La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha denunciado el hallazgo de un ejemplar de loba de aproximadamente un año que presentaba «claros signos» de envenenamiento en la localidad palentina de Melgar de Yuso. Estos hechos, que se produjeron el pasado 3 de marzo y que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía, fueron comunicados «inmediatamente» tanto a la Guardia Civil como a los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, que procedieron al levantamiento del cadáver y posterior traslado al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje (CRAS) de Valladolid, según explican fuentes de la agrupación.
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Se da la circunstancia que, desde el pasado mes de enero, en diferentes municipios de Palencia han sido encontrados muertos «al menos once ejemplares de buitre leonado presuntamente envenenados», aseguran desde Ascel, que concretan que estos hallazgos se han producido en las localidades de Melgar de Yuso, Astudillo y Fuentes de Valdepero. Estos animales fueron recogidos por el personal de la Junta para su traslado al CRAS de Valladolid.
Por otra parte, hacen hincapié en que a la asociación le «consta» la aparición, en Fuentes de Valdepero, de bandejas de plástico con un «compuesto blanquecino mezclado con granos de cereal que presuntamente se trataría de alguna sustancia tóxica que actúa como rodenticida». En este sentido, califican estos hechos de «cobardes y execrables» y exigen al Ejecutivo autonómico la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, así como la inminente realización de los preceptivos informes técnico-facultativos de necropsia tanto de la loba como de todos los buitres encontrados.
Por último, instan al Gobierno regional a adoptar «medidas contundentes» como la suspensión de cualquier tipo de actividad cinegética en el coto privado de Melgar de Yuso donde ha aparecido la loba envenenada «para favorecer la recuperación de los procesos ecológicos y biodiversidad en la zona que ha sufrido este episodio de envenenamiento». La colocación de veneno en el medio natural está tipificado en el artículo 336 del Código Penal con penas de prisión de cuatro meses a dos años y la lucha contra este delito desde las administraciones públicas debería ser una prioridad implementando los protocolos y acciones adecuadas en el marco de sus competencias.
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