupar la vivienda tras sustituir la puerta dañada por la de uno de los pisos de la cuarta planta.

El edificio en cuestión cuenta con ocho viviendas distribuidas en cuatro plantas y dos locales comerciales. La empresa cuenta con el 50% del inmueble y el resto pertenece a otros cuatro copropietarios. Actualmente, están ocupados ilegalmente los dos segundos y los dos terceros pisos. «Han ido a coger los mejores, porque los cuartos tienen bastantes goteras porque no quisimos arreglar el tejado hasta decidir qué hacíamos con el edificio, si se rehabilitaba o se derribaba, porque era lo que más costaba. Y en cuanto a los primeros, uno ya estaba sin tabiques porque un arquitecto había iniciado un proyecto para hacerlo nuevo», apuntan.

Según manifiestan los propietarios, estas familias no cuentan con contrato de arrendamiento ni recibo alguno que acredite que están pagando un alquiler. Los ocupantes se escudan en que se han instalado allí porque el bloque está vacío. «Lo han ocupado por las buenas, sin una justificación de que pagan nada a nadie y sin conocimiento de los propietarios. Dicen que no tienen otra opción, que no tienen dónde vivir». Por contra, los ocupantes ilegales aseguraron que cuentan con contratos con Iberdrola para hacer uso de la luz, pero los propietarios de los pisos ya comprobaron con la compañía que no existen.

«Dicen que no se mueven hasta que el juzgado no les eche y saben que teniendo niños pueden alargar la situación hasta cinco años. Se las saben todas», remarcan los dueños. Además consideran que ellos, como propietarios afectados, están pagando las consecuencias de un problema muy extendido en nuestro país. «Lo normal es que les ayude el Estado, la sociedad en su conjunto, no que a los propietarios que les toque sean los que tengan que correr con los gastos de asistir a gente supuestamente desfavorecida», insisten. Además, en algunas ocasiones han tenido que soportar amenazas e insultos cuando se han acercado hasta el edificio, de tal forma que en la jornada de ayer, los okupas han instalado un sistema de cierre en el portal para evitar que puedan acceder los propietarios.

Además, les preocupa que más familias se introduzcan en el edificio o que se produzcan saqueos y destrozos de bienes del interior de las casas. «A los dos días de estar metidos allí inundaron uno de los locales comerciales, al conectar el agua», relatan los dueños que temen que esta situación pueda dilatarse varios meses, incluso más de un año. Hay que tener en cuenta que el procedimiento judicial puede alargarse hasta tres años.

La preocupación se extiende a los vecinos de la zona que temen que este tipo de situaciones puedan reproducirse.