Las comunidades de vecinos se preparan para la puja energética del periodo invernal

El Gobierno central ha aprobado la nueva tarifa regulada de gas, TUR 4, para las comunidades de vecinos que utilizan calderas comunitarias, que pretende cubrir el 70% del consumo. Eso sí, además de solicitar el acceso a dicha tarifa bonificada, las comunidades de vecinos tendrán que cumplir ciertos requisitos, como comprometerse a instalar contadores individuales, salvo inviabilidad técnica, y para ello cuentan con tiempo hasta el mes de septiembre de 2023, incluido. La penalización si no lo llevan a cabo es del 25% de recargo en la factura del gas.

Las comunidades que ya los tienen instalados, tendrán una mayor maniobrabilidad tanto para acogerse a la TUR 4 como para afrontar el día a día. «Si empiezan a venir facturas grandes las tendrán que atender y no pueden cerrar los grifos y aminorar sus facturas si no tienen un dispositivo en cada radiador para poderlo cerrar. Pero si lo tienen y ven que están pagando mucho en los primeros recibos del invierno, pueden minorar ese consumo hasta ponerlo a cero y prácticamente ajustar su capacidad económica a su nivel de confort» detalla el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Palencia, Antonio Landa. En este sentido, los administradores de fincas de Palencia se encuentran trabajando para verificar los sistemas de calefacción de cada comunidad, para tener una previsión acerca de la campaña de este año. Las principales previsiones afectan a la estructura del sistema de calefacción. «A las comunidades que no tienen los repartidores de coste sencilla y llanamente les van a venir unas facturas de órdago y de aquí a febrero o marzo van a tener que cerrar la calefacción, pero no por acuerdo sino porque la operadora les va a dejar de suministrar si llega una factura y no la pagan. Porque claro si pagas el 75% a la suministradora no le vale, tienen que pagar el cien por cien. Si hay 7.000, 8.000 o 9.000 euros de déficit cada mes porque hay 7, 8 o 10 vecinos que no pueden pagar sus 500, 600, 700 euros al mes, acostumbrados a pagar 100, 150…». Advierte Landa que en muchas ocasiones las juntas vecinales se van a ver obligadas a hacer pequeñas derramas para provisionar esas insolvencias.

Adoptar el sistema de repartidores de costes exige aportar documentación que está llevando por el camino de la amargura a los administradores de fincas. «Para facilitarlo todavía más –ironiza Susana Domínguez, responsable de la Administradora Palentina de Comunidades– tienes que darles un montón de papeles con los consumos de 5 años», quien se queja de la mala comunicación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «Tenemos el problema de que cuando llamas no te cogen el teléfono, o sea, es llamar y llamar y llamar y, lógicamente, cualquier despacho no puede destinar a una persona para que esté toda una tarde llamando».

Desde su despacho, Cristina Casas, de la Gestoría Casas Martínez, considera más oportuno se haga una diferencia fiscal con respecto al IVA para las comunidades de propietarios. «Estaría muy bien que se tratará las a las comunidades de propietarios no como microempresas sino como consumidores finales. Son opciones que no son tan llamativas en los telediarios pero que sean más prácticas en la vida real». Con respecto al 'tope ibérico', observan desde Casas Martínez, «si se aplica como nos lo están vendiendo, bueno, pero también estaría muy bien la reducción del IVA que comentaban que se iba a hacer. Todo lo que hagan está bien mientras no tenga una contrapartida por otro lado», apunta Cristina Casas.

Las cuestiones sobre las calderas comunitaria preocupan a los propietarios y para resolver dudas y acordar medidas o el cambio de tarifa más conveniente se están multiplicando las convocatorias de juntas vecinales. «Tengo un grueso importante de comunidades que son bastante antiguas con calefacción de gas, entonces se está intentando ajustar y cada vez que sale algo nuevo del Gobierno pues intentar informarte de la tarifa TUR de Ahorro Vecinal, del MIBGAS, a qué precio están y todos los días así», comenta Susana Domínguez, quien advierte sobre la nueva tarifa: «También hay que leer la letra pequeña, el precio lo van a revisar cada trimestre, o sea no es un precio fijo. Si es verdad que tiene un tope de subida, hasta un 15%, pero claro si te la ponen a 0,080 y resulta que te suben un 15 % ya en enero… Luego te obligan a estar un año y si resulta que yo consigo otra tarifa más barata pues ellos te obligan a estar un año. Ellos lo van a recibir a revisar siempre al alza, pero a la baja no. Y si te quieres ir pagas una penalización del 5%», detalla. Aunque existen otras alternativas. «La otra opción que miramos mientras tanto para intentar mitigar el precio tan abusivo acuden al MIBGAS o a una tarifa indexada, con lo que ello conlleva. Te arriesgas a que unos meses esté más barato y otros esté más caro, pero a lo mejor te puedes cambiar a una tarifa fija el mes que esté más caro. Todo ello implica más reuniones de vecinos», asegura.

Por si esto fuera poco, la adaptación a los contadores individuales no siempre es fácil. «Nos encontramos otro palo más para que no pueda girar la rueda: ahora mismo en fábrica no hay stock suficiente para asumir la demanda de todas las comunidades que necesitan introducirlos. Tengo comunidades que están haciendo lo que es la adaptación de la sala de calderas para poner esos repartidores de coste y la limpieza de las instalaciones, pero no tengo los repartidores de costes porque al fontanero no le han suministrado todavía esos repartidores de coste», lamenta Domínguez. «Lo de que es una ayuda, hay que pensárselo mucho porque pones el repartidor de costes, pero también conlleva otros costes porque tiene las lecturas, el mantenimiento, si lo tienes en alquiler o lo compras… Lo de la ayuda no lo tengo yo tan claro», previene Domínguez.

La cuestión fundamental que se comenta entre los profesionales del sector es que las regulaciones que les han llegado recientemente con los cambios de tarifa han sido muy tardías y no les ha dejado margen para asimilar las condiciones. «Hay que cambiar ahora 10.000 contratos en todo el país. Si el Gobierno se pensaba que nos daba tiempo a cambiar esto en tan poco tiempo… Ahora empiezas a llamar por teléfono a las compañías suministradoras y es una locura y la regulación es muy compleja», sostiene Antonio Landa.

Muchas consultas estos días se centran en la TUR 4. «Te financian el 70% pero tiene unas trampas terribles también así que lo tenían que haber sacado antes para que lo pudiéramos haber analizado y aplicado durante el verano, pero no sé por qué lo sacan ahora cuando nos ha pillado el toro. Tarde, mal y nunca. Así que no tenemos ayudas y vamos a intentar hacerlo de la forma más congruente posible y organizando todos nuestros recursos», se resigna Landa quien prevé que durante todo el periodo invernal se acumulen las reuniones de vecinos con los administradores para valorar el cambio de tarifa y resolver dudas.

Los responsables de gestionar y programar los presupuestos están recibiendo estos días numerosas consultas sobre cómo ahorrar en los gastos compartidos. «La gente pregunta si hay que bajar la temperatura y están bastante preocupados».

Otra de las actuaciones que se plantean en muchos bloques de edificios es la instalación de placas solares. «Tienen muchas ventajas y también alguna desventaja que hay que contemplar: la instalación, el mantenimiento... Se mira, lo estudiamos, pero no todo es tan bueno», indica Casas.