Condenado un hostelero de Palencia a cuatro años de cárcel por fraude a la Seguridad Social

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a un hostelero palentino, J. M. D. M., a una pena de cuatro años de prisión y una multa de 966.370 euros por un delito de fraude a la Seguridad Social en varios ejercicios, así como a que indemnice con 483.185 euros a la Tesorería de la Seguridad Social en concepto de responsabilidad civil y al pago de las costas. La sentencia no es firme y cabe contra ella recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El fallo de la Audiencia Provincial de Palencia absuelve a la mujer del condenado, M. P. D. M., para quien el Ministerio Público pedía también, como a su marido, una pena de siete años y seis meses de cárcel por el mismo delito y que rebajó finalmente a un año como presunta cómplice del mismo después de que modificase su escrito de conclusiones.

La sentencia de la Audiencia considera que la intervención que M. P. D. M. tuvo en relación a la constitución o desarrollo de las empresas «no puede calificarse como defraudatoria en el sentido de que haya contribuido al impago de las cuotas de la Seguridad Social».

El Ministerio Público sostenía en su escrito de acusación que ambos constituyeron un entramado de empresas bajo la dirección efectiva del hombre, destinado a la explotación de la actividad de restauración. Tenían el mismo patrimonio, domicilio social, trabajadores y activo con la finalidad de defraudar a la Seguridad Social.

Según el escrito de acusación, crearon varias empresas que se cedían trabajadores entre ellas, lo que les suponía no solo no pagar las cuotas sino, además, descontar las mismas de sus propios empleados y luego no ingresarlas en la Seguridad Social. Estas empresas fueron creadas no solo en Palencia sino en otras provincias como Madrid y Valladolid, lo que llevó a la Inspección de la Seguridad Social a dictar en marzo de 2016 una resolución en la que afirmaba que el grupo empresarial parecía creado para eludir la obligación del cumplimiento de las obligaciones con el mencionado organismo. Ese mismo año, en octubre emitió una resolución en la que daba por demostrado que, aunque era un grupo de empresas, realmente existía una única dando apariencia de diversidad, pero con un mismo objeto social, con una única organización y dirección. En junio de 2017 la Tesorería resolvió que la empresa mantenía una deuda de diversas cantidades que sumaban 483.185 euros.

La operación policial por este asunto se produjo en el año 2017, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron, dentro de la 'Operación Calabazas', a J. M. D. M. e investigaron a M. P. D. M., así como a cinco personas más del entorno familiar de ambos, residentes en las provincias de Palencia, Valladolid y Madrid, por la presunta comisión de varios delitos de fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social.