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Jose Rojo
Miércoles, 12 de abril 2023, 08:41
Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura (…)». A este párrafo del artículo 35.1 de la Ley de Memoria Democrática (LMD), aprobada en octubre de 2022 en sustitución de Ley de Memoria Histórica de 2007, se aferran Manuel Monge González y Julio César Monge, tío y sobrino, respectivamente, familiares de cuatro vecinos de Dueñas que fueron fusilados durante la Guerra Civil Española. Reclaman al Ayuntamiento de Dueñas, gobernado desde 2007 por el socialista Miguel Ángel Blanco, la retirada del monumento, inaugurado en otoño de 1943 «para perpetuar la memoria de los Caídos en nuestra Cruzada de Liberación», como se indica en el pliego de condiciones de su construcción, y ubicado en la rebautizada plaza de la Paz, antes de Conde Vallellano.
Este municipio, que contaba con unos 3.500 habitantes en los años 30, vivió uno de los episodios más trágicos de la represión: más de 120 vecinos, entre ellos 25 mujeres, fueron ajusticiados y más de 100 niños se quedaron huérfanos. De hecho, la familia Monge sospecha que ese funesto listado incluye a diez de sus antepasados, aunque a día de hoy sólo tiene identificados a cuatro.
La Cruz de los Caídos, como recogen algunas sentencias judiciales, tiene «una significación marcadamente política y fue erigida en honor y memoria de los vecinos pertenecientes a la facción que resultó vencedora en la guerra». Por lo tanto, al tratarse de un monumento de exaltación del franquismo, puede ser retirado por las autoridades competentes en claro cumplimiento de la ley, como así han llevado a efecto municipios como Ferrol (A Coruña), Vall d'Uixó (Castellón), Callosa de Segura (Alicante) o La Pesga (Badajoz), entre otros.
En el otro lado, 11 procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León registraron a principios de año una instancia ante la Consejería de Cultura para que se declaren BIC (Bien de Interés Cultural) 190 cruces y placas de homenaje a los Caídos de la región.
En 2018, Julio César Monge Diosdado –nacido en Bilbao y residente desde hace 33 años en San Salvador (El Salvador), donde trabaja como profesor y gestor cultural– conoció por primera vez la cuna de sus abuelos, que huyeron de Dueñas en los primeros años de la dictadura a Valladolid para luego instalarse en el País Vasco. En esta visita, se acercó al cementerio de la localidad y allí constató, como le había contado su abuelo Manuel, que cuatro de sus antepasados, sus dos tíos abuelos Pedro y David González Gazopo; Alfonsa González Barajas, tía de su abuela; y Teofila Caballero González, prima de su abuela, habían sido fusilados durante la contienda nacional.
Pedro González, panadero y concejal por Unión Republicana en el ayuntamiento eldanense, fue asesinado y enterrado el 14 de septiembre de 1936 en la fosa común de Villamediana. Su hermano David, taxista, fue ajusticiado e inhumado el 7 de enero de 1937 en el antiguo cementerio de Palencia –hoy parque de La Carcavilla–, lugar de ejecución y enterramiento de grupos de republicanos represaliados durante el acontecimiento más negro de la historia de España. Alfonsa González fue ejecutada el 31 de agosto de 1936 y los restos de Teófila Caballero, hija de esta última, de 42 años, con cinco hijos y asesinada en septiembre de 1936, fueron hallados en Villamediana.
Tres años después de realizar aquel primer viaje, Julio César regresó de nuevo al pueblo que le enraíza a Castilla y en uno de los paseos por la villa botijera descubrió atónito la Cruz de los Caídos. En esta segunda visita, en la que le acompañó su tío, se acercó también al parque de la Carcavilla para contemplar el monumento que se erigió en homenaje a los represaliados palentinos.
Tras su vuelta al país centroamericano donde reside, inició junto a Manuel, la campaña contra el monumento, enviando una carta al alcalde de Dueñas a través de la Embajada de España en El Salvador en la que le instaba a aplicar la Ley de Memoria Democrática con la intención de que se eliminase el monolito. Tras recibir la petición, el alcalde de Dueñas determinó incoar un expediente informativo para conocer la naturaleza del lugar donde se ubica la Cruz de los Caídos, verificando que se trataba de terreno público. Acto seguido, el consistorio abrió un procedimiento administrativo para escudriñar los detalles relacionados con dicho monumento, comunicándoselo a la Subdelegación del Gobierno. Una vez que esté resuelto el dictamen, el paso siguiente que dará el regidor municipal será consultar a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León acerca de acometer una posible intervención en el citado monolito al estar erigido en un entorno protegido, próximo a la iglesia. Precisamente, enfrente de este monumento, en el edificio que albergó la Casa del Pueblo –hoy Hogar de los Jubilados– está colocada una placa que recuerda a los vecinos represaliados por el bando nacional durante la Guerra Civil. De ahí que este espacio en el que conviven la Cruz de los Caídos y la citada placa conmemorativa reciba el nombre de plaza de la Paz.
«En España se produjo lamentablemente un alzamiento militar contra un gobierno legítimo, que era la República. En Dueñas hubo vecinos con distintas casuísticas y la mayoría de los soldados que murieron en acto de guerra no fueron voluntarios, sino que eran jóvenes obligados a participar en ella, a los que denominaron la 'Quinta del Biberón'. Por supuesto que fue una guerra provocada por un golpe militar ilegítimo, pero hay que diferenciar a esos jóvenes de los cargos superiores, de los golpistas».
Blanco apunta que él mismo ha colaborado en la construcción del monumento que se erigió a los represaliados en el cementerio de la villa y que también ha participado en la exhumación de cadáveres de las fosas comunes de Villamediana y de la localidad vallisoletana de Valoria la Buena. «En Dueñas no existe polémica ninguna sobre este asunto. Queremos que este caso se resuelva con todas las garantías, y no hay ninguna voluntad de no cumplir con la ley», concluye.
Manuel Monge nació en Laguna de Duero (1947), localidad a la que se trasladaron sus padres después de la Guerra Civil y donde vivieron hasta que cumplió cuatro años, momento en que su familia se instaló definitivamente a Bilbao, donde él vivió hasta 1969, año en que aprobó una plaza de educador en la Universidad Laboral de A Coruña, lugar donde se afincó. Este sociólogo, escritor, víctima de la dictadura y presidente de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña entre 2007 y 2011 replica a Miguel Ángel Blanco que ya es hora de acabar con esta vergüenza para Dueñas que, «además de una ilegalidad, es una humillación para las víctimas de la dictadura». Y añade: «Esas cruces que se levantaron por toda España nunca podrán interpretarse como un homenaje a todos los que fallecieron en la guerra, sino como monumentos franquistas, de homenaje a los que murieron en el bando de los vencedores».
Mucho se ha hablado de la querella interpuesta ante un tribunal argentino por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Pero muy pocos conocían que la represión fascista en Dueñas figura en esta causa abierta por la jueza María Romilda Servini. La familia Monge presentó a finales de 2012 y principios de 2014 las pertinentes denuncias para que en el informe de este caso constara la tragedia vivida en la villa botijera durante la Guerra Civil.
También la condición de víctima del franquismo de Manuel Monge, que le sobreviene porque vivió dos episodios durante la dictadura de Franco que desembocaron con su ingreso en prisión. El primero de ellos se remonta a 1968: mientras paseaba por Erandio (Vizcaya y le condujeron al cuartel de la Guardia Civil porque observaron que llevaba en la solapa un 'pin' con la paloma de la paz diseñada por Picasso. Pasó mes y medio en la cárcel de Basauri, y allí coincidió con el sindicalista Nicolás Redondo y con el artista Agustín Ibarrola. Con este último se reencontró en A Coruña hace diez o quince años en la inauguración de una de las exposiciones del pintor y escultor vasco.
Su segunda estancia en la cárcel data de 1973, cuando vivía con su mujer en Ferrol. Monge militaba en la ORT (Organización Revolucionaria de los Trabajadores), colectivo que promovió una campaña para exigir la libertad de los sindicalistas del denominado 'Proceso 1001' y en la que él colaboró, una participación que le reportó dos meses de prisión y su expulsión como profesor del colegio Tirso de Molina, plaza que le fue devuelta ya en la democracia.
Docente jubilado desde hace 15 años, Monge dedica su tiempo al activismo político, promoviendo la retirada de vestigios franquistas en Galicia y Dueñas, y a promocionar su último libro 'Una monarquía corrupta y heredera del franquismo' y el documental 'Camarada Fraga: memoria de un franquista', del que es guionista.
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