El cultivo de remolacha retrocede en Palencia el 83% en 25 años, de 12.000 a 2.000 hectáreas

De 2016 a ahora la situación no ha mejorado. A partir de octubre de 2017, los productores europeos dejaron de estar en un mercado protegido y se inició a la libre producción de azúcar, de modo que cada estado miembro de la Unión Europea es libre de producir azúcar sin limitaciones. Esto llevó a países como Francia y Alemania a incrementar notablemente el cultivo, la producción europea aumentó un 24% y la ley de la oferta y la demanda se encargó de que el precio bajara tanto que para muchos agricultores españoles, que necesitan regar para producir , la siembra de remolacha ha dejado de ser rentable.

Y en este contexto tan complicado, el Gobierno de España ha decidido aumentar el IVA del 10% al 21% para las bebidas azucaradas y edulcoradas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 bajo el argumento de que ayudará a reducir el sobrepeso y la obesidad. Este incremento impositivo ha ido acompañado de una campaña iniciada por el Ministerio de Consumo bajo el lema «el azúcar mata» en el que se hace un guiño que trata de asemejar el consumo de azúcar con el de tabaco.

Las medidas tendrán una serie de consecuencias y, según un informe elaborado por la consultora PWC realizado por encargo de la industria alimentaria, se destruirán hasta 6.165 puestos de trabajo, mientras que la facturación directa se reduciría en 370 millones de euros, con una gran incidencia en el canal de la distribución. El impacto en el Valor Añadido Bruto sería de hasta 344 millones de euros, siendo el sector agrario y la industria agroalimentaria los más perjudicados. «Habría una caída de la demanda y de la cadena de valor», explicó Anna Merino, directora estratégica de PWC.

El Gobierno pretende recaudar hasta 400 millones de euros con esta subida impositiva, aunque desde el Ejecutivo se recalca que la intención no es otra que reducir el consumo de azúcar en la población y promover hábitos más saludables en la misma para reducir la obesidad. Sin embargo, el informe de PWC señala que «la evidencia científica basada en la experiencia de países que han implementado impuestos a alimentos y bebidas con el objetivo de mejorar la salud demuestra que la política fiscal utilizada para resolver el problema de la obesidad es limitada, inconcluyente e incluso lo han eliminado por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad».

Además, muestra que en Francia y México, donde impusieron este impuesto hace unos años, los resultados no han sido los esperados. Mientras que países como Dinamarca o Eslovenia lo han terminado suprimiendo. Además, en España este impuesto ya lleva establecido en Cataluña desde hace años, aunque por tramos según la cantidad del azúcar. Aun así, desde el sector se recuerda que en la región ha tenido un efecto nulo en la recaudación y en los hábitos de consumo.

Ahora falta por ver cómo interfieren todos estos aspectos en el cultivo de remolacha de la provincia y en las fábricas azucareras que aún permanecen abiertas en la región.