Condenada una abogada de Palencia a tres meses de prisión y seis de multa e inhabilitación por falsificar documentos

La denunciante, vecina de Málaga, se interesó en adquirir una vivienda en la localidad palentina de Grijota, donde suscribió un contrato privado de compraventa para adquirir una de las viviendas que una empresa promotora estaba construyendo en dicha localidad, abonando tras la firma del contrato, en varios plazos la cantidad de 37.260 euros, a cuenta del total del precio convenido.

Una vez finalizada la construcción y llegado el plazo de entrega y elevar a escritura pública la compraventa, la denunciante comunicó a la vendedora que no podía hacer frente al resto que quedaba por pagar e interesó de la vendedora la devolución de lo que había abonado a cuenta del precio final. Al no conseguir su propósito buscó asesoramiento en Málaga, al contactar con un abogado a quien encargó recuperar, en lo posible, las 37.260 euros. Este letrado se puso en contacto con el abogado de la empresa promotora sin llegar a un acuerdo.

La relación se limitó a recordar las condiciones del contrato de compraventa suscrito por su patrocinada y la compradora, exigiendo bien el pago del resto del precio a la entrega de la vivienda en la fecha convenida, o en su caso, la pérdida de la cliente en favor de la vendedora de las cantidades entregadas a cuenta, puesto que la denunciante decidió no seguir adelante con el cumplimiento del contrato. Poco después, ambos letrados, redactaron un documento por el que acordaban resolver el contrato suscrito renunciando la compradora a los 37.260 euros abonados como parte del precio de la vivienda.

La afectada, al no estar convencida, contactó en noviembre de 2011 con la abogada condenada de Palencia, quien aceptó el caso comprometiéndose a promover un acto de conciliación con la promotora, para lo que le pidió una provisión de fondos de 300 euros más IVA, en total 360 euros. Tras no prosperar dicho acto de conciliación, la propuso llevar a cabo un procedimiento monitorio contra la constructora promotora HRM Palencia SL, solicitándole nueva provisión de fondos, en total 1500 euros, quedando la abogada en darle noticias puntuales y remitirle copia de la demanda y de las resoluciones que se fueran dictando.

En el año 2012, al no tener noticias de la abogada, la denunciante le llamó en numerosas ocasiones al despacho profesional sin conseguir hablar con ella, ya que solo lo hacía con la secretaria del despacho quien le daba cita para un día concreto, pero llegada la hora, la secretaria excusaba a la abogada alegando razones de agenda o su actuación en juicios. Transcurrió todo 2013 y gran parte de 2014, sin tener noticias del estado del juicio monitorio, por lo que en octubre de ese año, contactó con una letrada de Málaga, encargándole recabar información.

Telefónicamente la acusada confirmó a su colega de Málaga que había presentado el juicio monitorio frente a Construcciones y Promociones Palencia HRM SL, que su letrado había dejado pasar el plazo y el juicio había finalizando sin oposición que, a continuación, interpuso demanda ejecutiva por la suma de 37.260 euros, intereses y costas de la ejecución, por ello, el juzgado de primera instancia número 5 de Palencia había dictado Auto despachado ejecución, el 2 de septiembre de 2014, si bien había llegado a un acuerdo extrajudicial con el abogado de Construcciones y Promociones HRM Palencia SL, comprometiéndose éste por su representada a abonar la cantidad reclamada en tres pagos, al confirmar la acusada a su colega de Málaga que el primer pago ya se había consignado.

La abogada de Málaga se lo trasladó a su cliente, lo que le originó cierto grado de asombro y no pocas dudas pues ella llevaba mucho tiempo solicitando información a la letrada, sin obtener respuesta y porque tampoco le había consultado lo del acuerdo extrajudicial. De esta forma, la abogada malagueña solicitó en varias ocasiones la copia de la demanda del juicio monitorio, de la sentencia, del auto despachando ejecución y del acuerdo extrajudicial. Ante su insistencia, la acusada el 8 de enero de 2015, le envió un e-mail confirmándole que HRM Palencia SL, había pagado el principal, y que le adjuntaba una copia del Auto de fecha 20 de septiembre de 2014.

A partir de esto, para justificar unos trabajos, que salvo el intento de llegar a un acuerdo con el abogado de la constructora, no había llevado a cabo, la abogada acusada confeccionó un auto judicial utilizando uno de otro procedimiento que tendría por haber intervenido profesionalmente, en el que cambió los datos originales, le puso fecha de 20 de septiembre de 2014, el nombre de la ejecutante Ana María Burgalés Martínez, de la ejecutada HRM Palencia SL y del Juzgado de primera instancia nº 5 de Palencia. De esta forma, hizo constar que se despachaba ejecución a favor de la ejecutante por la suma de 37.260 euros de principal, intereses ordinarios y moratorios vencidos, mas otros 11.178 euros para intereses que pudieran devengarse en la ejecución y costas de la ejecución. Con el fin de disimular cualquier indicio de manipulación hizo una fotocopia del mismo y se la envió a la abogada malagueña.

El día 2 de junio de 2015, se trasladó a Palencia para contrastar los datos y documentación facilitada hasta el momento por la acusada pues seguía sospechando de su actuación profesional aún después de percibir el dinero de las transferencias, personándose en las dependencias del Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 mostrando la copia del Auto que le había remitido la acusada, comprobando sus funcionarios que no existía ningún procedimiento de ejecución número 249/214 en el que ella apareciera como ejecutante y Construcciones y Promociones HRM Palencia SL, como ejecutada, y la misma comprobación negativa se hizo con el resto de los juzgados de primera instancia de Palencia.